| BARRIOZONA |
| Expresión Bilingüe de la Comunidad Publicada por el Instituto Hispano de Asuntos Sociales |
|
NOGALES, ARIZONA- El Dr. Jorge Bustamante, Relator Especial del Comité de
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, visitó la frontera de Estados Unidos
con México, para atestiguar los procedimientos de detención y deportación en
ciudades como Nogales, en el estado de Arizona.
Derechos Humanos de las Naciones Unidas, visitó la frontera de Estados Unidos
con México, para atestiguar los procedimientos de detención y deportación en
ciudades como Nogales, en el estado de Arizona.
| Denuncia la ONU Serias Violaciones a Derechos Humanos de Inmigrantes |
La Comisión es responsable de promover el respeto universal a la protección de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todas las personas, así como responder a violaciones de derechos y hacer
recomendaciones al respecto.
Entre las violaciones a los derechos humanos citadas, se encuentran la falta de un debido proceso legal para
individuos que no son ciudadanos y quienes están bajo un proceso de deportación, así como su habilidad para
disputar la legalidad o duración de su detención. Bustamante destaca que inmigrantes detenidos pasan días en
reclusión solitaria, con luces encendidas las 24 horas del día, y con frecuencia expuestos a condiciones extremas de
calor o frío.
Las convenciones internacionales requieren que la decisión de detener a un inmigrante debe tratarse caso por
caso, y solamente después de haber hecho una evaluación de la necesidad funcional de detener a la persona. Esta
evaluación individual de casos —observa Bustamante— no parece ser suficiente, por lo que las actuales políticas de
detención constituyen serias violaciones partiendo de los modelos internacionales.
El reporte mantiene que las faltas relacionadas a las detenciones de inmigrantes son cometidas arbitrariamente.
Entre ellas se encuentran el no informar con prontitud a los individuos detenidos de los cargos en su contra, no
presentarlos ante una autoridad judicial, negarles libertad bajo fianza, someterlos a investigaciones sin supervisión
judicial, y negarles asesoría legal.
Salvador Reza, coordinador del Centro de Jornaleros Macehualli en Phoenix, Arizona, sostiene que existe una
relación entre el racismo de miembros de la sociedad y autoridades que abusan de los derechos humanos. “El
reporte es bueno, pero por su tono diplomático no ahonda tanto en el problema, pues creo que existe una
conexión directa entre las legislaturas estatales y el gobierno federal con los grupos de odio. Esto es algo que está
engendrado desde arriba; es un plan sofisticado para promover el odio contra el migrante.”
Bustamante expresa consternación, ya que asegura que la xenofobia y el racismo hacia inmigrantes en Estados
Unidos se han empeorado desde los ataques terroristas del 11 de septiembre. Señala que el clima de odio racial
afecta adversamente a varios sectores de la población inmigrante y tiene un efecto devastador en muchos de los
miembros más vulnerables de las comunidades de migrantes, incluyendo a niños y menores de edad sin familiares.
Yvonne Watterson, directora de la Escuela Secundaria de Adelanto Universitario Gateway, en Phoenix —donde
asisten jóvenes indocumentados y refugiados— dice que el efecto más significativo es la pérdida del sentido de
estabilidad en los estudiantes. “Ellos viven con temor de ser deportados” —revela Watterson. “Un reporte como
este es vital, ya que nos obliga a ver el trato que les estamos dando a estos niños inocentes”.
En la opinión de Stella Pope-Duarte, una educadora y escritora de Arizona, “los niños que por razón de las leyes
actuales de Arizona son separados de sus padres sufren muchísimo, no solamente a causa de la separación de sus
progenitores, sino también al convertirse en presa de extraños que pueden tomar ventaja de su vulnerabilidad,
como se ve cuando menores de edad sufren violaciones y rapto. Como educadora que soy —agrega— yo he visto a
muchos niños separados de sus familias debido a las leyes de inmigración injustas, y he visto muy de cerca la
depresión, la ansiedad y el trauma que es causado.” Pope-Duarte ha estado participando activamente en protestas
y marchas recientes en Phoenix.
El reporte muestra que Estados Unidos carece de una estrategia clara, consistente y de largo plazo para aumentar
el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Aunque existen leyes nacionales que prohíben la
discriminación, no existe un marco legislativo de política nacional que implemente la protección de estos derechos
humanos. Tal marco ayudaría —agrega Bustamante— a comparar programas y estrategias federales y locales para
ser evaluados y poder medir en qué grado se están respetando los derechos humanos.
