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ICE aumenta auditorías a empleadores para verificar
contratación legal de trabajadores
contratación legal de trabajadores
Por Eduardo Barraza
BARRIOZONA
Noviembre 19, 2009
Phoenix, Arizona – Por segunda ocasión desde que autoridades federales de inmigración restringieran su autoridad en
asuntos migratorios, el Departamento del Sheriff del Condado Maricopa (MSCO) desplegó otra redada para arrestar a
personas sospechosas de estar en el país sin documentos.
La nueva operación contó con el destacamento usual de 200 elementos del MCSO entre oficiales y voluntarios, así como
esta vez con el uso de helicópteros. De acuerdo a un comunicado emitido por la oficina de prensa del Sheriff, en un
lapso de 48 horas se arrestaron a 37 personas que no pudieron establecer su estatus legal.
El operativo, el número 13 de este tipo, detuvo además a otros 14 individuos, incluyendo a tres soldados del Ejército de
Estados Unidos que fueron sorprendidos en posesión de más de 300 kilos de marihuana y $10,000.00 en efectivo.
El MCSO, comandado por quien se autodenomina “el alguacil más riguroso de Estados Unidos”, Joe Arpaio, desplegó
el operativo en busca de traficantes de humanos basándose en la aplicación de una ley estatal de Arizona conocida
como “ley anti-coyote”.
La ley autoriza a agencias policíacas a imputar cargos no solamente en contra de los traficantes de indocumentados,
sino también en contra de quienes los contratan para adentrase al país sin autorización del gobierno federal. La ofensa
es considerada un delito grave clase cuatro.
Al concluir la operación, el MCSO reportó que de los 37 individuos arrestados bajo sospecha de no contar con
documentos legales, 34 serán acusados bajo la ley anti-coyote, mientras que los tres restantes fueron entregados al
Servicio de Inmigración y Aduana de Estados Unidos (ICE).
Se recordará que el magistrado del Tribunal Superior de Maricopa Thomas O’Toole, aseveró que la aplicación de dicha
ley puede hacerse valer también en contra de quienes conspiran junto con el traficante o coyote para cruzarse a territorio
estadounidense. De acuerdo con el dictamen del juez, la ley estatal deja en claro que cuando dos o más personas se
involucran en una actividad con el fin de quebrantar una ley, el hecho constituye un acto de conspiración. O’Toole agregó
que la ley federal no le impide a los estados imponer sus propias regulaciones.
El Sheriff Arpaio se refirió a las controversiales tácticas de su departamento, las cuales le han acarreado serias
acusaciones de practicar el perfil racial al declarar que “es durante las infracciones menores de tránsito como traer un
parabrisas quebrado o luces traseras fundidas del auto que los oficiales se encuentran a ofensores de crímenes más
graves como traficantes de droga o de humanos, y aún tal vez asesinos”.
Dicha estrategia empleada por el MCSO durante todos los operativos ha generado fuertes protestas y marchas por parte
de grupos defensores de los derechos civiles, quienes han acusado al sheriff de fijar como objetivo a individuos en
base a su apariencia, y con el fin de hacer cumplir leyes de inmigración.
Actualmente, el MCSO está bajo el escrutinio de investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos para
averiguar si dichas acusaciones de perfil racial pueden ser comprobadas. Por su parte, la Unión Americana de
Libertades Civiles (ACLU) ha interpuesto demandas al departamento del sheriff acusándolo de cometer abusos durante
en la aplicación del programa 287(g).
Arpaio, titular de policía municipal de Maricopa durante 17 años, aprovechó la oportunidad para reiterar que no obstante
el “criticismo de sus operaciones de supresión del crimen por parte de la administración de (el presidente) Obama, y del
Departamento de Seguridad Nacional (DHS), otros políticos y algunos medios informativos, él continuará estos tipos de
operaciones y haciendo cumplir todos los aspectos de la ley de inmigración”.
Entre los detenidos se encuentran Bertha Barrios, de 34 años de edad, a quien le imputaron cuatro cargos por delitos
graves: lavado de dinero; control de una empresa ilegal; asistir a un sindicato criminal; y conspiración para cometer
tráfico de humanos. Otro detenido fue Jerónimo Rodríguez, de 46 años, a quien se le imputó un cargo de conspiración
para cometer tráfico de humanos.
