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Napolitano esboza plan de reforma migratoria destinada para
solicitantes sin antecedentes penales
solicitantes sin antecedentes penales
Por Eduardo Barraza
BARRIOZONA
Noviembre 8, 2009
Phoenix, Arizona – A casi un año de que el Presidente Barack Obama juramentara como presidente de EE.UU., Janet
Napolitano, Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés)
presentó el 5 de noviembre su proyecto de reforma migratoria, mismo que se preparó en base de sugerencias e ideas
presentadas por grupos defensores de los inmigrantes, políticos, dirigentes religiosos, abogados y sindicalistas, entre
otros.
Napolitano habló ante el Centro para el Progreso de Estados Unidos (CAP, por sus siglas en inglés), foro desde el cual
se dirigió a los miembros del Congreso estadounidense urgiéndolos al debate y la aprobación de una reforma de
inmigración. Napolitano dejó claro que una nueva legislación migratoria solamente consideraría a individuos sin
antecedentes penales, entre otros requisitos para obtener la residencia legal.
La crisis económica por la que atraviesa el país fue citada por Napolitano, quien aludió, en términos de prioridades, que
el gobierno del presidente Obama está actualmente concentrado en evitar que la situación del sistema financiero
nacional se empeore.
Para la administración del presidente, una de las prioridades en lo que va de estos primeros diez meses de gobierno ha
sido darle un giro al rumbo de la economía y tratar frenar la pérdida de millones de empleos. La titular de seguridad
nacional explicó lo anterior para dar a entender algunas de las causas del aplazamiento de una solución migratoria para
los 12 millones de personas que se calcula viven en el país. También enfatizó la necesidad de que se resuelva el
estatus migratorio de estos individuos para que se integren legalmente a la economía estadounidense.
La aprobación de una legislación que diera paso a la esperada reforma migratoria consiste en la obtención de 215
votos por parte de los miembros de la Cámara de Representantes y 60 por parte del Senado estadounidense. En la
actualidad, esa cantidad de votos parece remota ya que los políticos demócratas deben de tener suficiente respaldo de
sus colegas del partido republicano.
La falta de consenso entre políticos de ambos partidos ha sido característica en previos debates, como se atestiguó en
2006 y 2007. Los políticos republicanos, lejos de buscar la legalización de los inmigrantes sin documentos, se
manifestaron en favor de la intensificación de las medidas de control migratorio para, según ellos, evitar que más
personas sigan ingresando al país sin autorización.
Napolitano mencionó que las medidas buscadas ya están puestas en vigor, y que ahora se debe dar paso a adoptar
nuevas leyes de inmigración para promover la seguridad interna y legalizar a los millones de indocumentados. Sin
embargo, aunque se contempla que el gobierno podría debatir sobre esto el próximo año, las elecciones de
congresistas del 2010 pueden tomar relevancia sobre la búsqueda de una reforma migratoria. En base a tendencias
actuales, se pronostica que los votantes beneficiarían con su voto a candidatos republicanos por encima de los
demócratas.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional ha estado enfocado en aplicar estrictos sistemas de seguridad
a lo largo de la frontera Estados Unidos-México. Según datos gubernamentales, gracias al destacamento de más
agentes fronterizos así como a la implementación de sofisticados sistemas de seguridad, entre otros recursos
adicionales, se ha logrado disminuir el flujo de personas que ingresan al país sin documentos. Napolitano precisó que
estas medidas deben de ser aprovechadas por el Congreso de EE.UU. mediante la implementación de una reforma de
migración, la cual contemplaría la legalización de millones de personas y el castigo para quienes traten de violar la ley
después de la aprobación de la reforma.
La Ley conocida como Simpson-Rodino que dispuso una amnistía migratoria en 1986, habiendo sido aprobada por el
Congreso, abrió la puerta de la legalidad a más de 3 millones de personas que vivían sin documentados en este país
en la década de los 80s. Sin embargo, a causa del antiguo control fronterizo de aquellos años, se permitió el continuo
ingreso millones más de inmigrantes sin documentos. Cabe aclarar que muchas personas que pudieron haberse
beneficiado de esa amnistía quedaron sin regularizar su estatus, debido al mal manejo de sus casos por parte
individuos sin escrúpulos.
Napolitano mencionó que una amnistía sin los debidos controles fronterizos generó la situación actual en donde 12
millones de personas viven y trabajan sin la autorización debida, hecho que según Napolitano, contribuyó a la erosión de
la confianza de millones de norteamericanos.