Chris Newman, Director de Programas Legales de la Red Nacional de Jornaleros, en Los Ángeles, California, siente
que el reporte de Bustamante confirma las actuales condiciones existentes. “Este reporte reafirma lo que los
migrantes en los Estados Unidos han sabido por algún tiempo —a saber, la actual política migratoria de Estados
Unidos crea condiciones para que ocurran graves violaciones domésticas de derechos humanos. Los legisladores
del Congreso debían de ser prudentes en tomar el reporte del Relator Especial muy seriamente, y reparar las
alarmantes violaciones generalizadas cometidas en contra de los migrantes. Estamos particularmente complacidos
de que el reporte enfatice el perfil racial ilegal que resulta de los llamados acuerdos ‘287(g)’ de migración de los
cuerpos policíacos locales”.
Debido al gran número de problemas, Bustamante concluye que Estados Unidos ha fallado en adherirse a sus
obligaciones internacionales para darle una prioridad nacional a los derechos humanos de migrantes. El relator
sugiere que Estados Unidos debe de implementar una amplia y coordinada política nacional que se base en claras
obligaciones internacionales. Con excepción de ciertos derechos relacionados a la participación política, Bustamante
afirma que los migrantes deben tener las mismas protecciones de derechos humanos que los ciudadanos.
Las recomendaciones del reporte hacen hincapié en la necesidad de crear una institución federal con un mandato
exclusivamente dedicado a los derechos humanos de los inmigrantes, lo que resultaría en un organismo que en
realidad represente sus voces e inquietudes.
El reporte completo en inglés puede ser leído en este nexo: www2.ohchr.
org/english/bodies/hrcouncil/docs/7session/A-HRC-7-12-Add2.doc o en este anexo Reporte en PDF.
libertades fundamentales de todas las personas, así como responder a violaciones de derechos y hacer
recomendaciones al respecto.
Entre las violaciones a los derechos humanos citadas, se encuentran la falta de un debido proceso legal para
individuos que no son ciudadanos y quienes están bajo un proceso de deportación, así como su habilidad para
disputar la legalidad o duración de su detención. Bustamante destaca que inmigrantes detenidos pasan días en
reclusión solitaria, con luces encendidas las 24 horas del día, y con frecuencia expuestos a condiciones extremas de
calor o frío.
Las convenciones internacionales requieren que la decisión de detener a un inmigrante debe tratarse caso por
caso, y solamente después de haber hecho una evaluación de la necesidad funcional de detener a la persona. Esta
evaluación individual de casos —observa Bustamante— no parece ser suficiente, por lo que las actuales políticas de
detención constituyen serias violaciones partiendo de los modelos internacionales.
El reporte mantiene que las faltas relacionadas a las detenciones de inmigrantes son cometidas arbitrariamente.
Entre ellas se encuentran el no informar con prontitud a los individuos detenidos de los cargos en su contra, no
presentarlos ante una autoridad judicial, negarles libertad bajo fianza, someterlos a investigaciones sin supervisión
judicial, y negarles asesoría legal.
Salvador Reza, coordinador del Centro de Jornaleros Macehualli en Phoenix, Arizona, sostiene que existe una
relación entre el racismo de miembros de la sociedad y autoridades que abusan de los derechos humanos. “El
reporte es bueno, pero por su tono diplomático no ahonda tanto en el problema, pues creo que existe una
conexión directa entre las legislaturas estatales y el gobierno federal con los grupos de odio. Esto es algo que está
engendrado desde arriba; es un plan sofisticado para promover el odio contra el migrante.”
Bustamante expresa consternación, ya que asegura que la xenofobia y el racismo hacia inmigrantes en Estados
Unidos se han empeorado desde los ataques terroristas del 11 de septiembre. Señala que el clima de odio racial
afecta adversamente a varios sectores de la población inmigrante y tiene un efecto devastador en muchos de los
miembros más vulnerables de las comunidades de migrantes, incluyendo a niños y menores de edad sin familiares.
Yvonne Watterson, directora de la Escuela Secundaria de Adelanto Universitario Gateway, en Phoenix —donde
asisten jóvenes indocumentados y refugiados— dice que el efecto más significativo es la pérdida del sentido de
estabilidad en los estudiantes. “Ellos viven con temor de ser deportados” —revela Watterson. “Un reporte como
este es vital, ya que nos obliga a ver el trato que les estamos dando a estos niños inocentes”.
