ACLU de Arizona denuncia proyecto de ley contra estudiantes
Comunicado de Prensa Febrero 24, 2011
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Estudiantes en Arizona quienes
podrían verse afectados por las
propuestas de los senadores han
reaccionado con protestas en el
Capitolio estatal. Ver Galería
Foto por Eduardo Barraza | Barriozona
podrían verse afectados por las
propuestas de los senadores han
reaccionado con protestas en el
Capitolio estatal. Ver Galería
Foto por Eduardo Barraza | Barriozona
Phoenix, Arizona - La Unión Americana de Libertades Civiles de
Arizona (ACLU por sus siglas en inglés) denunció hoy la aprobación
de un proyecto de ley de inmigración masivo por parte del Presidente
del Senado Russell Pearce, esto mientras los legisladores se
encontraban ausentes durante el fin de semana del Día de los
Presidentes, el cual fue aprobado anoche por los miembros del
Comité de Gastos del Senado por un voto de 7 a 6.
El proyecto de ley conjunto, SB 1611, convertiría a Arizona
verdaderamente en una sociedad de “sus papeles, por favor”, al
crear nuevas obligaciones para someter a un chequeo a los
miembros del público con el fin de determinar su estatus de
ciudadanía e inmigración en toda área, desde registros de vehículo e
inscripciones en el colegio hasta verificaciones de empleo y obtención
de licencias. El proyecto de ley desintegraría a familias al requerirles
a las autoridades de vivienda desalojar a los residentes de una
unidad habitacional si cualquier residente de la vivienda es
indocumentado. Además, éste crearía un nuevo crimen de –
literalmente– “manejar y tener piel morena”, y requeriría asimismo a
las escuelas cerrarles la puerta de sus salones de clase a aquellos
estudiantes incapaces de comprobar su estatus.
“Este proyecto de ley va mucho más lejos que la ley SB1070 en
términos de su potencial de revertir las libertades fundamentales,
tanto de los ciudadanos como de los no-ciudadanos por igual”,
declaró Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva de la ACLU de
Arizona. “Esto demuestra la falta de liderazgo, la falta de prioridades
y una completa falta de entendimiento por parte de algunos
legisladores de lo que significa respetar y acatar la Constitución de
los Estados Unidos y de Arizona.”
“El proyecto de ley SB 1611 representa un ataque sin precedentes a
los derechos de los estudiantes, y crea en este estado una subclase
de jóvenes quienes serán excluidos de la educación básica”, añadió
Meetze. “Esto desafía la resolución judicial de 1982 de la Corte
Suprema, Plyer vs. Doe, la cual prohibió a los estados condicionar el
acceso a la educación pública en base a quién el niño es, sin
importar su estatus migratorio”.
Meetze agregó que la disposición legal que crea un nuevo delito
estatal de manejar estando indocumentado, permitirá a la policía
local y estatal “detener a cualquier persona que ellos sospechen
pudiera ser un inmigrante. Esto les dará a los oficiales licencia para
basarse en el perfil racial de los conductores minoritarios, aún
aquellos que no hayan cometido una infracción de tránsito del todo”.
