Napolitano Esboza Plan de Reforma Migratoria
Destinada Para Solicitantes sin Antecedentes Penales
Destinada Para Solicitantes sin Antecedentes Penales
La Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos advierte sobre las bases para
una reforma de inmigración, así como la necesidad de que el Congreso estadounidense la apruebe.
una reforma de inmigración, así como la necesidad de que el Congreso estadounidense la apruebe.
Por Eduardo Barraza
Foto Cortesía de DHS
Foto Cortesía de DHS
Phoenix, Arizona – Noviembre 8, 2009. A casi un año de que el Presidente Barack Obama juramentara
como presidente de EE.UU., Janet Napolitano, Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de
Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) presentó el 5 de noviembre su proyecto de reforma
migratoria, mismo que se preparó en base de sugerencias e ideas presentadas por grupos defensores
de los inmigrantes, políticos, dirigentes religiosos, abogados y sindicalistas, entre otros.
Napolitano habló ante el Centro para el Progreso de Estados Unidos (CAP, por sus siglas en inglés), foro
desde el cual se dirigió a los miembros del Congreso estadounidense urgiéndolos al debate y la
aprobación de una reforma de inmigración. Napolitano dejó claro que una nueva legislación migratoria
solamente consideraría a individuos sin antecedentes penales, entre otros requisitos para obtener la
residencia legal.
La crisis económica por la que atraviesa el país fue citada por Napolitano, quien aludió, en términos de
prioridades, que el gobierno del presidente Obama está actualmente concentrado en evitar que la
situación del sistema financiero nacional se empeore.
Para la administración del presidente, una de las prioridades en lo que va de estos primeros diez meses
de gobierno ha sido darle un giro al rumbo de la economía y tratar frenar la pérdida de millones de
empleos. La titular de seguridad nacional explicó lo anterior para dar a entender algunas de las causas
del aplazamiento de una solución migratoria para los 12 millones de personas que se calcula viven en el
país. También enfatizó la necesidad de que se resuelva el estatus migratorio de estos individuos para
que se integren legalmente a la economía estadounidense.
La aprobación de una legislación que diera paso a la esperada reforma migratoria consiste en la
obtención de 215 votos por parte de los miembros de la Cámara de Representantes y 60 por parte del
Senado estadounidense. En la actualidad, esa cantidad de votos parece remota ya que los políticos
demócratas deben de tener suficiente respaldo de sus colegas del partido republicano.
La falta de consenso entre políticos de ambos partidos ha sido característica en previos debates, como
se atestiguó en 2006 y 2007. Los políticos republicanos, lejos de buscar la legalización de los
inmigrantes sin documentos, se manifestaron en favor de la intensificación de las medidas de control
migratorio para, según ellos, evitar que más personas sigan ingresando al país sin autorización.
Napolitano mencionó que las medidas buscadas ya están puestas en vigor, y que ahora se debe dar
paso a adoptar nuevas leyes de inmigración para promover la seguridad interna y legalizar a los millones
de indocumentados. Sin embargo, aunque se contempla que el gobierno podría debatir sobre esto el
próximo año, las elecciones de congresistas del 2010 pueden tomar relevancia sobre la búsqueda de
una reforma migratoria. En base a tendencias actuales, se pronostica que los votantes beneficiarían con
su voto a candidatos republicanos por encima de los demócratas.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional ha estado enfocado en aplicar estrictos sistemas
de seguridad a lo largo de la frontera Estados Unidos-México. Según datos gubernamentales, gracias al
destacamento de más agentes fronterizos así como a la implementación de sofisticados sistemas de
seguridad, entre otros recursos adicionales, se ha logrado disminuir el flujo de personas que ingresan al
país sin documentos. Napolitano precisó que estas medidas deben de ser aprovechadas por el Congreso
de EE.UU. mediante la implementación de una reforma de migración, la cual contemplaría la legalización
de millones de personas y el castigo para quienes traten de violar la ley después de la aprobación de la
reforma.