Con la renovación y ampliación del programa conocido como E-verify, implementado durante el gobierno del presidente
George W. Bush, la administración de Obama pretende que todas las compañías que emplean a trabajadores verifiquen
si los candidatos a un puesto cuentan con la documentación que los acredite como autorizados para trabajar.
La secretaria de Seguridad Nacional enfatizó que su departamento hará cumplir las leyes federales para tratar de evitar
la inmigración indocumentada. Napolitano reconoció que en vez de continuar efectuando redadas en los centros de
empleo, el gobierno de Obama ha optado por la utilización del sistema E-verify para obligar a los empleadores a no
contratar trabajadores que carecen de documentos. Según cifras del gobierno, 167 mil compañías han participado en
este sistema de verificación en un total de 639 mil centros de empleo, lo cual ha logrado la revisión de millones de
documentos de solicitantes de empleo.
A pesar de la gran oposición para la edificación del muro fronterizo, el Congreso estadounidense aprobó su
construcción después de las protestas multitudinarias a favor de una reforma, y del fracaso del debate migratorio en
2007. La impresionante y costosa barrera fronteriza que se extiende a lo largo de 1,200 kilómetros y dividida en varios
segmentos, no ha garantizado ni detenido el constate flujo de inmigración indocumentada. Napolitano no indicó si el
proyecto de finalización del muro será modificado o no.
Contrario a toda la retorica en torno a las redadas, estas continúan casi en todo el país. Sin embargo, según Napolitano
estas operaciones se “han transformado” en el sentido en que no se dan a conocer con amplitud a los medios, como
sucedió durante en 2006 y 2008. La secretaria enfatizó que en la administración de Obama, el enfoque está en las
compañías empleadoras y en realizar auditorías a quienes aún contratan a trabajadores sin documentos.
Otro aspecto de la situación relacionada a la inmigración es el aspecto de los antecedentes penales. Según el
Departamento de Seguridad Nacional, se ha identificado a más de 111,000 extranjeros con documentos y sin ellos que
tienen antecedentes penales, y que actualmente cumplen condenas en centros de detención en los 50 estados del país.
Los individuos que no son ciudadanos y que cumplen sus sentencias son y serán sujetos a un proceso de deportación,
hecho que los expertos coinciden en señalar tiene la intención de “limpiar” el país de extranjeros con antecedentes
penales antes de que comienza el debate para una reforma migratoria.
Para trabajadores que no cuentan con papeles legales, la situación se torna bastante difícil, ya que Napolitano indicó
que su departamento está exponiendo a un exhaustivo escrutinio a los archivos de empleadores de quienes se
sospecha contratan a indocumentados para lucrar de la mano de obra barata y clandestina, y así ahorrarse miles, sino
es que millones de dólares.
El Departamento de Seguridad Nacional admitió por medio de su titular que en julio de 2009 se llevaron a cabo más
auditorías a empleadores dudosos en un solo día, que el número total de redadas que se realizaron durante el periodo
fiscal de 2008. El número total de personas que fueron deportadas en 2008 fue de 360,000, producto de 32 mil
trabajadores arrestados, y 1,200 redadas.
Napolitano proyecta que si se cumple con el plan de seguridad nacional, habrá un proceso de legalización de
indocumentados que cumplan con ciertos requisitos estrictos, lo cual les otorgaría una tarjeta de residencia permanente.
El plan esbozado por Napolitano contempla establecer principios legales que permitan que millones de individuos sin
documentos salgan a la luz de la legalidad, demandando que se registren para cumplir como contribuyentes de
impuestos y que cumplan con el pago de las respectivas multas, y así poder obtener su estatus legal. Hace dos años, el
Senado estadounidense mencionó el plan de establecer multas de miles de dólares para quienes soliciten una
residencia legal.
El plan, expresó Napolitano, “incluye un compromiso para lograr un cumplimiento de la ley serio y efectivo, mejorar el
flujo legal para las familias y sus trabajadores, y una firme como justa manera de tratar con aquellas personas que ya
están aquí (en Estados Unidos). Esa es la manera en que este problema debe ser resuelto –subrayó Napolitano– ya
que necesitamos todos esos tres aspectos para edificar un sistema exitoso. Esta medida tienen en su núcleo la
convicción de que debemos de demandar la responsabilidad de todos aquellos involucrados en este sistema: los
inmigrantes, los empleadores y el gobierno. Y eso comienza con un cumplimiento de la ley justo y confiable”, puntualizó.
Los antecedentes penales serán un factor determinante en quiénes podrán obtener un estatus legal y quiénes no.
