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Gobierno de Obama modifica programa federal para detectar
criminales indocumentados en las cárceles
criminales indocumentados en las cárceles
Por Eduardo Barraza
BARRIOZONA
Octubre 16, 2009
Phoenix, Arizona – Cuando se esperaba que la administración del Presidente Barack Obama derogara el programa
federal que autoriza a agencias policiacas locales a capturar a individuos indocumentados y entregarlos al
Departamento de Inmigración y Aduanas, el Departamento de Seguridad Nacional anunció hoy la expansión de la
sección 287 (g).
Janet Napolitano, Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y John Morton,
Secretario Adjunto, anunciaron en cambio nuevas iniciativas relacionadas a las reformas de detención, así como la
estandarización de los Memorándums de Acuerdo (MOA, por sus siglas en inglés) con 67 agencias policiacas estatales
y locales del país para participar en asociaciones con la 287 (g).
En julio pasado, la Secretaria Napolitano había anunciado que agencias recipientes de subsidios federales y
entrenamiento bajo la 287 (g) tendrían 90 días para llegar a nuevos acuerdos para terminar con las irregularidades
identificadas por auditores del Congreso y grupos civiles. La aplicación del controversial programa ha estado plagada
de acusaciones de abuso de autoridad, prácticas de perfil racial y violaciones a los derechos civiles.
Oponentes de la 287 (g) han manifestado una creciente disconformidad a esta sección de la ley de inmigración, y han
denunciado redadas efectuadas en vecindarios con un alto índice de residentes Latinos y otras minorías étnicas, donde
autoridades aliadas con ICE patrullan las calles y detienen conductores que incurren en ofensas menores de tránsito,
con el fin de capturar a inmigrantes sin documentos legales.
En el Condado Maricopa, en la parte media central del estado de Arizona, el Departamento del Sheriff de esta
jurisdicción ha sido la agencia policiaca que se ha avocado más rigurosamente a la aplicación de la 287 (g). Esto ha
llevado a una serie de protestas y demandas legales en contra del sheriff debido a su flagrante aplicación del programa
y la cuestionable manera de fijar como objetivo a personas que, de acuerdo a oficiales del sheriff, concuerdan con cierta
apariencia racial y económica que les da a entender que carecen de estatus legal en el país.
A pesar del antagonismo hacia la 287 (g), lejos de eliminarlo, el Departamento de Seguridad Nacional lo ha modificado
con el fin de aplicarlo a aquellos que cometan delitos serios relacionados al tráfico de drogas o crímenes violentos,
particularmente a aquellos que se ya encuentran recluidos en instalaciones penitenciarias.
La modificación de la 287 (g) por parte del DHS limita particularmente la autoridad que se le había otorgado al
Departamento del Sheriff del Condado Maricopa (MCSO, por sus siglas en inglés), cuyas operaciones de detección de
indocumentados le ha acarreado innumerables denuncias así como tres investigaciones federales.
El nuevo enfoque del DHS para la 287 (g) es el expandir verificaciones del estatus migratorio de personas recluidas en
las cárceles, con el fin de identificar y sacar fuera del país a quienes hayan cometido crímenes serios. A pesar de que
las detenciones en las calles han sido las que han causado la mayor controversia, la gran mayoría de inmigrantes sin
documentos que han sido descubiertos mediante este programa federal al ingresar a centros de detención.
En base a lo anterior, el gobierno federal continuará operando la sección 287 (g) con un total de 67 agencias policiacas
estatales y locales. En Arizona, estado que se ha considerado uno de los más convulsionados en torno al tema de la
inmigración indocumentada, las agencias participantes incluyen al Departamento del Sheriff y las Cárceles del Condado
Pima; las Cárceles del Condado Maricopa; el Departamento Estatal de Correcciones; el Departamento Estatal de
Seguridad Pública; así como el Departamento del Sheriff y las Cárceles del Condado Yavapai. Se ha llegado a acuerdos
también que están en espera de la aprobación para su renovación con los Departamentos de la Policía de Ciudades de
Phoenix, Mesa, y Florence.
La red nacional de la sección 287 (g) se extiende en 20 estados que incluyen a Alabama, Arkansas, Carolina del Norte,
Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Maryland, Minnesota, Nevada, Nueva Hampshire,
Nueva Jersey, Ohio, Rhode Island, Tennessee, Utah, y Virginia.