La Ley conocida como Simpson-Rodino que dispuso una amnistía migratoria en 1986, habiendo sido
aprobada por el Congreso, abrió la puerta de la legalidad a más de 3 millones de personas que vivían sin
documentados en este país en la década de los 80s. Sin embargo, a causa del antiguo control fronterizo
de aquellos años, se permitió el continuo ingreso millones más de inmigrantes sin documentos. Cabe
aclarar que muchas personas que pudieron haberse beneficiado de esa amnistía quedaron sin
regularizar su estatus, debido al mal manejo de sus casos por parte individuos sin escrúpulos.
Napolitano mencionó que una amnistía sin los debidos controles fronterizos generó la situación actual en
donde 12 millones de personas viven y trabajan sin la autorización debida, hecho que según Napolitano,
contribuyó a la erosión de la confianza de millones de norteamericanos.
Con la renovación y ampliación del programa conocido como E-verify, implementado durante el gobierno
del presidente George W. Bush, la administración de Obama pretende que todas las compañías que
emplean a trabajadores verifiquen si los candidatos a un puesto cuentan con la documentación que los
acredite como autorizados para trabajar.
La secretaria de Seguridad Nacional enfatizó que su departamento hará cumplir las leyes federales para
tratar de evitar la inmigración indocumentada. Napolitano reconoció que en vez de continuar efectuando
redadas en los centros de empleo, el gobierno de Obama ha optado por la utilización del sistema E-verify
para obligar a los empleadores a no contratar trabajadores que carecen de documentos. Según cifras del
gobierno, 167 mil compañías han participado en este sistema de verificación en un total de 639 mil
centros de empleo, lo cual ha logrado la revisión de millones de documentos de solicitantes de empleo.
A pesar de la gran oposición para la edificación del muro fronterizo, el Congreso estadounidense aprobó
su construcción después de las protestas multitudinarias a favor de una reforma, y del fracaso del
debate migratorio en 2007. La impresionante y costosa barrera fronteriza que se extiende a lo largo de
1,200 kilómetros y dividida en varios segmentos, no ha garantizado ni detenido el constate flujo de
inmigración indocumentada. Napolitano no indicó si el proyecto de finalización del muro será modificado o
no.
Contrario a toda la retorica en torno a las redadas, estas continúan casi en todo el país. Sin embargo,
según Napolitano estas operaciones se “han transformado” en el sentido en que no se dan a conocer
con amplitud a los medios, como sucedió durante en 2006 y 2008. La secretaria enfatizó que en la
administración de Obama, el enfoque está en las compañías empleadoras y en realizar auditorías a
quienes aún contratan a trabajadores sin documentos.
Otro aspecto de la situación relacionada a la inmigración es el aspecto de los antecedentes penales.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, se ha identificado a más de 111,000 extranjeros con
documentos y sin ellos que tienen antecedentes penales, y que actualmente cumplen condenas en
centros de detención en los 50 estados del país. Los individuos que no son ciudadanos y que cumplen
sus sentencias son y serán sujetos a un proceso de deportación, hecho que los expertos coinciden en
señalar tiene la intención de “limpiar” el país de extranjeros con antecedentes penales antes de que
comienza el debate para una reforma migratoria.
Para trabajadores que no cuentan con papeles legales, la situación se torna bastante difícil, ya que
Napolitano indicó que su departamento está exponiendo a un exhaustivo escrutinio a los archivos de
empleadores de quienes se sospecha contratan a indocumentados para lucrar de la mano de obra
barata y clandestina, y así ahorrarse miles, sino es que millones de dólares.
El Departamento de Seguridad Nacional admitió por medio de su titular que en julio de 2009 se llevaron
a cabo más auditorías a empleadores dudosos en un solo día, que el número total de redadas que se
realizaron durante el periodo fiscal de 2008. El número total de personas que fueron deportadas en
2008 fue de 360,000, producto de 32 mil trabajadores arrestados, y 1,200 redadas.
