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Guerra de Desgaste en Arizona Contra Inmigrantes Indocumentados
Phoenix, Arizona - La táctica de legisladores del estado de Arizona
de poner en práctica leyes con el fin de combatir la inmigración
indocumentada durante un lapso de varios, ha venido a
manifestarse como una estrategia sistemática de desgaste.
Si bien la Ley SB 1070 aprobada el 23 de abril de este año ha
situado a Arizona en el radar de mucha gente en el plano nacional
como internacional, la nueva y controversial legislación no es sino la
más reciente medida en una larga lista de leyes promulgadas
durante al menos los últimos 15 años.
El efecto que estas leyes ha causado en la población de inmigrantes
sin estatus legal en Arizona ha sido de constante desgate
emocional, y han venido a restringir progresivamente y
paulatinamente su habilidad de poder desenvolverse como lo hacían
antes, aún dentro del marco de la clandestinidad.
Aunque el debate sobre la inmigración indocumentada tiene largos
antecedentes en Arizona, una de las primeras leyes que comenzaron
a fijar como objetivo a personas sin documentos surgió en 1995,
cuando el trámite para solicitar una licencia de manejo se modificó
para impedir a aquellos sin documentos legales de residencia o
permiso de trabajo pudieran obtenerla. Antes de que esta medida
restrictiva entrara en efecto, los extranjeros indocumentados podían
solicitar y obtener la licencia.
A partir de esa ley, la cual fue por cierto ideada por el mismo
funcionario público que engendró la SB 1070, la legislatura estatal de
Arizona ha venido promulgando una larga lista de proyectos de ley –
algunos aprobados, otros no, y algunos vetados por el gobernador
en turno– con el fin de perseguir y cercar al inmigrante sin papeles.
Para las personas que se encuentran sin autorización en Estados
Unidos, y particularmente en Arizona, desenvolverse dentro de la
sociedad y el mercado laboral nunca ha sido necesariamente o
enteramente fácil. Sin embargo, la táctica sistemática de crear leyes
específicas para restringir el acceso y movimiento de
indocumentados ha dificultado o imposibilitado las condiciones para
encontrar y mantener trabajo.
El efecto en conjunto de estas leyes, incluyendo la más drástica y
devastadora SB 1070, no sólo ha creado un marco legal de rastreo y
castigo contra los inmigrantes, sino también ha tenido repercusiones
sicológicas que llegan a cohibir, atemorizar y ahuyentar al
indocumentado.
Tanto las medidas legales como las consecuencias anímicas y
morales han producido un desgate emocional en la población
indocumentada de Arizona, que encima de la zozobra implícita de
vivir y trabajar sin autorización en el país, enfrenta ahora el riesgo
de ser sujeta a procesos criminales.
El temor a ser detectadas por las autoridades, arrestadas y
seguramente deportadas del país ha sumido a miles de personas en
una clandestinidad aún más severa, así como ha llevado a un
número aún no determinado de familias a abandonar el estado.
Quienes se aventuran por la necesidad económica o la pobreza a
ingresar ilícitamente a Estados Unidos saben que lo están haciendo
fuera del marco de las leyes federales de inmigración. Hombres y
mujeres que se arriesgan a cruzar la frontera saben, al menos en
teoría, los riesgos implícitos de emigrar sin autorización. Sin
embargo, esta fuerza laboral sin reconocimiento, estatus, ni
garantías laborales sabe también el valor de su mano de obra, así
como la explotación a la que son sujetos por quienes lucran de su
clandestinidad.
Por tanto, en la práctica los indocumentados perciben que si bien
trasgredieron las leyes de inmigración, también deberían ser
acreedores de ciertos derechos laborales en base de que con
papeles o sin ellos, han sido empleados y utilizados dentro del
mercado laboral, muchas veces sin recibir la paga mínima estipulada
por las leyes laborales del estado.
Es importante señalar que la anterior observación excluye a quienes
han cometido el robo de identidad, apropiándose de documentos
legales de ciudadanos o residentes autorizados y causándoles
serios estragos. Ser contratados con papeles falsos es una cosa;
usar documentos verdaderos de personas inocentes es injustificable.
El estado de Arizona declaró desde hace una década y media y
mantiene hoy en día una guerra abierta de desgaste a través de la
cual han debilitado gradualmente y de varias maneras la presencia y
la habilidad de desenvolvimiento de los inmigrantes trabajadores ,
así como causado estrés constante a toda una comunidad.
