Condiciones inhumanas para inmigrantes en Arizona, reporta ACLU-AZ
Comunicado de Prensa Junio 23, 2011
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Políticas fallidas de inmigración,
como la aplicación local de leyes de
inmigración, han llevado a un
incremento del 58 por ciento en las
detenciones de inmigración en
Arizona. Lea resumen del reporte
Foto por Eduardo Barraza | Barriozona
como la aplicación local de leyes de
inmigración, han llevado a un
incremento del 58 por ciento en las
detenciones de inmigración en
Arizona. Lea resumen del reporte
Foto por Eduardo Barraza | Barriozona
Phoenix, Arizona - El exceso de dependencia en la detención de
inmigración por parte del gobierno de los Estados Unidos ha llevado
a condiciones inhumanas en los cinco centros de detención de
inmigración de Arizona, a la detención innecesaria y prolongada y al
trato abusivo de inmigrantes, de acuerdo a un nuevo reporte de la
Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona (ACLU por sus
siglas en inglés) publicado hoy. El reporte de 36 páginas, titulado
“En sus propias palabras: soportando el abuso en los centros de
detención de inmigración en Arizona”, es el reporte más exhaustivo
que documenta las experiencias de inmigrantes detenidos por el
gobierno federal en Arizona.
“Muchos de los hombres y mujeres con los que hablamos son
detenidos innecesariamente durante muchos meses hasta varios
años en condiciones terribles que ponen en peligro su seguridad y
su bienestar”, declaró Victoria López, abogada del personal de la
ACLU de Arizona, quien redactó el reporte basado en 115
entrevistas personales con individuos detenidos en Eloy y Florence
durante un periodo de más de dos años, desde marzo de 2009
hasta marzo de 2011. “Hasta que exista una supervisión
independiente y un monitoreo de las instalaciones en donde los
detenidos de inmigración son recluidos, los detenidos no tendrán
otra opción más que hablar por sí mismos”.
Como parte de los esfuerzos de documentación de la ACLU, López
pasó incontables horas manteniendo correspondencia con los
detenidos, entrevistando a miembros de sus familias, y
seleccionando entre cientos de registros del gobierno, incluyendo
más de 500 quejas. El reporte muestra las historias reales de las
personas, incluyendo las de mujeres vulnerables e individuos
transgénero detenidos, quienes sufrieron a causa de los abusos
relacionados a las condiciones inhumanas y protecciones legales
inadecuadas mientras se encontraban detenidos.
De acuerdo al reporte, las políticas fallidas de inmigración, que
incluyen la aplicación local de leyes de inmigración, han llevado a un
incremento del 58 por ciento en las detenciones de inmigración en
Arizona durante los pasados seis años. Asimismo, a causa de que no
existen normas que se hagan cumplir legalmente y de que la mayoría
de los centros de detención de inmigración en Arizona son operados
ya sea por corporaciones privadas o por una cárcel local de condado,
existe muy poca supervisión sobre la prestación de cuidado médico,
los procedimientos para presentar quejas, y el trato en general de
los detenidos.
Uno de los casos mencionados por la ACLU en este reporte
documenta la historia de Leticia, una madre soltera de dos hijos
ciudadanos de Estados Unidos y sin historial de antecedentes
criminales, quien fue detenida durante casi dos años por la Oficina
de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por
sus siglas en inglés) en la Cárcel del Condado Pinal, la cual es
operada por el Sheriff del Condado Pinal Paul Babeu. Durante la
mayoría de ese tiempo, a ella no se le permitió tener visitas para
tener contacto con sus hijos ni tener una actividad recreativa en
exteriores, y soportó asimismo condiciones deplorables.
No obstante las declaraciones del Departamento de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) hechas
hace casi dos años indicando iniciativas para reformar el sistema de
detención de inmigración, persisten muchas fallas en las
instalaciones carcelarias de Arizona, informó la ACLU. Entre sus
recomendaciones, la ACLU-AZ hizo un llamado a ICE para que dé fin
a sus contratos con la Cárcel del Condado Pinal, la cual recibió
evaluaciones “deficientes” en 2007, 2008 y 2009, y en donde la
ACLU documentó los ejemplos más atroces de abusos a los derechos
humanos.
Por ejemplo, durante el invierno de 2010, ICE transfirió a cientos de
mujeres inmigrantes fuera de la Cárcel del Condado Pinal (PCJ por
sus siglas en inglés) después de que las mujeres sometieron cartas
de petición quejándose de un trato abusivo por parte de los
guardias, de no tener suficientes artículos para la higiene, y de un
cuidado médico inadecuado. En la primavera de 2011, hombres
detenidos en la misma cárcel comenzaron una huelga de hambre
para protestar en contra de los mismos problemas. Durante el curso
del año pasado, la ACLU-AZ también ha recibido reportes desde la
PCJ que involucran el uso de fuerza excesiva en contra de los
detenidos y la falla por parte de los guardias carcelarios de proveer
acomodo para las necesidades de carácter religioso de los detenidos.
“Ninguna cantidad de remedios superficiales resolverán el hecho de
que la detención de inmigración representa grandes costos fiscales y
humanos para inmigrantes y ciudadanos por igual”, añadió López.
“El DHS debe tomar medidas inmediatas para dar fin a su contrato
con los funcionarios de la Cárcel del Condado Pinal, a quienes no se
les está haciendo responsables y operan una cárcel que no cumple
aún con las mínimas normas constitucionales”.