Napolitano proyecta que si se cumple con el plan de seguridad nacional, habrá un proceso de
legalización de indocumentados que cumplan con ciertos requisitos estrictos, lo cual les otorgaría una
tarjeta de residencia permanente.
El plan esbozado por Napolitano contempla establecer principios legales que permitan que millones de
individuos sin documentos salgan a la luz de la legalidad, demandando que se registren para cumplir
como contribuyentes de impuestos y que cumplan con el pago de las respectivas multas, y así poder
obtener su estatus legal. Hace dos años, el Senado estadounidense mencionó el plan de establecer
multas de miles de dólares para quienes soliciten una residencia legal.
El plan, expresó Napolitano, “incluye un compromiso para lograr un cumplimiento de la ley serio y
efectivo, mejorar el flujo legal para las familias y sus trabajadores, y una firme como justa manera de
tratar con aquellas personas que ya están aquí (en Estados Unidos). Esa es la manera en que este
problema debe ser resuelto –subrayó Napolitano– ya que necesitamos todos esos tres aspectos para
edificar un sistema exitoso. Esta medida tienen en su núcleo la convicción de que debemos de demandar
la responsabilidad de todos aquellos involucrados en este sistema: los inmigrantes, los empleadores y el
gobierno. Y eso comienza con un cumplimiento de la ley justo y confiable”, puntualizó.
Los antecedentes penales serán un factor determinante en quiénes podrán obtener un estatus legal y
quiénes no. Napolitano no precisó qué tipo de delitos o crímenes excluirán de la reforma a aquellos que
tienen antecedentes penales, solamente esbozó la reforma para quienes no tienen antecedentes
penales. Sin embargo, todos quienes soliciten su residencia deberán registrarse obligatoriamente, pagar
una multa y estar sujetos a un escrutinio de sus antecedentes penales, cumplir con sus declaraciones de
impuestos sobre el ingreso y aprender el idioma inglés. El Congreso pudiera agregar aún más requisitos
de aprobar la reforma.
El escrutinio al cual serán sometidos todos quienes busquen legalizarse mediante la reforma será
exhaustivo, y será realizado mediante la amplia red de verificación de datos con que cuenta Estados
Unidos, la cual rastrea en detalle cualquier actividad delictuosa que haya sido registrada.
Supuestamente, esas bases de datos pudieran incluso indagar antecedentes penales en el país de
origen del solicitante.
De consumarse la reforma migratoria, Napolitano afirma que generaría un beneficio para todos las partes
involucradas, incluyendo al Departamento de Seguridad Nacional, ya que estima que habrá más control
al saber quiénes se encuentran en el país. Los sindicatos se verían supuestamente beneficiados ya que
la legalización aumentaría el pago de cuotas por parte de los trabajadores, y los empleadores, ya que
así evitarán las multas por contratar trabajadores sin documentos. Y, desde luego, en forma directa a los
12 millones de personas que viven sin documentos en el país. La legalización también contaría con ayuda
a los trabajadores agrícolas temporales que tiene visas tipo H2.
Debido a los fraudes por parte de abogados y otros individuos que buscan lucrar con el proceso de
solicitud de residencia, Napolitano contempla imponer fuertes castigos a quienes defrauden a los
solicitantes y que les ofrezcan atajos administrativos inexistentes y fuera del marco de la esperada ley
de inmigración.
A pesar de los grandes retos y obstáculos para lograr una reforma migratoria, la administración del
presidente Obama considera que es posible. La Casa Blanca ha formulado y sometido al Congreso un
proyecto migratorio, pero las elecciones de congresistas de 2010 pudieran retrasar aún más el debate.
