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Ley SB 1070 de Arizona, Riesgosa e Inadecuada
Phoenix, Arizona - Mientras el estado de Arizona se prepara para
aplicar la que ha sido llamada su ley más radical relacionada a la
inmigración ilegal, la batalla legal para evitar que ésta entre en vigor
el 29 de julio ya está en pleno curso.
Emitida para supuestamente restringir la presencia de extranjeros
que carecen de estatus legal, el Proyecto de Ley 1070 del Senado, o
SB 1070 como se le conoce, firmado como ley por la gobernadora
Janice Brewer el pasado 23 de abril, tiene la intención de convertir
en crimen el permanecer en Arizona “ilícitamente”.
Lo anterior significa que cualquier persona que no cuente con
documentos legales, una vez detectado por una agencia del orden
público, pudiera ser detenida sin haber cometido ningún otro crimen,
excepto el que a partir del 29 de julio será el nuevo “crimen” de
estar en Arizona sin visa, permiso de trabajo o documentos de
residencia legal.
La anterior es simplemente una de varias estipulaciones de la SB
1070. Entre otras, esta ley “le prohíbe a los gobiernos de las
ciudades, pueblos, y condados tener establecida cualquier política
que limite la investigación de violaciones a la aplicación de leyes
federales que sea menos del máximo grado permitido por la ley
federal”. La polémica ley también “requiere a los oficiales de policía
hacer un intento razonable para determinar el estatus de
inmigración de una persona siempre que exista una sospecha
razonable de que la persona esté presente ilícitamente y a verificar
su estatus con el gobierno federal, excepto hasta el punto en donde
entorpeciera una investigación que se esté llevando a cabo”.
Varias demandas que ya han sido entabladas en contra del gobierno
del Estado de Arizona están cuestionando la constitucionalidad de la
ley, cuyo carácter controversial ha provocado protestas, marchas y
boicots –tanto a favor y como en contra– así como atraído la
atención de los medios de comunicación internacionales. A pocas
semanas de que la ley entre en vigor, las demandas pudieran
retrasar la fecha en que comience a hacerse cumplir o a evitar
completamente que se llegue a aplicar la SB 1070. En última
instancia, un dictamen de un juzgado lo decidirá.
Una de dichas demandas que intentan bloquear la ley antes de que
entre en vigor, fue entablada el pasado 5 de junio por parte de una
coalición nacional de organizaciones que defienden los derechos
civiles. Entre ellas están la Unión Americana de Libertades Civiles
(ACLU), El Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la
Educación (MALDEF), el Centro Nacional de Leyes de Inmigración
(NILC), la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color
(NAACP), la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), y el Centro Legal
Americano de Asiáticos del Pacífico (APALC). Demandantes
individuales también son parte de la demanda.
Esta coalición considera la SB 1070 como una “ley inconstitucional”.
De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por la ACLU de
Arizona, la ley provocará la práctica del perfil racial, pondrá en peligro
la seguridad pública y traicionará los valores cívicos norteamericanos.
Aún meses antes de que la propuesta de ley fuera firmada en ley y
después de eso, la SB 1070 llegó a ser claramente más que una ley
que tiene como su objetivo principalmente a individuos que sin
autorización de vivir o trabajar en el país. Antes de que entre en
vigor, esta nueva ley ya ha derivado en dimensiones de
consecuencias más amplias –sociales, culturales y demográficas,
entre otras.
La complejidad de la SB 1070, los retos para ponerla en práctica, la
probabilidad de que demandas sean entabladas cuando residentes
legales o ciudadanos latinos lleguen a ser detenidos en error, y la
carga financiera que los gastos de la interposición judicial y el
encarcelamiento traerán sobre el estado, son solamente algunos de
los aspectos que hacen de esta ley de Arizona muy riesgosa de
implementarse.
Además de estos riesgos potenciales, la ley SB 1070 ha intensificado
el debate en torno a la reforma migratoria, no solamente en Arizona
sino en el resto del país, subido el grado de división, y suscitado
tensiones raciales. Asimismo, la ley ha manifestado el racismo,
violencia verbal, y el odio, así como aumentado una brecha cultural,
étnica e histórica.
No cabe duda que el espinoso asunto de la inmigración
indocumentada necesita una acción urgente a nivel federal y un
enfoque más amplio, mucho más allá de medidas locales como la de
Arizona y su SB 1070.
aplicar la que ha sido llamada su ley más radical relacionada a la
inmigración ilegal, la batalla legal para evitar que ésta entre en vigor
el 29 de julio ya está en pleno curso.
