Georgia ignora duras lecciones de Arizona con ley de inmigración
Octubre 5, 2011
Publicado por el Instituto Hispano de Asuntos Sociales en Phoenix, Arizona
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Phoenix, Arizona – Ante la realidad demográfica y laboral de millones
de personas que viven y trabajan sin documentos en Estados
Unidos, así como la fallida política en torno a una cada vez más
lejana reforma migratoria, los estados continúan tomando el
complicado problema de inmigración ilegal en sus propias manos.
El año 2010 colocó a Arizona en el ojo del huracán gracias a su
famosa Ley SB 1070, la cual provocó protestas a favor y en contra,
así como la atención de los medios de comunicación internacionales.
Mediante la intervención del gobierno federal, esta ley —que en
teoría apuntaba hacia una persecución en contra de toda persona
indocumentada en Arizona— fue llevada a los tribunales y sus
estipulaciones más controversiales suspendidas temporalmente.
Difícilmente se hubiera podido suponer hace poco más de un año,
que otra ley pudiera rivalizar, ni mucho menos superar, a la SB 1070.
No obstante, el estado de Georgia formuló una ley más drástica que
la de Arizona, y a diferencia de lo que la corte logró en este estado,
Georgia superó los obstáculos jurídicos para poner en efecto su Ley
H.B. 87, la cual fue aprobada en abril de este año.
La H.B. 87 de Georgia, al igual que la SB 1070 de Arizona, convierte
en un crimen el acto de albergar o transportar a un inmigrante
indocumentado a sabiendas de su estatus, impone severos castigos
por proveer documentos falsos, y habilita a las agencias del orden
público a checar el estatus migratorio de cualquier persona de quien
exista una sospecha razonable de que se encuentra en el país sin
autorización.
La ley de Georgia también expande significativamente el requisito de
que los empleadores usen el sistema electrónico de verificación
federal conocido como E-Verify. Mediante ese sistema, quienes
contratan empleados pueden asegurarse de que una persona que
solicita empleo está autorizada.
Georgia replicó con mayor fuerza la ley de Arizona, pero parece
haber soslayado las consecuencias, principalmente de tipo
económico, que la SB 1070 acarreó en este estado. De acuerdo a un
reporte preparado por el Center for American Progress, las
consecuencias económicas y fiscales que la SB 1070 acarreó a
Arizona ascendieron a un total de $141 millones, producto tan sólo
de conferencias que se efectuarían en Arizona pero que fueron
canceladas. La cifra de las pérdidas generales en la producción
económica de Arizona ascendió a $253 millones en el tiempo que se
publicó dicho reporte.
Estados como Georgia y Arizona —así como gobiernos de varias
ciudades que también han aprobado sus propias leyes de
inmigración— no solamente han sentido las serias consecuencias
económicas sino que igualmente han incurrido en altos costos
legales para defenderse legalmente de la gran oposición que genera
este tipo de legislaciones controversiales.
Las consecuencias económicas que la implementación de esa ley
estatal en Georgia se estima traerá en materia de cosechas en el
presente año fueron estimadas en $300 millones por el Center for
American Progress. De acuerdo a esta institución, se estima que el
impacto en la economía de Georgia será de 1 billón de dólares.
Asimismo, los efectos de la ley causarán un número incalculable de
millones en pérdidas a las economías de pequeños poblados y
agricultores que dependen de la mano de obra de inmigrantes.
De acuerdo al centro, los efectos totales de la ley H.B. 87 no se
observarán por meses o incluso años, pero las conclusiones
preliminares presentadas en este reporte deben servir como una
advertencia de precaución para legisladores de otros estados que
estén considerando formular sus propias leyes anti-inmigrantes.
de personas que viven y trabajan sin documentos en Estados
Unidos, así como la fallida política en torno a una cada vez más
lejana reforma migratoria, los estados continúan tomando el
complicado problema de inmigración ilegal en sus propias manos.
