Gobierno de Obama Modifica Programa Federal Para
Detectar Criminales Indocumentados en las Cárceles
Detectar Criminales Indocumentados en las Cárceles
Mientras que Seguridad Nacional limita a agencias como el Departamento del Sheriff del Condado
Maricopa en el uso de la 287 (g), expande su latitud de detección de personas sin documentos en
centros carcelarios.
Maricopa en el uso de la 287 (g), expande su latitud de detección de personas sin documentos en
centros carcelarios.
Por Eduardo Barraza
Fotos Barriozona y Cortesía de ICE
Fotos Barriozona y Cortesía de ICE
Phoenix, Arizona Octubre 16, 2009 – Cuando se esperaba que la administración del Presidente Barack
Obama derogara el programa federal que autoriza a agencias policiacas locales a capturar a individuos
indocumentados y entregarlos al Departamento de Inmigración y Aduanas, el Departamento de
Seguridad Nacional anunció hoy la expansión de la sección 287 (g).
Janet Napolitano, Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y
John Morton, Secretario Adjunto, anunciaron en cambio nuevas iniciativas relacionadas a las reformas de
detención, así como la estandarización de los Memorándums de Acuerdo (MOA, por sus siglas en inglés)
con 67 agencias policiacas estatales y locales del país para participar en asociaciones con la 287 (g).
En julio pasado, la Secretaria Napolitano había anunciado que agencias recipientes de subsidios
federales y entrenamiento bajo la 287 (g) tendrían 90 días para llegar a nuevos acuerdos para terminar
con las irregularidades identificadas por auditores del Congreso y grupos civiles. La aplicación del
controversial programa ha estado plagada de acusaciones de abuso de autoridad, prácticas de perfil
racial y violaciones a los derechos civiles.
Oponentes de la 287 (g) han manifestado una creciente disconformidad a esta sección de la ley de
inmigración, y han denunciado redadas efectuadas en vecindarios con un alto índice de residentes
Latinos y otras minorías étnicas, donde autoridades aliadas con ICE patrullan las calles y detienen
conductores que incurren en ofensas menores de tránsito, con el fin de capturar a inmigrantes sin
documentos legales.
En el Condado Maricopa, en la parte media central del estado de Arizona, el Departamento del Sheriff de
esta jurisdicción ha sido la agencia policiaca que se ha avocado más rigurosamente a la aplicación de la
287 (g). Esto ha llevado a una serie de protestas y demandas legales en contra del sheriff debido a su
flagrante aplicación del programa y la cuestionable manera de fijar como objetivo a personas que, de
acuerdo a oficiales del sheriff, concuerdan con cierta apariencia racial y económica que les da a entender
que carecen de estatus legal en el país.
A pesar del antagonismo hacia la 287 (g), lejos de eliminarlo, el Departamento de Seguridad Nacional lo
ha modificado con el fin de aplicarlo a aquellos que cometan delitos serios relacionados al tráfico de
drogas o crímenes violentos, particularmente a aquellos que se ya encuentran recluidos en instalaciones
penitenciarias.
La modificación de la 287 (g) por parte del DHS limita particularmente la autoridad que se le había
otorgado al Departamento del Sheriff del Condado Maricopa (MCSO, por sus siglas en inglés), cuyas
operaciones de detección de indocumentados le ha acarreado innumerables denuncias así como tres
investigaciones federales.
El nuevo enfoque del DHS para la 287 (g) es el expandir verificaciones del estatus migratorio de
personas recluidas en las cárceles, con el fin de identificar y sacar fuera del país a quienes hayan
cometido crímenes serios. A pesar de que las detenciones en las calles han sido las que han causado la
mayor controversia, la gran mayoría de inmigrantes sin documentos que han sido descubiertos mediante
este programa federal al ingresar a centros de detención.
En base a lo anterior, el gobierno federal continuará operando la sección 287 (g) con un total de 67
agencias policiacas estatales y locales. En Arizona, estado que se ha considerado uno de los más
convulsionados en torno al tema de la inmigración indocumentada, las agencias participantes incluyen al
Departamento del Sheriff y las Cárceles del Condado Pima; las Cárceles del Condado Maricopa; el
Departamento Estatal de Correcciones; el Departamento Estatal de Seguridad Pública; así como el
Departamento del Sheriff y las Cárceles del Condado Yavapai. Se ha llegado a acuerdos también que
están en espera de la aprobación para su renovación con los Departamentos de la Policía de Ciudades
de Phoenix, Mesa, y Florence.
La red nacional de la sección 287 (g) se extiende en 20 estados que incluyen a Alabama, Arkansas,
Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Maryland,
Minnesota, Nevada, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Ohio, Rhode Island, Tennessee, Utah, y Virginia.