Aparte de las disposiciones legales mencionadas anteriormente, el
proyecto de ley de 29 páginas también:
• Prohíbe a las universidades o colegios comunitarios admitir a
cualquier estudiante que no pueda presentar uno de los documentos
enlistados para comprobar su estatus legal;
• Manda que todos los negocios se inscriban a “E-verify” (programa
de verificación electrónica) o a enfrentar la revocación de sus
licencias para operar sus negocios;
• Establece nuevos requisitos de elegibilidad para los beneficios
públicos que violen la ley federal y aumenta los castigos (de un delito
menor clase 2 a clase 1) para los empleados de la agencia que no
cumplan en reportar violaciones a la ley federal de inmigración
“descubiertas”;
• Limita los tipos de documentos que una persona puede presentar
para comprobar su identidad;
• Requiere a la agencia de entrenamiento de la policía estatal, “AZ
POST”, a revocar sumariamente la habilidad de un agente de las
fuerzas del orden de servir al público si el oficial no hace cumplir las
leyes estatales y constitucionales, aún si el oficial está tratando
solamente de ejercitar su criterio profesional;
• Prohíbe a los jueces considerar imponer una fianza para cualquier
inmigrante indocumentado que haya sido acusado de un delito grave;
• Establece un periodo obligatorio de 6 meses de cárcel para
cualquier persona declarada culpable de usar la identidad de otra
persona para obtener empleo; y
• Prohíbe a individuos de obtener el título y registro de un vehículo,
una tarjeta de huellas digitales o una licencia de cualquier clase,
hasta que sean capaces de demostrar un estatus de inmigración
satisfactorio
“Este proyecto de ley expandirá nuestra burocracia gubernamental a
un punto irreconocible. Esto le pide a los empleados de las agencias
públicas con presupuestos apretados checar los papeles de cada
persona que pase por sus puertas, muy por encima de sus deberes
regulares de trabajo, y sin el entrenamiento necesario en esta
compleja área de la ley”, añadió Meetze. “Tenemos un desalentador
déficit presupuestal de $2.1 mil millones y un sistema educativo en
una situación muy desordenada, y aún así el Senador Pearce
continúa promoviendo estas políticas anticonstitucionales e
insensatas en un intento de reforzar su agenda anti-inmigrante”.
Además de aprobar el proyecto de ley SB1611, el Comité de Gastos
del Senado también aprobó el SB 1308 y el SB 1309, dos proyectos
de ley que redefinen la Enmienda 14ª y lo que significa ser
ciudadano de Estados Unidos. Los proyectos de ley permiten a la
gobernadora entrar en un “Acuerdo de Acta de Nacimiento” con
otros estados para negar actas de nacimiento estándares a bebés
ciudadanos de Estados Unidos nacidos a padres inmigrantes. El
Congreso debe otorgar permiso para la creación del acuerdo para
que éste tenga efecto.
“Nuestro legislatura estatal no tiene el derecho de decidir cuáles
personas nacidas en los Estados Unidos son dignas de la ciudadanía
y cuáles no son,” añadió Anjali Abraham, Directora de Política Pública
de la ACLU de Arizona. “Las legislaturas estatales no pueden burlar
la Constitución mediante la legislación y estos proyectos de ley
deben de ser rechazados categóricamente cuando lleguen al pleno
del Senado”.
Arizona (ACLU por sus siglas en inglés) denunció hoy la aprobación
de un proyecto de ley de inmigración masivo por parte del Presidente
del Senado Russell Pearce, esto mientras los legisladores se
encontraban ausentes durante el fin de semana del Día de los
Presidentes, el cual fue aprobado anoche por los miembros del
Comité de Gastos del Senado por un voto de 7 a 6.
El proyecto de ley conjunto, SB 1611, convertiría a Arizona
verdaderamente en una sociedad de “sus papeles, por favor”, al
crear nuevas obligaciones para someter a un chequeo a los
miembros del público con el fin de determinar su estatus de
ciudadanía e inmigración en toda área, desde registros de vehículo e
inscripciones en el colegio hasta verificaciones de empleo y obtención
de licencias. El proyecto de ley desintegraría a familias al requerirles
a las autoridades de vivienda desalojar a los residentes de una
unidad habitacional si cualquier residente de la vivienda es
indocumentado. Además, éste crearía un nuevo crimen de –
literalmente– “manejar y tener piel morena”, y requeriría asimismo a
las escuelas cerrarles la puerta de sus salones de clase a aquellos
estudiantes incapaces de comprobar su estatus.
“Este proyecto de ley va mucho más lejos que la ley SB1070 en
términos de su potencial de revertir las libertades fundamentales,
tanto de los ciudadanos como de los no-ciudadanos por igual”,
declaró Alessandra Soler Meetze, directora ejecutiva de la ACLU de
Arizona. “Esto demuestra la falta de liderazgo, la falta de prioridades
y una completa falta de entendimiento por parte de algunos
legisladores de lo que significa respetar y acatar la Constitución de
los Estados Unidos y de Arizona.”