Napolitano no precisó qué tipo de delitos o crímenes excluirán de la reforma a aquellos que tienen antecedentes
penales, solamente esbozó la reforma para quienes no tienen antecedentes penales. Sin embargo, todos quienes
soliciten su residencia deberán registrarse obligatoriamente, pagar una multa y estar sujetos a un escrutinio de sus
antecedentes penales, cumplir con sus declaraciones de impuestos sobre el ingreso y aprender el idioma inglés. El
Congreso pudiera agregar aún más requisitos de aprobar la reforma.
El escrutinio al cual serán sometidos todos quienes busquen legalizarse mediante la reforma será exhaustivo, y será
realizado mediante la amplia red de verificación de datos con que cuenta Estados Unidos, la cual rastrea en detalle
cualquier actividad delictuosa que haya sido registrada. Supuestamente, esas bases de datos pudieran incluso indagar
antecedentes penales en el país de origen del solicitante.
De consumarse la reforma migratoria, Napolitano afirma que generaría un beneficio para todos las partes involucradas,
incluyendo al Departamento de Seguridad Nacional, ya que estima que habrá más control al saber quiénes se
encuentran en el país. Los sindicatos se verían supuestamente beneficiados ya que la legalización aumentaría el pago
de cuotas por parte de los trabajadores, y los empleadores, ya que así evitarán las multas por contratar trabajadores sin
documentos. Y, desde luego, en forma directa a los 12 millones de personas que viven sin documentos en el país. La
legalización también contaría con ayuda a los trabajadores agrícolas temporales que tiene visas tipo H2.
Debido a los fraudes por parte de abogados y otros individuos que buscan lucrar con el proceso de solicitud de
residencia, Napolitano contempla imponer fuertes castigos a quienes defrauden a los solicitantes y que les ofrezcan
atajos administrativos inexistentes y fuera del marco de la esperada ley de inmigración.
A pesar de los grandes retos y obstáculos para lograr una reforma migratoria, la administración del presidente Obama
considera que es posible. La Casa Blanca ha formulado y sometido al Congreso un proyecto migratorio, pero las
elecciones de congresistas de 2010 pudieran retrasar aún más el debate. Napolitano se deslindó al decir que la
decisión de una reforma migratoria está en manos del Congreso, contando desde luego con el respaldo de la Casa
Blanca y la sociedad.
Copyright © 2009 Hispanic Institute of Social Issues
BARRIOZONA
Noviembre 8, 2009
Phoenix, Arizona – A casi un año de que el Presidente Barack Obama juramentara como presidente de EE.UU., Janet
Napolitano, Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS, por sus siglas en inglés)
presentó el 5 de noviembre su proyecto de reforma migratoria, mismo que se preparó en base de sugerencias e ideas
presentadas por grupos defensores de los inmigrantes, políticos, dirigentes religiosos, abogados y sindicalistas, entre
otros.
Napolitano habló ante el Centro para el Progreso de Estados Unidos (CAP, por sus siglas en inglés), foro desde el cual
se dirigió a los miembros del Congreso estadounidense urgiéndolos al debate y la aprobación de una reforma de
inmigración. Napolitano dejó claro que una nueva legislación migratoria solamente consideraría a individuos sin
antecedentes penales, entre otros requisitos para obtener la residencia legal.
La crisis económica por la que atraviesa el país fue citada por Napolitano, quien aludió, en términos de prioridades, que
el gobierno del presidente Obama está actualmente concentrado en evitar que la situación del sistema financiero
nacional se empeore.
Para la administración del presidente, una de las prioridades en lo que va de estos primeros diez meses de gobierno ha
sido darle un giro al rumbo de la economía y tratar frenar la pérdida de millones de empleos. La titular de seguridad
nacional explicó lo anterior para dar a entender algunas de las causas del aplazamiento de una solución migratoria para
los 12 millones de personas que se calcula viven en el país. También enfatizó la necesidad de que se resuelva el
estatus migratorio de estos individuos para que se integren legalmente a la economía estadounidense.
La aprobación de una legislación que diera paso a la esperada reforma migratoria consiste en la obtención de 215
votos por parte de los miembros de la Cámara de Representantes y 60 por parte del Senado estadounidense. En la
actualidad, esa cantidad de votos parece remota ya que los políticos demócratas deben de tener suficiente respaldo de
sus colegas del partido republicano.
La falta de consenso entre políticos de ambos partidos ha sido característica en previos debates, como se atestiguó en
2006 y 2007. Los políticos republicanos, lejos de buscar la legalización de los inmigrantes sin documentos, se
manifestaron en favor de la intensificación de las medidas de control migratorio para, según ellos, evitar que más
personas sigan ingresando al país sin autorización.