Napolitano se deslindó al decir que la decisión de una reforma migratoria está en manos del Congreso,
contando desde luego con el respaldo de la Casa Blanca y la sociedad.
como presidente de EE.UU., Janet Napolitano, Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de
Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés) presentó el 5 de noviembre su proyecto de reforma
migratoria, mismo que se preparó en base de sugerencias e ideas presentadas por grupos defensores
de los inmigrantes, políticos, dirigentes religiosos, abogados y sindicalistas, entre otros.
Napolitano habló ante el Centro para el Progreso de Estados Unidos (CAP, por sus siglas en inglés), foro
desde el cual se dirigió a los miembros del Congreso estadounidense urgiéndolos al debate y la
aprobación de una reforma de inmigración. Napolitano dejó claro que una nueva legislación migratoria
solamente consideraría a individuos sin antecedentes penales, entre otros requisitos para obtener la
residencia legal.
La crisis económica por la que atraviesa el país fue citada por Napolitano, quien aludió, en términos de
prioridades, que el gobierno del presidente Obama está actualmente concentrado en evitar que la
situación del sistema financiero nacional se empeore.
Para la administración del presidente, una de las prioridades en lo que va de estos primeros diez meses
de gobierno ha sido darle un giro al rumbo de la economía y tratar frenar la pérdida de millones de
empleos. La titular de seguridad nacional explicó lo anterior para dar a entender algunas de las causas
del aplazamiento de una solución migratoria para los 12 millones de personas que se calcula viven en el
país. También enfatizó la necesidad de que se resuelva el estatus migratorio de estos individuos para
que se integren legalmente a la economía estadounidense.
La aprobación de una legislación que diera paso a la esperada reforma migratoria consiste en la
obtención de 215 votos por parte de los miembros de la Cámara de Representantes y 60 por parte del
Senado estadounidense. En la actualidad, esa cantidad de votos parece remota ya que los políticos
demócratas deben de tener suficiente respaldo de sus colegas del partido republicano.
La falta de consenso entre políticos de ambos partidos ha sido característica en previos debates, como
se atestiguó en 2006 y 2007. Los políticos republicanos, lejos de buscar la legalización de los
inmigrantes sin documentos, se manifestaron en favor de la intensificación de las medidas de control
migratorio para, según ellos, evitar que más personas sigan ingresando al país sin autorización.
Napolitano mencionó que las medidas buscadas ya están puestas en vigor, y que ahora se debe dar
paso a adoptar nuevas leyes de inmigración para promover la seguridad interna y legalizar a los millones
de indocumentados. Sin embargo, aunque se contempla que el gobierno podría debatir sobre esto el
próximo año, las elecciones de congresistas del 2010 pueden tomar relevancia sobre la búsqueda de
una reforma migratoria. En base a tendencias actuales, se pronostica que los votantes beneficiarían con
su voto a candidatos republicanos por encima de los demócratas.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional ha estado enfocado en aplicar estrictos sistemas
de seguridad a lo largo de la frontera Estados Unidos-México. Según datos gubernamentales, gracias al
destacamento de más agentes fronterizos así como a la implementación de sofisticados sistemas de
seguridad, entre otros recursos adicionales, se ha logrado disminuir el flujo de personas que ingresan al
país sin documentos. Napolitano precisó que estas medidas deben de ser aprovechadas por el Congreso
de EE.UU. mediante la implementación de una reforma de migración, la cual contemplaría la legalización
de millones de personas y el castigo para quienes traten de violar la ley después de la aprobación de la
reforma.
La Ley conocida como Simpson-Rodino que dispuso una amnistía migratoria en 1986, habiendo sido
aprobada por el Congreso, abrió la puerta de la legalidad a más de 3 millones de personas que vivían sin
documentados en este país en la década de los 80s. Sin embargo, a causa del antiguo control fronterizo
de aquellos años, se permitió el continuo ingreso millones más de inmigrantes sin documentos. Cabe
aclarar que muchas personas que pudieron haberse beneficiado de esa amnistía quedaron sin
regularizar su estatus, debido al mal manejo de sus casos por parte individuos sin escrúpulos.