En la opinión de Stella Pope-Duarte, una educadora y escritora de Arizona, “los niños que por razón de las leyes
actuales de Arizona son separados de sus padres sufren muchísimo, no solamente a causa de la separación de sus
progenitores, sino también al convertirse en presa de extraños que pueden tomar ventaja de su vulnerabilidad,
como se ve cuando menores de edad sufren violaciones y rapto. Como educadora que soy —agrega— yo he visto a
muchos niños separados de sus familias debido a las leyes de inmigración injustas, y he visto muy de cerca la
depresión, la ansiedad y el trauma que es causado.” Pope-Duarte ha estado participando activamente en protestas
y marchas recientes en Phoenix.
El reporte muestra que Estados Unidos carece de una estrategia clara, consistente y de largo plazo para aumentar
el respeto a los derechos humanos de los migrantes. Aunque existen leyes nacionales que prohíben la
discriminación, no existe un marco legislativo de política nacional que implemente la protección de estos derechos
humanos. Tal marco ayudaría —agrega Bustamante— a comparar programas y estrategias federales y locales para
ser evaluados y poder medir en qué grado se están respetando los derechos humanos.
Chris Newman, Director de Programas Legales de la Red Nacional de Jornaleros, en Los Ángeles, California, siente
que el reporte de Bustamante confirma las actuales condiciones existentes. “Este reporte reafirma lo que los
migrantes en los Estados Unidos han sabido por algún tiempo —a saber, la actual política migratoria de Estados
Unidos crea condiciones para que ocurran graves violaciones domésticas de derechos humanos. Los legisladores
del Congreso debían de ser prudentes en tomar el reporte del Relator Especial muy seriamente, y reparar las
alarmantes violaciones generalizadas cometidas en contra de los migrantes. Estamos particularmente complacidos
de que el reporte enfatice el perfil racial ilegal que resulta de los llamados acuerdos ‘287(g)’ de migración de los
cuerpos policíacos locales”.
Debido al gran número de problemas, Bustamante concluye que Estados Unidos ha fallado en adherirse a sus
obligaciones internacionales para darle una prioridad nacional a los derechos humanos de migrantes. El relator
sugiere que Estados Unidos debe de implementar una amplia y coordinada política nacional que se base en claras
obligaciones internacionales. Con excepción de ciertos derechos relacionados a la participación política, Bustamante
afirma que los migrantes deben tener las mismas protecciones de derechos humanos que los ciudadanos.
Las recomendaciones del reporte hacen hincapié en la necesidad de crear una institución federal con un mandato
exclusivamente dedicado a los derechos humanos de los inmigrantes, lo que resultaría en un organismo que en
realidad represente sus voces e inquietudes.
El reporte completo en inglés puede ser leído en este nexo: www2.ohchr.
org/english/bodies/hrcouncil/docs/7session/A-HRC-7-12-Add2.doc o en este anexo Reporte en PDF.
Phoenix, Arizona. Un reporte del
Relator Especial de la Organización de
las Naciones Unidas, cuya misión fue
indagar y examinar la situación de los
derechos humanos de migrantes que
viven en los Estados Unidos, concluyó
que existen aspectos muy
preocupantes en ese respecto.
Jorge Bustamante, enviado especial de
la Comisión de Derechos Humanos de
la ONU, documenta en su reporte que
las anomalías del trato de autoridades
hacia migrantes se centran en aspectos
específicos de políticas de deportación
y detención. Bustamante visitó áreas
de la frontera de Estados Unidos con
México, y ciudades como Los Ángeles,
Tucson, Nueva York y Atlanta.
Relator Especial de la Organización de
las Naciones Unidas, cuya misión fue
indagar y examinar la situación de los
derechos humanos de migrantes que
viven en los Estados Unidos, concluyó
que existen aspectos muy
preocupantes en ese respecto.
Jorge Bustamante, enviado especial de
la Comisión de Derechos Humanos de
la ONU, documenta en su reporte que
las anomalías del trato de autoridades
hacia migrantes se centran en aspectos
específicos de políticas de deportación
y detención. Bustamante visitó áreas
de la frontera de Estados Unidos con
México, y ciudades como Los Ángeles,
Tucson, Nueva York y Atlanta.
| Texto e imagen de Eduardo Barraza |
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