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Phoenix, Arizona - La táctica de legisladores del estado de Arizona de poner en práctica leyes con el fin de combatir la
inmigración indocumentada durante un lapso de varios, ha venido a manifestarse como una estrategia sistemática de
desgaste.
Si bien la Ley SB 1070 aprobada el 23 de abril de este año ha situado a Arizona en el radar de mucha gente en el plano
nacional como internacional, la nueva y controversial legislación no es sino la más reciente medida en una larga lista de
leyes promulgadas durante al menos los últimos 15 años.
El efecto que estas leyes ha causado en la población de inmigrantes sin estatus legal en Arizona ha sido de constante
desgate emocional, y han venido a restringir progresivamente y paulatinamente su habilidad de poder desenvolverse
como lo hacían antes, aún dentro del marco de la clandestinidad.
Aunque el debate sobre la inmigración indocumentada tiene largos antecedentes en Arizona, una de las primeras leyes
que comenzaron a fijar como objetivo a personas sin documentos surgió en 1995, cuando el trámite para solicitar una
licencia de manejo se modificó para impedir a aquellos sin documentos legales de residencia o permiso de trabajo
pudieran obtenerla. Antes de que esta medida restrictiva entrara en efecto, los extranjeros indocumentados podían
solicitar y obtener la licencia.
A partir de esa ley, la cual fue por cierto ideada por el mismo funcionario público que engendró la SB 1070, la legislatura
estatal de Arizona ha venido promulgando una larga lista de proyectos de ley –algunos aprobados, otros no, y algunos
vetados por el gobernador en turno– con el fin de perseguir y cercar al inmigrante sin papeles.
Para las personas que se encuentran sin autorización en Estados Unidos, y particularmente en Arizona, desenvolverse
dentro de la sociedad y el mercado laboral nunca ha sido necesariamente o enteramente fácil. Sin embargo, la táctica
sistemática de crear leyes específicas para restringir el acceso y movimiento de indocumentados ha dificultado o
imposibilitado las condiciones para encontrar y mantener trabajo.
El efecto en conjunto de estas leyes, incluyendo la más drástica y devastadora SB 1070, no sólo ha creado un marco
legal de rastreo y castigo contra los inmigrantes, sino también ha tenido repercusiones sicológicas que llegan a cohibir,
atemorizar y ahuyentar al indocumentado.
Tanto las medidas legales como las consecuencias anímicas y morales han producido un desgate emocional en la
población indocumentada de Arizona, que encima de la zozobra implícita de vivir y trabajar sin autorización en el país,
enfrenta ahora el riesgo de ser sujeta a procesos criminales.
El temor a ser detectadas por las autoridades, arrestadas y seguramente deportadas del país ha sumido a miles de
personas en una clandestinidad aún más severa, así como ha llevado a un número aún no determinado de familias a
abandonar el estado.
Quienes se aventuran por la necesidad económica o la pobreza a ingresar ilícitamente a Estados Unidos saben que lo
están haciendo fuera del marco de las leyes federales de inmigración. Hombres y mujeres que se arriesgan a cruzar la
frontera saben, al menos en teoría, los riesgos implícitos de emigrar sin autorización. Sin embargo, esta fuerza laboral
sin reconocimiento, estatus, ni garantías laborales sabe también el valor de su mano de obra, así como la explotación a
la que son sujetos por quienes lucran de su clandestinidad.
Por tanto, en la práctica los indocumentados perciben que si bien trasgredieron las leyes de inmigración, también
deberían ser acreedores de ciertos derechos laborales en base de que con papeles o sin ellos, han sido empleados y
utilizados dentro del mercado laboral, muchas veces sin recibir la paga mínima estipulada por las leyes laborales del
estado.
Es importante señalar que la anterior observación excluye a quienes han cometido el robo de identidad, apropiándose
de documentos legales de ciudadanos o residentes autorizados y causándoles serios estragos. Ser contratados con
papeles falsos es una cosa; usar documentos verdaderos de personas inocentes es injustificable.
El estado de Arizona declaró desde hace una década y media y mantiene hoy en día una guerra abierta de desgaste a
través de la cual han debilitado gradualmente y de varias maneras la presencia y la habilidad de desenvolvimiento de los
inmigrantes trabajadores , así como causado estrés constante a toda una comunidad.