Napolitano mencionó que una amnistía sin los debidos controles fronterizos generó la situación actual en
donde 12 millones de personas viven y trabajan sin la autorización debida, hecho que según Napolitano,
contribuyó a la erosión de la confianza de millones de norteamericanos.
Con la renovación y ampliación del programa conocido como E-verify, implementado durante el gobierno
del presidente George W. Bush, la administración de Obama pretende que todas las compañías que
emplean a trabajadores verifiquen si los candidatos a un puesto cuentan con la documentación que los
acredite como autorizados para trabajar.
La secretaria de Seguridad Nacional enfatizó que su departamento hará cumplir las leyes federales para
tratar de evitar la inmigración indocumentada. Napolitano reconoció que en vez de continuar efectuando
redadas en los centros de empleo, el gobierno de Obama ha optado por la utilización del sistema E-verify
para obligar a los empleadores a no contratar trabajadores que carecen de documentos. Según cifras del
gobierno, 167 mil compañías han participado en este sistema de verificación en un total de 639 mil
centros de empleo, lo cual ha logrado la revisión de millones de documentos de solicitantes de empleo.
A pesar de la gran oposición para la edificación del muro fronterizo, el Congreso estadounidense aprobó
su construcción después de las protestas multitudinarias a favor de una reforma, y del fracaso del
debate migratorio en 2007. La impresionante y costosa barrera fronteriza que se extiende a lo largo de
1,200 kilómetros y dividida en varios segmentos, no ha garantizado ni detenido el constate flujo de
inmigración indocumentada. Napolitano no indicó si el proyecto de finalización del muro será modificado o
no.
Contrario a toda la retorica en torno a las redadas, estas continúan casi en todo el país. Sin embargo,
según Napolitano estas operaciones se “han transformado” en el sentido en que no se dan a conocer
con amplitud a los medios, como sucedió durante en 2006 y 2008. La secretaria enfatizó que en la
administración de Obama, el enfoque está en las compañías empleadoras y en realizar auditorías a
quienes aún contratan a trabajadores sin documentos.
Otro aspecto de la situación relacionada a la inmigración es el aspecto de los antecedentes penales.
Según el Departamento de Seguridad Nacional, se ha identificado a más de 111,000 extranjeros con
documentos y sin ellos que tienen antecedentes penales, y que actualmente cumplen condenas en
centros de detención en los 50 estados del país. Los individuos que no son ciudadanos y que cumplen
sus sentencias son y serán sujetos a un proceso de deportación, hecho que los expertos coinciden en
señalar tiene la intención de “limpiar” el país de extranjeros con antecedentes penales antes de que
comienza el debate para una reforma migratoria.
Para trabajadores que no cuentan con papeles legales, la situación se torna bastante difícil, ya que
Napolitano indicó que su departamento está exponiendo a un exhaustivo escrutinio a los archivos de
empleadores de quienes se sospecha contratan a indocumentados para lucrar de la mano de obra
barata y clandestina, y así ahorrarse miles, sino es que millones de dólares.
El Departamento de Seguridad Nacional admitió por medio de su titular que en julio de 2009 se llevaron
a cabo más auditorías a empleadores dudosos en un solo día, que el número total de redadas que se
realizaron durante el periodo fiscal de 2008. El número total de personas que fueron deportadas en
2008 fue de 360,000, producto de 32 mil trabajadores arrestados, y 1,200 redadas.
Napolitano proyecta que si se cumple con el plan de seguridad nacional, habrá un proceso de
legalización de indocumentados que cumplan con ciertos requisitos estrictos, lo cual les otorgaría una
tarjeta de residencia permanente.
El plan esbozado por Napolitano contempla establecer principios legales que permitan que millones de
individuos sin documentos salgan a la luz de la legalidad, demandando que se registren para cumplir
como contribuyentes de impuestos y que cumplan con el pago de las respectivas multas, y así poder
obtener su estatus legal. Hace dos años, el Senado estadounidense mencionó el plan de establecer
multas de miles de dólares para quienes soliciten una residencia legal.