“El proyecto de ley SB 1611 representa un ataque sin precedentes a
los derechos de los estudiantes, y crea en este estado una subclase
de jóvenes quienes serán excluidos de la educación básica”, añadió
Meetze. “Esto desafía la resolución judicial de 1982 de la Corte
Suprema, Plyer vs. Doe, la cual prohibió a los estados condicionar el
acceso a la educación pública en base a quién el niño es, sin
importar su estatus migratorio”.
Meetze agregó que la disposición legal que crea un nuevo delito
estatal de manejar estando indocumentado, permitirá a la policía
local y estatal “detener a cualquier persona que ellos sospechen
pudiera ser un inmigrante. Esto les dará a los oficiales licencia para
basarse en el perfil racial de los conductores minoritarios, aún
aquellos que no hayan cometido una infracción de tránsito del todo”.
Aparte de las disposiciones legales mencionadas anteriormente, el
proyecto de ley de 29 páginas también:
• Prohíbe a las universidades o colegios comunitarios admitir a
cualquier estudiante que no pueda presentar uno de los documentos
enlistados para comprobar su estatus legal;
• Manda que todos los negocios se inscriban a “E-verify” (programa
de verificación electrónica) o a enfrentar la revocación de sus
licencias para operar sus negocios;
• Establece nuevos requisitos de elegibilidad para los beneficios
públicos que violen la ley federal y aumenta los castigos (de un delito
menor clase 2 a clase 1) para los empleados de la agencia que no
cumplan en reportar violaciones a la ley federal de inmigración
“descubiertas”;
• Limita los tipos de documentos que una persona puede presentar
para comprobar su identidad;
• Requiere a la agencia de entrenamiento de la policía estatal, “AZ
POST”, a revocar sumariamente la habilidad de un agente de las
fuerzas del orden de servir al público si el oficial no hace cumplir las
leyes estatales y constitucionales, aún si el oficial está tratando
solamente de ejercitar su criterio profesional;
• Prohíbe a los jueces considerar imponer una fianza para cualquier
inmigrante indocumentado que haya sido acusado de un delito grave;
• Establece un periodo obligatorio de 6 meses de cárcel para
cualquier persona declarada culpable de usar la identidad de otra
persona para obtener empleo; y
• Prohíbe a individuos de obtener el título y registro de un vehículo,
una tarjeta de huellas digitales o una licencia de cualquier clase,
hasta que sean capaces de demostrar un estatus de inmigración
satisfactorio
“Este proyecto de ley expandirá nuestra burocracia gubernamental a
un punto irreconocible. Esto le pide a los empleados de las agencias
públicas con presupuestos apretados checar los papeles de cada
persona que pase por sus puertas, muy por encima de sus deberes
regulares de trabajo, y sin el entrenamiento necesario en esta
compleja área de la ley”, añadió Meetze. “Tenemos un desalentador
déficit presupuestal de $2.1 mil millones y un sistema educativo en
una situación muy desordenada, y aún así el Senador Pearce
continúa promoviendo estas políticas anticonstitucionales e
insensatas en un intento de reforzar su agenda anti-inmigrante”.
Además de aprobar el proyecto de ley SB1611, el Comité de Gastos
del Senado también aprobó el SB 1308 y el SB 1309, dos proyectos
de ley que redefinen la Enmienda 14ª y lo que significa ser
ciudadano de Estados Unidos. Los proyectos de ley permiten a la
gobernadora entrar en un “Acuerdo de Acta de Nacimiento” con
otros estados para negar actas de nacimiento estándares a bebés
ciudadanos de Estados Unidos nacidos a padres inmigrantes. El
Congreso debe otorgar permiso para la creación del acuerdo para
que éste tenga efecto.
“Nuestro legislatura estatal no tiene el derecho de decidir cuáles
personas nacidas en los Estados Unidos son dignas de la ciudadanía
y cuáles no son,” añadió Anjali Abraham, Directora de Política Pública
de la ACLU de Arizona. “Las legislaturas estatales no pueden burlar
la Constitución mediante la legislación y estos proyectos de ley
deben de ser rechazados categóricamente cuando lleguen al pleno
del Senado”.
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