Con más de 3,000 personas que son detenidas en cualquier día
determinado en las instalaciones de ICE en Arizona, la ACLU-AZ
también hizo un llamado al gobierno federal para que reduzca el
número de personas que son sujetas a la detención de inmigración
en Arizona al utilizar alternativas que sean más rentables a la
detención y que aseguren que las condiciones en las instalaciones
de detención en Arizona se adhieran a las necesidades y derechos
humanos básicos.
inmigración por parte del gobierno de los Estados Unidos ha llevado
a condiciones inhumanas en los cinco centros de detención de
inmigración de Arizona, a la detención innecesaria y prolongada y al
trato abusivo de inmigrantes, de acuerdo a un nuevo reporte de la
Unión Americana de Libertades Civiles de Arizona (ACLU por sus
siglas en inglés) publicado hoy. El reporte de 36 páginas, titulado
“En sus propias palabras: soportando el abuso en los centros de
detención de inmigración en Arizona”, es el reporte más exhaustivo
que documenta las experiencias de inmigrantes detenidos por el
gobierno federal en Arizona.
“Muchos de los hombres y mujeres con los que hablamos son
detenidos innecesariamente durante muchos meses hasta varios
años en condiciones terribles que ponen en peligro su seguridad y
su bienestar”, declaró Victoria López, abogada del personal de la
ACLU de Arizona, quien redactó el reporte basado en 115
entrevistas personales con individuos detenidos en Eloy y Florence
durante un periodo de más de dos años, desde marzo de 2009
hasta marzo de 2011. “Hasta que exista una supervisión
independiente y un monitoreo de las instalaciones en donde los
detenidos de inmigración son recluidos, los detenidos no tendrán
otra opción más que hablar por sí mismos”.
Como parte de los esfuerzos de documentación de la ACLU, López
pasó incontables horas manteniendo correspondencia con los
detenidos, entrevistando a miembros de sus familias, y
seleccionando entre cientos de registros del gobierno, incluyendo
más de 500 quejas. El reporte muestra las historias reales de las
personas, incluyendo las de mujeres vulnerables e individuos
transgénero detenidos, quienes sufrieron a causa de los abusos
relacionados a las condiciones inhumanas y protecciones legales
inadecuadas mientras se encontraban detenidos.
De acuerdo al reporte, las políticas fallidas de inmigración, que
incluyen la aplicación local de leyes de inmigración, han llevado a un
incremento del 58 por ciento en las detenciones de inmigración en
Arizona durante los pasados seis años. Asimismo, a causa de que no
existen normas que se hagan cumplir legalmente y de que la mayoría
de los centros de detención de inmigración en Arizona son operados
ya sea por corporaciones privadas o por una cárcel local de condado,
existe muy poca supervisión sobre la prestación de cuidado médico,
los procedimientos para presentar quejas, y el trato en general de
los detenidos.
Uno de los casos mencionados por la ACLU en este reporte
documenta la historia de Leticia, una madre soltera de dos hijos
ciudadanos de Estados Unidos y sin historial de antecedentes
criminales, quien fue detenida durante casi dos años por la Oficina
de Inmigración y Control de Aduanas de los Estados Unidos (ICE por
sus siglas en inglés) en la Cárcel del Condado Pinal, la cual es
operada por el Sheriff del Condado Pinal Paul Babeu. Durante la
mayoría de ese tiempo, a ella no se le permitió tener visitas para
tener contacto con sus hijos ni tener una actividad recreativa en
exteriores, y soportó asimismo condiciones deplorables.
No obstante las declaraciones del Departamento de Seguridad
Nacional de los Estados Unidos (DHS por sus siglas en inglés) hechas
hace casi dos años indicando iniciativas para reformar el sistema de
detención de inmigración, persisten muchas fallas en las
instalaciones carcelarias de Arizona, informó la ACLU. Entre sus
recomendaciones, la ACLU-AZ hizo un llamado a ICE para que dé fin
a sus contratos con la Cárcel del Condado Pinal, la cual recibió
evaluaciones “deficientes” en 2007, 2008 y 2009, y en donde la
ACLU documentó los ejemplos más atroces de abusos a los derechos
humanos.
Por ejemplo, durante el invierno de 2010, ICE transfirió a cientos de
mujeres inmigrantes fuera de la Cárcel del Condado Pinal (PCJ por
sus siglas en inglés) después de que las mujeres sometieron cartas
de petición quejándose de un trato abusivo por parte de los
guardias, de no tener suficientes artículos para la higiene, y de un
cuidado médico inadecuado. En la primavera de 2011, hombres
detenidos en la misma cárcel comenzaron una huelga de hambre
para protestar en contra de los mismos problemas. Durante el curso
del año pasado, la ACLU-AZ también ha recibido reportes desde la
PCJ que involucran el uso de fuerza excesiva en contra de los
detenidos y la falla por parte de los guardias carcelarios de proveer
acomodo para las necesidades de carácter religioso de los detenidos.
“Ninguna cantidad de remedios superficiales resolverán el hecho de
que la detención de inmigración representa grandes costos fiscales y
humanos para inmigrantes y ciudadanos por igual”, añadió López.
“El DHS debe tomar medidas inmediatas para dar fin a su contrato
con los funcionarios de la Cárcel del Condado Pinal, a quienes no se
les está haciendo responsables y operan una cárcel que no cumple
aún con las mínimas normas constitucionales”.
Con más de 3,000 personas que son detenidas en cualquier día
determinado en las instalaciones de ICE en Arizona, la ACLU-AZ
también hizo un llamado al gobierno federal para que reduzca el
número de personas que son sujetas a la detención de inmigración
en Arizona al utilizar alternativas que sean más rentables a la
detención y que aseguren que las condiciones en las instalaciones
de detención en Arizona se adhieran a las necesidades y derechos
humanos básicos.
Publicado por el Instituto Hispano de Asuntos Sociales en Phoenix, Arizona
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