Obama derogara el programa federal que autoriza a agencias policiacas locales a capturar a individuos
indocumentados y entregarlos al Departamento de Inmigración y Aduanas, el Departamento de
Seguridad Nacional anunció hoy la expansión de la sección 287 (g).
Janet Napolitano, Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y
John Morton, Secretario Adjunto, anunciaron en cambio nuevas iniciativas relacionadas a las reformas de
detención, así como la estandarización de los Memorándums de Acuerdo (MOA, por sus siglas en inglés)
con 67 agencias policiacas estatales y locales del país para participar en asociaciones con la 287 (g).
En julio pasado, la Secretaria Napolitano había anunciado que agencias recipientes de subsidios
federales y entrenamiento bajo la 287 (g) tendrían 90 días para llegar a nuevos acuerdos para terminar
con las irregularidades identificadas por auditores del Congreso y grupos civiles. La aplicación del
controversial programa ha estado plagada de acusaciones de abuso de autoridad, prácticas de perfil
racial y violaciones a los derechos civiles.
Oponentes de la 287 (g) han manifestado una creciente disconformidad a esta sección de la ley de
inmigración, y han denunciado redadas efectuadas en vecindarios con un alto índice de residentes
Latinos y otras minorías étnicas, donde autoridades aliadas con ICE patrullan las calles y detienen
conductores que incurren en ofensas menores de tránsito, con el fin de capturar a inmigrantes sin
documentos legales.
En el Condado Maricopa, en la parte media central del estado de Arizona, el Departamento del Sheriff de
esta jurisdicción ha sido la agencia policiaca que se ha avocado más rigurosamente a la aplicación de la
287 (g). Esto ha llevado a una serie de protestas y demandas legales en contra del sheriff debido a su
flagrante aplicación del programa y la cuestionable manera de fijar como objetivo a personas que, de
acuerdo a oficiales del sheriff, concuerdan con cierta apariencia racial y económica que les da a entender
que carecen de estatus legal en el país.
A pesar del antagonismo hacia la 287 (g), lejos de eliminarlo, el Departamento de Seguridad Nacional lo
ha modificado con el fin de aplicarlo a aquellos que cometan delitos serios relacionados al tráfico de
drogas o crímenes violentos, particularmente a aquellos que se ya encuentran recluidos en instalaciones
penitenciarias.
La modificación de la 287 (g) por parte del DHS limita particularmente la autoridad que se le había
otorgado al Departamento del Sheriff del Condado Maricopa (MCSO, por sus siglas en inglés), cuyas
operaciones de detección de indocumentados le ha acarreado innumerables denuncias así como tres
investigaciones federales.
El nuevo enfoque del DHS para la 287 (g) es el expandir verificaciones del estatus migratorio de
personas recluidas en las cárceles, con el fin de identificar y sacar fuera del país a quienes hayan
cometido crímenes serios. A pesar de que las detenciones en las calles han sido las que han causado la
mayor controversia, la gran mayoría de inmigrantes sin documentos que han sido descubiertos mediante
este programa federal al ingresar a centros de detención.
En base a lo anterior, el gobierno federal continuará operando la sección 287 (g) con un total de 67
agencias policiacas estatales y locales. En Arizona, estado que se ha considerado uno de los más
convulsionados en torno al tema de la inmigración indocumentada, las agencias participantes incluyen al
Departamento del Sheriff y las Cárceles del Condado Pima; las Cárceles del Condado Maricopa; el
Departamento Estatal de Correcciones; el Departamento Estatal de Seguridad Pública; así como el
Departamento del Sheriff y las Cárceles del Condado Yavapai. Se ha llegado a acuerdos también que
están en espera de la aprobación para su renovación con los Departamentos de la Policía de Ciudades
de Phoenix, Mesa, y Florence.
La red nacional de la sección 287 (g) se extiende en 20 estados que incluyen a Alabama, Arkansas,
Carolina del Norte, Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Maryland,
Minnesota, Nevada, Nueva Hampshire, Nueva Jersey, Ohio, Rhode Island, Tennessee, Utah, y Virginia.
Eduardo Barraza periodista y escritor
mexicano, editor de la revista Barriozona, y
director del Insituto Hispano de Asuntos
Sociales. E-mail: editor@barriozona.com
mexicano, editor de la revista Barriozona, y
director del Insituto Hispano de Asuntos
Sociales. E-mail: editor@barriozona.com
| Hispanic Institute of Social Issues © 2006-2011 All rights reserved. webmaster@hisi.org |
| ANUNCIO |
Publicado por el Instituto Hispano de Asuntos Sociales en Phoenix, Arizona
| LA HISTORIA ESTÁ A PUNTO DE CAMBIAR Periodismo de Base Comunitaria |
|