El año 2010 colocó a Arizona en el ojo del huracán gracias a su
famosa Ley SB 1070, la cual provocó protestas a favor y en contra,
así como la atención de los medios de comunicación internacionales.
Mediante la intervención del gobierno federal, esta ley —que en
teoría apuntaba hacia una persecución en contra de toda persona
indocumentada en Arizona— fue llevada a los tribunales y sus
estipulaciones más controversiales suspendidas temporalmente.
Difícilmente se hubiera podido suponer hace poco más de un año,
que otra ley pudiera rivalizar, ni mucho menos superar, a la SB 1070.
No obstante, el estado de Georgia formuló una ley más drástica que
la de Arizona, y a diferencia de lo que la corte logró en este estado,
Georgia superó los obstáculos jurídicos para poner en efecto su Ley
H.B. 87, la cual fue aprobada en abril de este año.
La H.B. 87 de Georgia, al igual que la SB 1070 de Arizona, convierte
en un crimen el acto de albergar o transportar a un inmigrante
indocumentado a sabiendas de su estatus, impone severos castigos
por proveer documentos falsos, y habilita a las agencias del orden
público a checar el estatus migratorio de cualquier persona de quien
exista una sospecha razonable de que se encuentra en el país sin
autorización.
La ley de Georgia también expande significativamente el requisito de
que los empleadores usen el sistema electrónico de verificación
federal conocido como E-Verify. Mediante ese sistema, quienes
contratan empleados pueden asegurarse de que una persona que
solicita empleo está autorizada.
Georgia replicó con mayor fuerza la ley de Arizona, pero parece
haber soslayado las consecuencias, principalmente de tipo
económico, que la SB 1070 acarreó en este estado. De acuerdo a un
reporte preparado por el Center for American Progress, las
consecuencias económicas y fiscales que la SB 1070 acarreó a
Arizona ascendieron a un total de $141 millones, producto tan sólo
de conferencias que se efectuarían en Arizona pero que fueron
canceladas. La cifra de las pérdidas generales en la producción
económica de Arizona ascendió a $253 millones en el tiempo que se
publicó dicho reporte.
Estados como Georgia y Arizona —así como gobiernos de varias
ciudades que también han aprobado sus propias leyes de
inmigración— no solamente han sentido las serias consecuencias
económicas sino que igualmente han incurrido en altos costos
legales para defenderse legalmente de la gran oposición que genera
este tipo de legislaciones controversiales.
Las consecuencias económicas que la implementación de esa ley
estatal en Georgia se estima traerá en materia de cosechas en el
presente año fueron estimadas en $300 millones por el Center for
American Progress. De acuerdo a esta institución, se estima que el
impacto en la economía de Georgia será de 1 billón de dólares.
Asimismo, los efectos de la ley causarán un número incalculable de
millones en pérdidas a las economías de pequeños poblados y
agricultores que dependen de la mano de obra de inmigrantes.
De acuerdo al centro, los efectos totales de la ley H.B. 87 no se
observarán por meses o incluso años, pero las conclusiones
preliminares presentadas en este reporte deben servir como una
advertencia de precaución para legisladores de otros estados que
estén considerando formular sus propias leyes anti-inmigrantes.
Cebollas vidalia como estas son
pizcadas por inmigrantes en la
ciudad de Lyons, Georgia. La
agricultura de Georgia contribuye
anualmente con más de $65 billones
de dólares a la economía de Georgia.
Photo by Jeff Vanuga | NRCS
pizcadas por inmigrantes en la
ciudad de Lyons, Georgia. La
agricultura de Georgia contribuye
anualmente con más de $65 billones
de dólares a la economía de Georgia.
Photo by Jeff Vanuga | NRCS
Eduardo Barraza periodista y escritor
mexicano, editor de la revista Barriozona, y
director del Insituto Hispano de Asuntos
Sociales. E-mail: editor@barriozona.com
mexicano, editor de la revista Barriozona, y
director del Insituto Hispano de Asuntos
Sociales. E-mail: editor@barriozona.com
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