Copyright © 2009 Hispanic Institute of Social Issues
BARRIOZONA
Octubre 16, 2009
Phoenix, Arizona – Cuando se esperaba que la administración del Presidente Barack Obama derogara el programa
federal que autoriza a agencias policiacas locales a capturar a individuos indocumentados y entregarlos al
Departamento de Inmigración y Aduanas, el Departamento de Seguridad Nacional anunció hoy la expansión de la
sección 287 (g).
Janet Napolitano, Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) y John Morton,
Secretario Adjunto, anunciaron en cambio nuevas iniciativas relacionadas a las reformas de detención, así como la
estandarización de los Memorándums de Acuerdo (MOA, por sus siglas en inglés) con 67 agencias policiacas estatales
y locales del país para participar en asociaciones con la 287 (g).
En julio pasado, la Secretaria Napolitano había anunciado que agencias recipientes de subsidios federales y
entrenamiento bajo la 287 (g) tendrían 90 días para llegar a nuevos acuerdos para terminar con las irregularidades
identificadas por auditores del Congreso y grupos civiles. La aplicación del controversial programa ha estado plagada
de acusaciones de abuso de autoridad, prácticas de perfil racial y violaciones a los derechos civiles.
Oponentes de la 287 (g) han manifestado una creciente disconformidad a esta sección de la ley de inmigración, y han
denunciado redadas efectuadas en vecindarios con un alto índice de residentes Latinos y otras minorías étnicas, donde
autoridades aliadas con ICE patrullan las calles y detienen conductores que incurren en ofensas menores de tránsito,
con el fin de capturar a inmigrantes sin documentos legales.
En el Condado Maricopa, en la parte media central del estado de Arizona, el Departamento del Sheriff de esta
jurisdicción ha sido la agencia policiaca que se ha avocado más rigurosamente a la aplicación de la 287 (g). Esto ha
llevado a una serie de protestas y demandas legales en contra del sheriff debido a su flagrante aplicación del programa
y la cuestionable manera de fijar como objetivo a personas que, de acuerdo a oficiales del sheriff, concuerdan con cierta
apariencia racial y económica que les da a entender que carecen de estatus legal en el país.
A pesar del antagonismo hacia la 287 (g), lejos de eliminarlo, el Departamento de Seguridad Nacional lo ha modificado
con el fin de aplicarlo a aquellos que cometan delitos serios relacionados al tráfico de drogas o crímenes violentos,
particularmente a aquellos que se ya encuentran recluidos en instalaciones penitenciarias.
La modificación de la 287 (g) por parte del DHS limita particularmente la autoridad que se le había otorgado al
Departamento del Sheriff del Condado Maricopa (MCSO, por sus siglas en inglés), cuyas operaciones de detección de
indocumentados le ha acarreado innumerables denuncias así como tres investigaciones federales.
El nuevo enfoque del DHS para la 287 (g) es el expandir verificaciones del estatus migratorio de personas recluidas en
las cárceles, con el fin de identificar y sacar fuera del país a quienes hayan cometido crímenes serios. A pesar de que
las detenciones en las calles han sido las que han causado la mayor controversia, la gran mayoría de inmigrantes sin
documentos que han sido descubiertos mediante este programa federal al ingresar a centros de detención.
En base a lo anterior, el gobierno federal continuará operando la sección 287 (g) con un total de 67 agencias policiacas
estatales y locales. En Arizona, estado que se ha considerado uno de los más convulsionados en torno al tema de la
inmigración indocumentada, las agencias participantes incluyen al Departamento del Sheriff y las Cárceles del Condado
Pima; las Cárceles del Condado Maricopa; el Departamento Estatal de Correcciones; el Departamento Estatal de
Seguridad Pública; así como el Departamento del Sheriff y las Cárceles del Condado Yavapai. Se ha llegado a acuerdos
también que están en espera de la aprobación para su renovación con los Departamentos de la Policía de Ciudades de
Phoenix, Mesa, y Florence.
La red nacional de la sección 287 (g) se extiende en 20 estados que incluyen a Alabama, Arkansas, Carolina del Norte,
Carolina del Sur, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Georgia, Maryland, Minnesota, Nevada, Nueva Hampshire,
Nueva Jersey, Ohio, Rhode Island, Tennessee, Utah, y Virginia.
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Mientras que Seguridad Nacional limita a agencias como el Departamento del Sheriff del Condado
Maricopa en el uso de la 287 (g), expande su latitud de detección de personas sin documentos en
centros carcelarios.
Maricopa en el uso de la 287 (g), expande su latitud de detección de personas sin documentos en
centros carcelarios.