Para la gran mayoría de familias que se encuentran ante la amenaza
constante de ser deportadas, la única esperanza es la intervención
del gobierno federal por medio de una reforma integral a las leyes de
inmigración. Mientras eso no ocurra, estados como Arizona seguirán
criminalizando a personas que no son criminales, sino trabajadores
de quienes se recibe su esforzada mano de obra pero a quienes se
les niegan derechos humanos, civiles y laborales de los que deberían
ser merecedores en virtud de su desempeño.
Demanda del Gobierno Federal Contra Política de Retazos
Con la demanda interpuesta el pasado 6 de julio por el
Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del Estado de
Arizona y su gobernadora, Janice Brewer, el gobierno federal
pretende anular por completo la ley SB 1070. La ley está proyectada
a entrar en vigor el 29 de julio.
De acuerdo a la demanda, que se une a otras más entabladas para
intentar derogar la controversial legislación, el gobierno federal
posee precedencia sobre la SB 1070, por lo tanto esta ley estatal
está en violación de la Clausula de Supremacía de la Constitución de
los Estados Unidos.
En la demanda también se establece que dentro del sistema
constitucional, el gobierno federal tiene autoridad preeminente para
regular los asuntos relacionados a la inmigración. El Congreso
norteamericano designa quién está a cargo de la tarea de hacer
cumplir y administrar las leyes relacionadas a la inmigración.
El texto de la demanda aclara que aunque los estados pueden
ejercitar el poder de su política en una manera que tenga un efecto
incidental o indirecto sobre los extranjeros, un estado no puede
establecer su propia política de inmigración o hacer cumplir leyes
estatales en una manera que interfiera con las leyes federales de
inmigración. La Constitución y las leyes federales de inmigración no
permiten el desarrollo de un trabajo legislativo de retazos mediante
políticas estatales y de otros gobiernos locales en el país.
El documento de la demanda presentada el 6 de julio declara que la
ley SB 1070 solamente persigue una meta –la atrición– ignorando los
muchos otros objetivos que el Congreso estadounidense ha
establecido para el sistema federal de inmigración. Y aún al buscar la
atrición, la SB 1070 trastorna las prioridades y recursos del
cumplimiento de la ley federal que se enfoca en aquellos extranjeros
que representan una amenaza para la seguridad nacional o la
seguridad pública.
EL gobierno federal arguye que de permitirse que la SB 1070 entre
en vigor, el método de cumplimiento obligatorio de la controversial
ley socavará el balance cuidadoso y entrará en conflicto con las
prioridades y objetivos del cumplimiento de la ley federal.
Conforme a lo que desde un principio se ha objetado en contra de la
ley SB 1070 por parte de grupos e individuos preocupados por su
efecto en los derechos civiles, la demanda refuta que ésta causará la
detención y el hostigamiento de visitantes, inmigrantes y ciudadanos
de Arizona que no tengan o no porten los documentos de
identificación especificados por el estatuto, o quienes de otra
manera serán arrastrados dentro del ámbito de “atrición a través del
cumplimiento de la ley” de la ley SB 1070.
Además, la querella indica que la SB 1070 ignorará del todo
preocupaciones tales como las protecciones humanitarias
contempladas bajo la ley federal para un extranjero que tiene un
temor de persecución bien fundado o para quien ha sido víctima de
un desastre natural.
En su demanda, el gobierno federal reconoce lo que llama las
preocupaciones legítimas del Estado de Arizona acerca de la
inmigración ilegal, y que el estado haya asumido esfuerzos
significativos para asegurar las fronteras del país. A pesar de eso, el
Departamento de Justicia vuelve a subrayar que la Constitución de
los Estados Unidos le prohíbe a Arizona suplantar el sistema de
inmigración del gobierno federal con su propia política de inmigración
estatal específica.
El documento que consta de 25 hojas de extensión puntualiza, al
término de su introducción, que por consiguiente la ley SB 1070 no
tiene validez ante la Clausula de Supremacía de la Constitución de
los Estados Unidos, razón por la cual debe ser anulada antes de que
entre en vigor.
de poner en práctica leyes con el fin de combatir la inmigración
indocumentada durante un lapso de varios, ha venido a
manifestarse como una estrategia sistemática de desgaste.