El plan, expresó Napolitano, “incluye un compromiso para lograr un cumplimiento de la ley serio y
efectivo, mejorar el flujo legal para las familias y sus trabajadores, y una firme como justa manera de
tratar con aquellas personas que ya están aquí (en Estados Unidos). Esa es la manera en que este
problema debe ser resuelto –subrayó Napolitano– ya que necesitamos todos esos tres aspectos para
edificar un sistema exitoso. Esta medida tienen en su núcleo la convicción de que debemos de demandar
la responsabilidad de todos aquellos involucrados en este sistema: los inmigrantes, los empleadores y el
gobierno. Y eso comienza con un cumplimiento de la ley justo y confiable”, puntualizó.
Los antecedentes penales serán un factor determinante en quiénes podrán obtener un estatus legal y
quiénes no. Napolitano no precisó qué tipo de delitos o crímenes excluirán de la reforma a aquellos que
tienen antecedentes penales, solamente esbozó la reforma para quienes no tienen antecedentes
penales. Sin embargo, todos quienes soliciten su residencia deberán registrarse obligatoriamente, pagar
una multa y estar sujetos a un escrutinio de sus antecedentes penales, cumplir con sus declaraciones de
impuestos sobre el ingreso y aprender el idioma inglés. El Congreso pudiera agregar aún más requisitos
de aprobar la reforma.
El escrutinio al cual serán sometidos todos quienes busquen legalizarse mediante la reforma será
exhaustivo, y será realizado mediante la amplia red de verificación de datos con que cuenta Estados
Unidos, la cual rastrea en detalle cualquier actividad delictuosa que haya sido registrada.
Supuestamente, esas bases de datos pudieran incluso indagar antecedentes penales en el país de
origen del solicitante.
De consumarse la reforma migratoria, Napolitano afirma que generaría un beneficio para todos las partes
involucradas, incluyendo al Departamento de Seguridad Nacional, ya que estima que habrá más control
al saber quiénes se encuentran en el país. Los sindicatos se verían supuestamente beneficiados ya que
la legalización aumentaría el pago de cuotas por parte de los trabajadores, y los empleadores, ya que
así evitarán las multas por contratar trabajadores sin documentos. Y, desde luego, en forma directa a los
12 millones de personas que viven sin documentos en el país. La legalización también contaría con ayuda
a los trabajadores agrícolas temporales que tiene visas tipo H2.
Debido a los fraudes por parte de abogados y otros individuos que buscan lucrar con el proceso de
solicitud de residencia, Napolitano contempla imponer fuertes castigos a quienes defrauden a los
solicitantes y que les ofrezcan atajos administrativos inexistentes y fuera del marco de la esperada ley
de inmigración.
A pesar de los grandes retos y obstáculos para lograr una reforma migratoria, la administración del
presidente Obama considera que es posible. La Casa Blanca ha formulado y sometido al Congreso un
proyecto migratorio, pero las elecciones de congresistas de 2010 pudieran retrasar aún más el debate.
Napolitano se deslindó al decir que la decisión de una reforma migratoria está en manos del Congreso,
contando desde luego con el respaldo de la Casa Blanca y la sociedad.
Eduardo Barraza periodista y escritor
mexicano, editor de la revista Barriozona, y
director del Insituto Hispano de Asuntos
Sociales. E-mail: editor@barriozona.com
mexicano, editor de la revista Barriozona, y
director del Insituto Hispano de Asuntos
Sociales. E-mail: editor@barriozona.com
| Lea las crónicas de BARRIOZONA acerca de la marchas de inmigrantes en Estados Unidos en el 2006. |
Foto por Eduardo Barraza | BARRIOZONA
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Publicado por el Instituto Hispano de Asuntos Sociales en Phoenix, Arizona
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