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Denuncia la ONU Serias Violaciones
a Derechos Humanos de Inmigrantes
Por Eduardo Barraza
BARRIOZONA
Marzo 10, 2008
Phoenix, Arizona. Un reporte del Relator Especial de la Organización de las Naciones Unidas, cuya misión fue indagar y
examinar la situación de los derechos humanos de migrantes que viven en los Estados Unidos, concluyó que existen
aspectos muy preocupantes en ese respecto.
Jorge Bustamante, enviado especial de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU, documenta en su reporte que
las anomalías del trato de autoridades hacia migrantes se centran en aspectos específicos de políticas de deportación y
detención. Bustamante visitó áreas de la frontera de Estados Unidos con México, y ciudades como Los Ángeles, Tucson,
Nueva York y Atlanta.
La Comisión es responsable de promover el respeto universal a la protección de todos los derechos humanos y las
libertades fundamentales de todas las personas, así como responder a violaciones de derechos y hacer
recomendaciones al respecto.
Entre las violaciones a los derechos humanos citadas, se encuentran la falta de un debido proceso legal para individuos
que no son ciudadanos y quienes están bajo un proceso de deportación, así como su habilidad para disputar la
legalidad o duración de su detención. Bustamante destaca que inmigrantes detenidos pasan días en reclusión solitaria,
con luces encendidas las 24 horas del día, y con frecuencia expuestos a condiciones extremas de calor o frío.
Las convenciones internacionales requieren que la decisión de detener a un inmigrante debe tratarse caso por caso, y
solamente después de haber hecho una evaluación de la necesidad funcional de detener a la persona. Esta evaluación
individual de casos —observa Bustamante— no parece ser suficiente, por lo que las actuales políticas de detención
constituyen serias violaciones partiendo de los modelos internacionales.
El reporte mantiene que las faltas relacionadas a las detenciones de inmigrantes son cometidas arbitrariamente. Entre
ellas se encuentran el no informar con prontitud a los individuos detenidos de los cargos en su contra, no presentarlos
ante una autoridad judicial, negarles libertad bajo fianza, someterlos a investigaciones sin supervisión judicial, y
negarles asesoría legal.
Salvador Reza, coordinador del Centro de Jornaleros Macehualli en Phoenix, Arizona, sostiene que existe una relación
entre el racismo de miembros de la sociedad y autoridades que abusan de los derechos humanos. “El reporte es
bueno, pero por su tono diplomático no ahonda tanto en el problema, pues creo que existe una conexión directa entre
las legislaturas estatales y el gobierno federal con los grupos de odio. Esto es algo que está engendrado desde arriba;
es un plan sofisticado para promover el odio contra el migrante.”
Bustamante expresa consternación, ya que asegura que la xenofobia y el racismo hacia inmigrantes en Estados Unidos
se han empeorado desde los ataques terroristas del 11 de septiembre. Señala que el clima de odio racial afecta
adversamente a varios sectores de la población inmigrante y tiene un efecto devastador en muchos de los miembros
más vulnerables de las comunidades de migrantes, incluyendo a niños y menores de edad sin familiares.
Yvonne Watterson, directora de la Escuela Secundaria de Adelanto Universitario Gateway, en Phoenix —donde asisten
jóvenes indocumentados y refugiados— dice que el efecto más significativo es la pérdida del sentido de estabilidad en
los estudiantes. “Ellos viven con temor de ser deportados” —revela Watterson. “Un reporte como este es vital, ya que nos
obliga a ver el trato que les estamos dando a estos niños inocentes”.
En la opinión de Stella Pope-Duarte, una educadora y escritora de Arizona, “los niños que por razón de las leyes actuales
de Arizona son separados de sus padres sufren muchísimo, no solamente a causa de la separación de sus
progenitores, sino también al convertirse en presa de extraños que pueden tomar ventaja de su vulnerabilidad, como se
ve cuando menores de edad sufren violaciones y rapto. Como educadora que soy —agrega— yo he visto a muchos
niños separados de sus familias debido a las leyes de inmigración injustas, y he visto muy de cerca la depresión, la
ansiedad y el trauma que es causado.” Pope-Duarte ha estado participando activamente en protestas y marchas
recientes en Phoenix.
El reporte muestra que Estados Unidos carece de una estrategia clara, consistente y de largo plazo para aumentar el
respeto a los derechos humanos de los migrantes. Aunque existen leyes nacionales que prohíben la discriminación, no
existe un marco legislativo de política nacional que implemente la protección de estos derechos humanos. Tal marco
ayudaría —agrega Bustamante— a comparar programas y estrategias federales y locales para ser evaluados y poder
medir en qué grado se están respetando los derechos humanos.
Chris Newman, Director de Programas Legales de la Red Nacional de Jornaleros, en Los Ángeles, California, siente
que el reporte de Bustamante confirma las actuales condiciones existentes. “Este reporte reafirma lo que los migrantes
en los Estados Unidos han sabido por algún tiempo —a saber, la actual política migratoria de Estados Unidos crea
condiciones para que ocurran graves violaciones domésticas de derechos humanos. Los legisladores del Congreso
debían de ser prudentes en tomar el reporte del Relator Especial muy seriamente, y reparar las alarmantes violaciones
generalizadas cometidas en contra de los migrantes. Estamos particularmente complacidos de que el reporte enfatice
el perfil racial ilegal que resulta de los llamados acuerdos ‘287(g)’ de migración de los cuerpos policíacos locales”.
Debido al gran número de problemas, Bustamante concluye que Estados Unidos ha fallado en adherirse a sus
obligaciones internacionales para darle una prioridad nacional a los derechos humanos de migrantes. El relator sugiere
que Estados Unidos debe de implementar una amplia y coordinada política nacional que se base en claras
obligaciones internacionales. Con excepción de ciertos derechos relacionados a la participación política, Bustamante
afirma que los migrantes deben tener las mismas protecciones de derechos humanos que los ciudadanos.
Las recomendaciones del reporte hacen hincapié en la necesidad de crear una institución federal con un mandato
exclusivamente dedicado a los derechos humanos de los inmigrantes, lo que resultaría en un organismo que en
realidad represente sus voces e inquietudes.
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