Para la gran mayoría de familias que se encuentran ante la amenaza constante de ser deportadas, la única esperanza
es la intervención del gobierno federal por medio de una reforma integral a las leyes de inmigración. Mientras eso no
ocurra, estados como Arizona seguirán criminalizando a personas que no son criminales, sino trabajadores de quienes
se recibe su esforzada mano de obra pero a quienes se les niegan derechos humanos, civiles y laborales de los que
deberían ser merecedores en virtud de su desempeño.
Demanda del Gobierno Federal Contra Política de Retazos
Con la demanda interpuesta el pasado 6 de julio por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en contra del
Estado de Arizona y su gobernadora, Janice Brewer, el gobierno federal pretende anular por completo la ley SB 1070. La
ley está proyectada a entrar en vigor el 29 de julio.
De acuerdo a la demanda, que se une a otras más entabladas para intentar derogar la controversial legislación, el
gobierno federal posee precedencia sobre la SB 1070, por lo tanto esta ley estatal está en violación de la Clausula de
Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos.
En la demanda también se establece que dentro del sistema constitucional, el gobierno federal tiene autoridad
preeminente para regular los asuntos relacionados a la inmigración. El Congreso norteamericano designa quién está a
cargo de la tarea de hacer cumplir y administrar las leyes relacionadas a la inmigración.
El texto de la demanda aclara que aunque los estados pueden ejercitar el poder de su política en una manera que tenga
un efecto incidental o indirecto sobre los extranjeros, un estado no puede establecer su propia política de inmigración o
hacer cumplir leyes estatales en una manera que interfiera con las leyes federales de inmigración. La Constitución y las
leyes federales de inmigración no permiten el desarrollo de un trabajo legislativo de retazos mediante políticas estatales
y de otros gobiernos locales en el país.
El documento de la demanda presentada el 6 de julio declara que la ley SB 1070 solamente persigue una meta –la
atrición– ignorando los muchos otros objetivos que el Congreso estadounidense ha establecido para el sistema federal
de inmigración. Y aún al buscar la atrición, la SB 1070 trastorna las prioridades y recursos del cumplimiento de la ley
federal que se enfoca en aquellos extranjeros que representan una amenaza para la seguridad nacional o la seguridad
pública.
EL gobierno federal arguye que de permitirse que la SB 1070 entre en vigor, el método de cumplimiento obligatorio de la
controversial ley socavará el balance cuidadoso y entrará en conflicto con las prioridades y objetivos del cumplimiento de
la ley federal.
Conforme a lo que desde un principio se ha objetado en contra de la ley SB 1070 por parte de grupos e individuos
preocupados por su efecto en los derechos civiles, la demanda refuta que ésta causará la detención y el hostigamiento
de visitantes, inmigrantes y ciudadanos de Arizona que no tengan o no porten los documentos de identificación
especificados por el estatuto, o quienes de otra manera serán arrastrados dentro del ámbito de “atrición a través del
cumplimiento de la ley” de la ley SB 1070.
Además, la querella indica que la SB 1070 ignorará del todo preocupaciones tales como las protecciones humanitarias
contempladas bajo la ley federal para un extranjero que tiene un temor de persecución bien fundado o para quien ha
sido víctima de un desastre natural.
En su demanda, el gobierno federal reconoce lo que llama las preocupaciones legítimas del Estado de Arizona acerca
de la inmigración ilegal, y que el estado haya asumido esfuerzos significativos para asegurar las fronteras del país. A
pesar de eso, el Departamento de Justicia vuelve a subrayar que la Constitución de los Estados Unidos le prohíbe a
Arizona suplantar el sistema de inmigración del gobierno federal con su propia política de inmigración estatal específica.
El documento que consta de 25 hojas de extensión puntualiza, al término de su introducción, que por consiguiente la ley
SB 1070 no tiene validez ante la Clausula de Supremacía de la Constitución de los Estados Unidos, razón por la cual
debe ser anulada antes de que entre en vigor.
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Tanto las medidas legales como las consecuencias anímicas y morales han producido un desgaste
emocional en la población indocumentada de Arizona.
Por Eduardo Barraza
BARRIOZONA
Julio 15, 2010
Guerra de desgaste en Arizona contra inmigrantes
indocumentados