Napolitano mencionó que las medidas buscadas ya están puestas en vigor, y que ahora se debe dar paso a adoptar
nuevas leyes de inmigración para promover la seguridad interna y legalizar a los millones de indocumentados. Sin
embargo, aunque se contempla que el gobierno podría debatir sobre esto el próximo año, las elecciones de
congresistas del 2010 pueden tomar relevancia sobre la búsqueda de una reforma migratoria. En base a tendencias
actuales, se pronostica que los votantes beneficiarían con su voto a candidatos republicanos por encima de los
demócratas.
Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional ha estado enfocado en aplicar estrictos sistemas de seguridad
a lo largo de la frontera Estados Unidos-México. Según datos gubernamentales, gracias al destacamento de más
agentes fronterizos así como a la implementación de sofisticados sistemas de seguridad, entre otros recursos
adicionales, se ha logrado disminuir el flujo de personas que ingresan al país sin documentos. Napolitano precisó que
estas medidas deben de ser aprovechadas por el Congreso de EE.UU. mediante la implementación de una reforma de
migración, la cual contemplaría la legalización de millones de personas y el castigo para quienes traten de violar la ley
después de la aprobación de la reforma.
La Ley conocida como Simpson-Rodino que dispuso una amnistía migratoria en 1986, habiendo sido aprobada por el
Congreso, abrió la puerta de la legalidad a más de 3 millones de personas que vivían sin documentados en este país
en la década de los 80s. Sin embargo, a causa del antiguo control fronterizo de aquellos años, se permitió el continuo
ingreso millones más de inmigrantes sin documentos. Cabe aclarar que muchas personas que pudieron haberse
beneficiado de esa amnistía quedaron sin regularizar su estatus, debido al mal manejo de sus casos por parte
individuos sin escrúpulos.
Napolitano mencionó que una amnistía sin los debidos controles fronterizos generó la situación actual en donde 12
millones de personas viven y trabajan sin la autorización debida, hecho que según Napolitano, contribuyó a la erosión de
la confianza de millones de norteamericanos.
Con la renovación y ampliación del programa conocido como E-verify, implementado durante el gobierno del presidente
George W. Bush, la administración de Obama pretende que todas las compañías que emplean a trabajadores verifiquen
si los candidatos a un puesto cuentan con la documentación que los acredite como autorizados para trabajar.
La secretaria de Seguridad Nacional enfatizó que su departamento hará cumplir las leyes federales para tratar de evitar
la inmigración indocumentada. Napolitano reconoció que en vez de continuar efectuando redadas en los centros de
empleo, el gobierno de Obama ha optado por la utilización del sistema E-verify para obligar a los empleadores a no
contratar trabajadores que carecen de documentos. Según cifras del gobierno, 167 mil compañías han participado en
este sistema de verificación en un total de 639 mil centros de empleo, lo cual ha logrado la revisión de millones de
documentos de solicitantes de empleo.
A pesar de la gran oposición para la edificación del muro fronterizo, el Congreso estadounidense aprobó su
construcción después de las protestas multitudinarias a favor de una reforma, y del fracaso del debate migratorio en
2007. La impresionante y costosa barrera fronteriza que se extiende a lo largo de 1,200 kilómetros y dividida en varios
segmentos, no ha garantizado ni detenido el constate flujo de inmigración indocumentada. Napolitano no indicó si el
proyecto de finalización del muro será modificado o no.
Contrario a toda la retorica en torno a las redadas, estas continúan casi en todo el país. Sin embargo, según Napolitano
estas operaciones se “han transformado” en el sentido en que no se dan a conocer con amplitud a los medios, como
sucedió durante en 2006 y 2008. La secretaria enfatizó que en la administración de Obama, el enfoque está en las
compañías empleadoras y en realizar auditorías a quienes aún contratan a trabajadores sin documentos.
Otro aspecto de la situación relacionada a la inmigración es el aspecto de los antecedentes penales. Según el
Departamento de Seguridad Nacional, se ha identificado a más de 111,000 extranjeros con documentos y sin ellos que
tienen antecedentes penales, y que actualmente cumplen condenas en centros de detención en los 50 estados del país.
Los individuos que no son ciudadanos y que cumplen sus sentencias son y serán sujetos a un proceso de deportación,
hecho que los expertos coinciden en señalar tiene la intención de “limpiar” el país de extranjeros con antecedentes
penales antes de que comienza el debate para una reforma migratoria.