Si bien la Ley SB 1070 aprobada el 23 de abril de este año ha
situado a Arizona en el radar de mucha gente en el plano nacional
como internacional, la nueva y controversial legislación no es sino la
más reciente medida en una larga lista de leyes promulgadas
durante al menos los últimos 15 años.
El efecto que estas leyes ha causado en la población de inmigrantes
sin estatus legal en Arizona ha sido de constante desgate
emocional, y han venido a restringir progresivamente y
paulatinamente su habilidad de poder desenvolverse como lo hacían
antes, aún dentro del marco de la clandestinidad.
Aunque el debate sobre la inmigración indocumentada tiene largos
antecedentes en Arizona, una de las primeras leyes que comenzaron
a fijar como objetivo a personas sin documentos surgió en 1995,
cuando el trámite para solicitar una licencia de manejo se modificó
para impedir a aquellos sin documentos legales de residencia o
permiso de trabajo pudieran obtenerla. Antes de que esta medida
restrictiva entrara en efecto, los extranjeros indocumentados podían
solicitar y obtener la licencia.
A partir de esa ley, la cual fue por cierto ideada por el mismo
funcionario público que engendró la SB 1070, la legislatura estatal de
Arizona ha venido promulgando una larga lista de proyectos de ley –
algunos aprobados, otros no, y algunos vetados por el gobernador
en turno– con el fin de perseguir y cercar al inmigrante sin papeles.
Para las personas que se encuentran sin autorización en Estados
Unidos, y particularmente en Arizona, desenvolverse dentro de la
sociedad y el mercado laboral nunca ha sido necesariamente o
enteramente fácil. Sin embargo, la táctica sistemática de crear leyes
específicas para restringir el acceso y movimiento de
indocumentados ha dificultado o imposibilitado las condiciones para
encontrar y mantener trabajo.
El efecto en conjunto de estas leyes, incluyendo la más drástica y
devastadora SB 1070, no sólo ha creado un marco legal de rastreo y
castigo contra los inmigrantes, sino también ha tenido repercusiones
sicológicas que llegan a cohibir, atemorizar y ahuyentar al
indocumentado.
Tanto las medidas legales como las consecuencias anímicas y
morales han producido un desgate emocional en la población
indocumentada de Arizona, que encima de la zozobra implícita de
vivir y trabajar sin autorización en el país, enfrenta ahora el riesgo
de ser sujeta a procesos criminales.
El temor a ser detectadas por las autoridades, arrestadas y
seguramente deportadas del país ha sumido a miles de personas en
una clandestinidad aún más severa, así como ha llevado a un
número aún no determinado de familias a abandonar el estado.
Quienes se aventuran por la necesidad económica o la pobreza a
ingresar ilícitamente a Estados Unidos saben que lo están haciendo
fuera del marco de las leyes federales de inmigración. Hombres y
mujeres que se arriesgan a cruzar la frontera saben, al menos en
teoría, los riesgos implícitos de emigrar sin autorización. Sin
embargo, esta fuerza laboral sin reconocimiento, estatus, ni
garantías laborales sabe también el valor de su mano de obra, así
como la explotación a la que son sujetos por quienes lucran de su
clandestinidad.
Por tanto, en la práctica los indocumentados perciben que si bien
trasgredieron las leyes de inmigración, también deberían ser
acreedores de ciertos derechos laborales en base de que con
papeles o sin ellos, han sido empleados y utilizados dentro del
mercado laboral, muchas veces sin recibir la paga mínima estipulada
por las leyes laborales del estado.
Es importante señalar que la anterior observación excluye a quienes
han cometido el robo de identidad, apropiándose de documentos
legales de ciudadanos o residentes autorizados y causándoles
serios estragos. Ser contratados con papeles falsos es una cosa;
usar documentos verdaderos de personas inocentes es injustificable.
El estado de Arizona declaró desde hace una década y media y
mantiene hoy en día una guerra abierta de desgaste a través de la
cual han debilitado gradualmente y de varias maneras la presencia y
la habilidad de desenvolvimiento de los inmigrantes trabajadores ,
así como causado estrés constante a toda una comunidad.
Para la gran mayoría de familias que se encuentran ante la amenaza
constante de ser deportadas, la única esperanza es la intervención
del gobierno federal por medio de una reforma integral a las leyes de
inmigración. Mientras eso no ocurra, estados como Arizona seguirán
criminalizando a personas que no son criminales, sino trabajadores
de quienes se recibe su esforzada mano de obra pero a quienes se
les niegan derechos humanos, civiles y laborales de los que deberían
ser merecedores en virtud de su desempeño.