Emitida para supuestamente restringir la presencia de extranjeros
que carecen de estatus legal, el Proyecto de Ley 1070 del Senado, o
SB 1070 como se le conoce, firmado como ley por la gobernadora
Janice Brewer el pasado 23 de abril, tiene la intención de convertir
en crimen el permanecer en Arizona “ilícitamente”.
Lo anterior significa que cualquier persona que no cuente con
documentos legales, una vez detectado por una agencia del orden
público, pudiera ser detenida sin haber cometido ningún otro crimen,
excepto el que a partir del 29 de julio será el nuevo “crimen” de
estar en Arizona sin visa, permiso de trabajo o documentos de
residencia legal.
La anterior es simplemente una de varias estipulaciones de la SB
1070. Entre otras, esta ley “le prohíbe a los gobiernos de las
ciudades, pueblos, y condados tener establecida cualquier política
que limite la investigación de violaciones a la aplicación de leyes
federales que sea menos del máximo grado permitido por la ley
federal”. La polémica ley también “requiere a los oficiales de policía
hacer un intento razonable para determinar el estatus de
inmigración de una persona siempre que exista una sospecha
razonable de que la persona esté presente ilícitamente y a verificar
su estatus con el gobierno federal, excepto hasta el punto en donde
entorpeciera una investigación que se esté llevando a cabo”.
Varias demandas que ya han sido entabladas en contra del gobierno
del Estado de Arizona están cuestionando la constitucionalidad de la
ley, cuyo carácter controversial ha provocado protestas, marchas y
boicots –tanto a favor y como en contra– así como atraído la
atención de los medios de comunicación internacionales. A pocas
semanas de que la ley entre en vigor, las demandas pudieran
retrasar la fecha en que comience a hacerse cumplir o a evitar
completamente que se llegue a aplicar la SB 1070. En última
instancia, un dictamen de un juzgado lo decidirá.
Una de dichas demandas que intentan bloquear la ley antes de que
entre en vigor, fue entablada el pasado 5 de junio por parte de una
coalición nacional de organizaciones que defienden los derechos
civiles. Entre ellas están la Unión Americana de Libertades Civiles
(ACLU), El Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la
Educación (MALDEF), el Centro Nacional de Leyes de Inmigración
(NILC), la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color
(NAACP), la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), y el Centro Legal
Americano de Asiáticos del Pacífico (APALC). Demandantes
individuales también son parte de la demanda.
Esta coalición considera la SB 1070 como una “ley inconstitucional”.
De acuerdo a un comunicado de prensa emitido por la ACLU de
Arizona, la ley provocará la práctica del perfil racial, pondrá en peligro
la seguridad pública y traicionará los valores cívicos norteamericanos.
Aún meses antes de que la propuesta de ley fuera firmada en ley y
después de eso, la SB 1070 llegó a ser claramente más que una ley
que tiene como su objetivo principalmente a individuos que sin
autorización de vivir o trabajar en el país. Antes de que entre en
vigor, esta nueva ley ya ha derivado en dimensiones de
consecuencias más amplias –sociales, culturales y demográficas,
entre otras.
La complejidad de la SB 1070, los retos para ponerla en práctica, la
probabilidad de que demandas sean entabladas cuando residentes
legales o ciudadanos latinos lleguen a ser detenidos en error, y la
carga financiera que los gastos de la interposición judicial y el
encarcelamiento traerán sobre el estado, son solamente algunos de
los aspectos que hacen de esta ley de Arizona muy riesgosa de
implementarse.
Además de estos riesgos potenciales, la ley SB 1070 ha intensificado
el debate en torno a la reforma migratoria, no solamente en Arizona
sino en el resto del país, subido el grado de división, y suscitado
tensiones raciales. Asimismo, la ley ha manifestado el racismo,
violencia verbal, y el odio, así como aumentado una brecha cultural,
étnica e histórica.
No cabe duda que el espinoso asunto de la inmigración
indocumentada necesita una acción urgente a nivel federal y un
enfoque más amplio, mucho más allá de medidas locales como la de
Arizona y su SB 1070.
Por Eduardo Barraza Julio 5, 2010
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Antes de que entre en vigor, esta
nueva ley ya ha derivado en
dimensiones de consecuencias más
amplias –sociales, culturales y
demográficas, entre otras.
Foto por Eduardo Barraza | Barriozona
nueva ley ya ha derivado en
dimensiones de consecuencias más
amplias –sociales, culturales y
demográficas, entre otras.
Foto por Eduardo Barraza | Barriozona
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Eduardo Barraza periodista y escritor
mexicano, editor de la revista Barriozona, y
director del Insituto Hispano de Asuntos
Sociales. E-mail: editor@barriozona.com
mexicano, editor de la revista Barriozona, y
director del Insituto Hispano de Asuntos
Sociales. E-mail: editor@barriozona.com
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