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Phoenix, Arizona.- Mientras el estado de Arizona se prepara para aplicar la que ha sido llamada su ley más radical
relacionada a la inmigración ilegal, la batalla legal para evitar que ésta entre en vigor el 29 de julio ya está en pleno
curso.
Emitida para supuestamente restringir la presencia de extranjeros que carecen de estatus legal, el Proyecto de Ley 1070
del Senado, o SB 1070 como se le conoce, firmado como ley por la gobernadora Janice Brewer el pasado 23 de abril,
tiene la intención de convertir en crimen el permanecer en Arizona “ilícitamente”.
Lo anterior significa que cualquier persona que no cuente con documentos legales, una vez detectado por una agencia
del orden público, pudiera ser detenida sin haber cometido ningún otro crimen, excepto el que a partir del 29 de julio
será el nuevo “crimen” de estar en Arizona sin visa, permiso de trabajo o documentos de residencia legal.
La anterior es simplemente una de varias estipulaciones de la SB 1070. Entre otras, esta ley “le prohíbe a los gobiernos
de las ciudades, pueblos, y condados tener establecida cualquier política que limite la investigación de violaciones a la
aplicación de leyes federales que sea menos del máximo grado permitido por la ley federal”. La polémica ley también
“requiere a los oficiales de policía hacer un intento razonable para determinar el estatus de inmigración de una persona
siempre que exista una sospecha razonable de que la persona esté presente ilícitamente y a verificar su estatus con el
gobierno federal, excepto hasta el punto en donde entorpeciera una investigación que se esté llevando a cabo”.
Varias demandas que ya han sido entabladas en contra del gobierno del Estado de Arizona están cuestionando la
constitucionalidad de la ley, cuyo carácter controversial ha provocado protestas, marchas y boicots –tanto a favor y como
en contra– así como atraído la atención de los medios de comunicación internacionales. A pocas semanas de que la ley
entre en vigor, las demandas pudieran retrasar la fecha en que comience a hacerse cumplir o a evitar completamente
que se llegue a aplicar la SB 1070. En última instancia, un dictamen de un juzgado lo decidirá.
Una de dichas demandas que intentan bloquear la ley antes de que entre en vigor, fue entablada el pasado 5 de junio
por parte de una coalición nacional de organizaciones que defienden los derechos civiles. Entre ellas están la Unión
Americana de Libertades Civiles (ACLU), El Fondo México-Americano para la Defensa Legal y la Educación (MALDEF), el
Centro Nacional de Leyes de Inmigración (NILC), la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP),
la Red Nacional de Jornaleros (NDLON), y el Centro Legal Americano de Asiáticos del Pacífico (APALC). Demandantes
individuales también son parte de la demanda.
Esta coalición considera la SB 1070 como una “ley inconstitucional”. De acuerdo a un comunicado de prensa emitido
por la ACLU de Arizona, la ley provocará la práctica del perfil racial, pondrá en peligro la seguridad pública y traicionará
los valores cívicos norteamericanos.
Aún meses antes de que la propuesta de ley fuera firmada en ley y después de eso, la SB 1070 llegó a ser claramente
más que una ley que tiene como su objetivo principalmente a individuos que sin autorización de vivir o trabajar en el
país. Antes de que entre en vigor, esta nueva ley ya ha derivado en dimensiones de consecuencias más amplias –
sociales, culturales y demográficas, entre otras.
La complejidad de la SB 1070, los retos para ponerla en práctica, la probabilidad de que demandas sean entabladas
cuando residentes legales o ciudadanos latinos lleguen a ser detenidos en error, y la carga financiera que los gastos de
la interposición judicial y el encarcelamiento traerán sobre el estado, son solamente algunos de los aspectos que hacen
de esta ley de Arizona muy riesgosa de implementarse.
Además de estos riesgos potenciales, la ley SB 1070 ha intensificado el debate en torno a la reforma migratoria, no
solamente en Arizona sino en el resto del país, subido el grado de división, y suscitado tensiones raciales. Asimismo, la
ley ha manifestado el racismo, violencia verbal, y el odio, así como aumentado una brecha cultural, étnica e histórica.
No cabe duda que el espinoso asunto de la inmigración indocumentada necesita una acción urgente a nivel federal y un
enfoque más amplio, mucho más allá de medidas locales como la de Arizona y su SB 1070.
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Antes de que entre en vigor, esta nueva ley ya ha derivado en dimensiones de consecuencias más
amplias –sociales, culturales y demográficas, entre otras.
Por Eduardo Barraza
BARRIOZONA
Julio 5, 2010
Ley SB 1070 de Arizona, Riesgosa e Inadecuada