Copyright © 2009 Hispanic Institute of Social Issues
BARRIOZONA
Noviembre 19, 2009
Phoenix, Arizona – Por segunda ocasión desde que autoridades federales de inmigración restringieran su autoridad en
asuntos migratorios, el Departamento del Sheriff del Condado Maricopa (MSCO) desplegó otra redada para arrestar a
personas sospechosas de estar en el país sin documentos.
La nueva operación contó con el destacamento usual de 200 elementos del MCSO entre oficiales y voluntarios, así como
esta vez con el uso de helicópteros. De acuerdo a un comunicado emitido por la oficina de prensa del Sheriff, en un
lapso de 48 horas se arrestaron a 37 personas que no pudieron establecer su estatus legal.
El operativo, el número 13 de este tipo, detuvo además a otros 14 individuos, incluyendo a tres soldados del Ejército de
Estados Unidos que fueron sorprendidos en posesión de más de 300 kilos de marihuana y $10,000.00 en efectivo.
El MCSO, comandado por quien se autodenomina “el alguacil más riguroso de Estados Unidos”, Joe Arpaio, desplegó
el operativo en busca de traficantes de humanos basándose en la aplicación de una ley estatal de Arizona conocida
como “ley anti-coyote”.
La ley autoriza a agencias policíacas a imputar cargos no solamente en contra de los traficantes de indocumentados,
sino también en contra de quienes los contratan para adentrase al país sin autorización del gobierno federal. La ofensa
es considerada un delito grave clase cuatro.
Al concluir la operación, el MCSO reportó que de los 37 individuos arrestados bajo sospecha de no contar con
documentos legales, 34 serán acusados bajo la ley anti-coyote, mientras que los tres restantes fueron entregados al
Servicio de Inmigración y Aduana de Estados Unidos (ICE).
Se recordará que el magistrado del Tribunal Superior de Maricopa Thomas O’Toole, aseveró que la aplicación de dicha
ley puede hacerse valer también en contra de quienes conspiran junto con el traficante o coyote para cruzarse a territorio
estadounidense. De acuerdo con el dictamen del juez, la ley estatal deja en claro que cuando dos o más personas se
involucran en una actividad con el fin de quebrantar una ley, el hecho constituye un acto de conspiración. O’Toole agregó
que la ley federal no le impide a los estados imponer sus propias regulaciones.
El Sheriff Arpaio se refirió a las controversiales tácticas de su departamento, las cuales le han acarreado serias
acusaciones de practicar el perfil racial al declarar que “es durante las infracciones menores de tránsito como traer un
parabrisas quebrado o luces traseras fundidas del auto que los oficiales se encuentran a ofensores de crímenes más
graves como traficantes de droga o de humanos, y aún tal vez asesinos”.
Dicha estrategia empleada por el MCSO durante todos los operativos ha generado fuertes protestas y marchas por parte
de grupos defensores de los derechos civiles, quienes han acusado al sheriff de fijar como objetivo a individuos en
base a su apariencia, y con el fin de hacer cumplir leyes de inmigración.
Actualmente, el MCSO está bajo el escrutinio de investigadores del Departamento de Justicia de Estados Unidos para
averiguar si dichas acusaciones de perfil racial pueden ser comprobadas. Por su parte, la Unión Americana de
Libertades Civiles (ACLU) ha interpuesto demandas al departamento del sheriff acusándolo de cometer abusos durante
en la aplicación del programa 287(g).
Arpaio, titular de policía municipal de Maricopa durante 17 años, aprovechó la oportunidad para reiterar que no obstante
el “criticismo de sus operaciones de supresión del crimen por parte de la administración de (el presidente) Obama, y del
Departamento de Seguridad Nacional (DHS), otros políticos y algunos medios informativos, él continuará estos tipos de
operaciones y haciendo cumplir todos los aspectos de la ley de inmigración”.
Entre los detenidos se encuentran Bertha Barrios, de 34 años de edad, a quien le imputaron cuatro cargos por delitos
graves: lavado de dinero; control de una empresa ilegal; asistir a un sindicato criminal; y conspiración para cometer
tráfico de humanos. Otro detenido fue Jerónimo Rodríguez, de 46 años, a quien se le imputó un cargo de conspiración
para cometer tráfico de humanos.
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empleadores que contratan trabajadores no autorizados.
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