Demanda del Gobierno Federal Contra Política de Retazos
Con la demanda interpuesta el pasado 6 de julio por el
Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del Estado de
Arizona y su gobernadora, Janice Brewer, el gobierno federal
pretende anular por completo la ley SB 1070. La ley está proyectada
a entrar en vigor el 29 de julio.
De acuerdo a la demanda, que se une a otras más entabladas para
intentar derogar la controversial legislación, el gobierno federal
posee precedencia sobre la SB 1070, por lo tanto esta ley estatal
está en violación de la Clausula de Supremacía de la Constitución de
los Estados Unidos.
En la demanda también se establece que dentro del sistema
constitucional, el gobierno federal tiene autoridad preeminente para
regular los asuntos relacionados a la inmigración. El Congreso
norteamericano designa quién está a cargo de la tarea de hacer
cumplir y administrar las leyes relacionadas a la inmigración.
El texto de la demanda aclara que aunque los estados pueden
ejercitar el poder de su política en una manera que tenga un efecto
incidental o indirecto sobre los extranjeros, un estado no puede
establecer su propia política de inmigración o hacer cumplir leyes
estatales en una manera que interfiera con las leyes federales de
inmigración. La Constitución y las leyes federales de inmigración no
permiten el desarrollo de un trabajo legislativo de retazos mediante
políticas estatales y de otros gobiernos locales en el país.
El documento de la demanda presentada el 6 de julio declara que la
ley SB 1070 solamente persigue una meta –la atrición– ignorando los
muchos otros objetivos que el Congreso estadounidense ha
establecido para el sistema federal de inmigración. Y aún al buscar la
atrición, la SB 1070 trastorna las prioridades y recursos del
cumplimiento de la ley federal que se enfoca en aquellos extranjeros
que representan una amenaza para la seguridad nacional o la
seguridad pública.
EL gobierno federal arguye que de permitirse que la SB 1070 entre
en vigor, el método de cumplimiento obligatorio de la controversial
ley socavará el balance cuidadoso y entrará en conflicto con las
prioridades y objetivos del cumplimiento de la ley federal.
Conforme a lo que desde un principio se ha objetado en contra de la
ley SB 1070 por parte de grupos e individuos preocupados por su
efecto en los derechos civiles, la demanda refuta que ésta causará la
detención y el hostigamiento de visitantes, inmigrantes y ciudadanos
de Arizona que no tengan o no porten los documentos de
identificación especificados por el estatuto, o quienes de otra
manera serán arrastrados dentro del ámbito de “atrición a través del
cumplimiento de la ley” de la ley SB 1070.
Además, la querella indica que la SB 1070 ignorará del todo
preocupaciones tales como las protecciones humanitarias
contempladas bajo la ley federal para un extranjero que tiene un
temor de persecución bien fundado o para quien ha sido víctima de
un desastre natural.
En su demanda, el gobierno federal reconoce lo que llama las
preocupaciones legítimas del Estado de Arizona acerca de la
inmigración ilegal, y que el estado haya asumido esfuerzos
significativos para asegurar las fronteras del país. A pesar de eso, el
Departamento de Justicia vuelve a subrayar que la Constitución de
los Estados Unidos le prohíbe a Arizona suplantar el sistema de
inmigración del gobierno federal con su propia política de inmigración
estatal específica.
El documento que consta de 25 hojas de extensión puntualiza, al
término de su introducción, que por consiguiente la ley SB 1070 no
tiene validez ante la Clausula de Supremacía de la Constitución de
los Estados Unidos, razón por la cual debe ser anulada antes de que
entre en vigor.
Por Eduardo Barraza Julio 15, 2010
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Tanto las medidas legales como las
consecuencias anímicas y morales
han producido un desgaste
emocional en la población
indocumentada de Arizona.
Foto por Eduardo Barraza | Barriozona
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han producido un desgaste
emocional en la población
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Eduardo Barraza periodista y escritor
mexicano, editor de la revista Barriozona, y
director del Insituto Hispano de Asuntos
Sociales. E-mail: editor@barriozona.com
mexicano, editor de la revista Barriozona, y
director del Insituto Hispano de Asuntos
Sociales. E-mail: editor@barriozona.com
Publicado por el Instituto Hispano de Asuntos Sociales en Phoenix, Arizona
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