Para trabajadores que no cuentan con papeles legales, la situación se torna bastante difícil, ya que Napolitano indicó
que su departamento está exponiendo a un exhaustivo escrutinio a los archivos de empleadores de quienes se
sospecha contratan a indocumentados para lucrar de la mano de obra barata y clandestina, y así ahorrarse miles, sino
es que millones de dólares.
El Departamento de Seguridad Nacional admitió por medio de su titular que en julio de 2009 se llevaron a cabo más
auditorías a empleadores dudosos en un solo día, que el número total de redadas que se realizaron durante el periodo
fiscal de 2008. El número total de personas que fueron deportadas en 2008 fue de 360,000, producto de 32 mil
trabajadores arrestados, y 1,200 redadas.
Napolitano proyecta que si se cumple con el plan de seguridad nacional, habrá un proceso de legalización de
indocumentados que cumplan con ciertos requisitos estrictos, lo cual les otorgaría una tarjeta de residencia permanente.
El plan esbozado por Napolitano contempla establecer principios legales que permitan que millones de individuos sin
documentos salgan a la luz de la legalidad, demandando que se registren para cumplir como contribuyentes de
impuestos y que cumplan con el pago de las respectivas multas, y así poder obtener su estatus legal. Hace dos años, el
Senado estadounidense mencionó el plan de establecer multas de miles de dólares para quienes soliciten una
residencia legal.
El plan, expresó Napolitano, “incluye un compromiso para lograr un cumplimiento de la ley serio y efectivo, mejorar el
flujo legal para las familias y sus trabajadores, y una firme como justa manera de tratar con aquellas personas que ya
están aquí (en Estados Unidos). Esa es la manera en que este problema debe ser resuelto –subrayó Napolitano– ya
que necesitamos todos esos tres aspectos para edificar un sistema exitoso. Esta medida tienen en su núcleo la
convicción de que debemos de demandar la responsabilidad de todos aquellos involucrados en este sistema: los
inmigrantes, los empleadores y el gobierno. Y eso comienza con un cumplimiento de la ley justo y confiable”, puntualizó.
Los antecedentes penales serán un factor determinante en quiénes podrán obtener un estatus legal y quiénes no.
Napolitano no precisó qué tipo de delitos o crímenes excluirán de la reforma a aquellos que tienen antecedentes
penales, solamente esbozó la reforma para quienes no tienen antecedentes penales. Sin embargo, todos quienes
soliciten su residencia deberán registrarse obligatoriamente, pagar una multa y estar sujetos a un escrutinio de sus
antecedentes penales, cumplir con sus declaraciones de impuestos sobre el ingreso y aprender el idioma inglés. El
Congreso pudiera agregar aún más requisitos de aprobar la reforma.
El escrutinio al cual serán sometidos todos quienes busquen legalizarse mediante la reforma será exhaustivo, y será
realizado mediante la amplia red de verificación de datos con que cuenta Estados Unidos, la cual rastrea en detalle
cualquier actividad delictuosa que haya sido registrada. Supuestamente, esas bases de datos pudieran incluso indagar
antecedentes penales en el país de origen del solicitante.
De consumarse la reforma migratoria, Napolitano afirma que generaría un beneficio para todos las partes involucradas,
incluyendo al Departamento de Seguridad Nacional, ya que estima que habrá más control al saber quiénes se
encuentran en el país. Los sindicatos se verían supuestamente beneficiados ya que la legalización aumentaría el pago
de cuotas por parte de los trabajadores, y los empleadores, ya que así evitarán las multas por contratar trabajadores sin
documentos. Y, desde luego, en forma directa a los 12 millones de personas que viven sin documentos en el país. La
legalización también contaría con ayuda a los trabajadores agrícolas temporales que tiene visas tipo H2.
Debido a los fraudes por parte de abogados y otros individuos que buscan lucrar con el proceso de solicitud de
residencia, Napolitano contempla imponer fuertes castigos a quienes defrauden a los solicitantes y que les ofrezcan
atajos administrativos inexistentes y fuera del marco de la esperada ley de inmigración.
A pesar de los grandes retos y obstáculos para lograr una reforma migratoria, la administración del presidente Obama
considera que es posible. La Casa Blanca ha formulado y sometido al Congreso un proyecto migratorio, pero las
elecciones de congresistas de 2010 pudieran retrasar aún más el debate. Napolitano se deslindó al decir que la
decisión de una reforma migratoria está en manos del Congreso, contando desde luego con el respaldo de la Casa
Blanca y la sociedad.
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La Secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos advierte sobre las bases
para una reforma de inmigración, así como la necesidad de que el Congreso estadounidense la
apruebe.
para una reforma de inmigración, así como la necesidad de que el Congreso estadounidense la
apruebe.
