Ley Estatal Obliga a Agencias del Gobierno a Denunciar
Indocumentados que Soliciten Asistencia Social
Indocumentados que Soliciten Asistencia Social
Por Eduardo Barraza
Phoenix, Arizona. Noviembre 25, 2009 - Phoenix, Arizona. Noviembre 26, 2009 - Una nueva ley estatal de
Arizona pudiera llevar a la deportación a inmigrantes que soliciten servicios públicos del gobierno Arizona
y carezcan de documentos legales.
La ley obliga a empleados de las agencias que proveen servicios sociales a verificar el estatus legal de
quienes soliciten asistencia pública. Los solicitantes deberán presentar un documento de identificación
válido que los acredite como ciudadanos, residentes legales o bajo otro estatus legal.
El estatuto se suma a una larga lista de leyes que han caracterizado a Arizona como uno de los estados
que han implementado medidas antiinmigrantes más enérgicas en Estados Unidos.
Fundamentalmente, esta ley busca evitar que indocumentados reciban asistencia gubernamental por no
ser elegibles, incluyendo servicios del seguro médico estatal, al obligar a las mismas agencias que
proveen la ayuda a denunciar ante las autoridades a aquellos solicitantes que no puedan comprobar
estatus legal.
La ley contempla sanciones en contra quienes no reporten dicha información. El incumplimiento por parte
un de empleado o una agencia en reportar violaciones a la leyes federales, estatales o locales será
considerado un delito menor.
Para contrarrestar posibles consecuencias de la nueva ley, la Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona
presentó una demanda legal ante el Tribunal Superior de Justicia de Arizona para buscar la eliminación
de algunas de provisiones contenidas en la ley.
La demanda disputa que la Legislatura estatal aprobó cambios a estatutos sin base constitucional al
agruparlos dentro de un proyecto de ley de apropiaciones, y en relación a medidas que buscan tratar
con el déficit presupuestal de Arizona.
Las 90 ciudades y pueblos representados en la demanda arguyen que la nueva ley pudiera provocar
demandas legales en su contra, ya que la misma autoriza a cualquier persona a demandarlos si se cree
que el gobierno local proveyó asistencia social a una persona no eligible.
Arizona se ha convertido en un estado emblemático en la lucha contra la inmigración indocumentada. Por
más de una década, legisladores estatales han implementado estrictas medidas, como la que restringe a
inmigrantes sin estatus legal de obtener una licencia de conducir. Dicha ley entró en vigor en 1996,
cuando el legislador republicano de Arizona Russel Pearce, quizás el máximo proponente de leyes
antiinmigrantes, fungía precisamente el director del Departamento de Vehículos Motorizados (MVD),
agencia encargada de otorgar licencia de manejo.
Desde entonces, las medidas para restringir y frenar la presencia de inmigrantes indocumentados han
sido la tónica legislativa en Arizona. Leyes como las de negar fondos del gobierno a estudiantes
indocumentados y las de sanciones contra empleadores han sido implementadas en años pasados.
Al estado de Arizona se han unido más de 30 estados en el país que han promulgado leyes similares con
el fin de dificultar el desenvolvimiento de los inmigrantes sin documentos en la sociedad estadounidense.
Las medidas buscan impedir que los indocumentados puedan encontrar empleo, manejar un auto, y
recibir beneficios gubernamentales, entre otros obstáculos.
En Ohio, por ejemplo, el gobierno recientemente anunció que los registros de cerca de 48 mil vehículos
serían cancelados a menos que los dueños presentaran una licencia de conducir válida, una identificación
estatal o un número de seguro social. Antes de Agosto de este año, ninguno de esos documentos eran
requisito para obtener o renovar registros de automóviles.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) junto otras organizaciones comunitarias de
Ohio se unieron para demandar que la medida de cancelación de registros vehiculares se detenida, ya
que consideran solo se trata de una estrategia para hacer cumplir leyes de migración. El estatuto
entraría en vigor el 8 de diciembre.
Arizona ha sido modelo para muchas otras entidades en el país que buscan aplicar medidas restrictivas
relacionadas a las leyes de inmigración.
Arizona pudiera llevar a la deportación a inmigrantes que soliciten servicios públicos del gobierno Arizona
y carezcan de documentos legales.
La ley obliga a empleados de las agencias que proveen servicios sociales a verificar el estatus legal de
quienes soliciten asistencia pública. Los solicitantes deberán presentar un documento de identificación
válido que los acredite como ciudadanos, residentes legales o bajo otro estatus legal.
El estatuto se suma a una larga lista de leyes que han caracterizado a Arizona como uno de los estados
que han implementado medidas antiinmigrantes más enérgicas en Estados Unidos.
Fundamentalmente, esta ley busca evitar que indocumentados reciban asistencia gubernamental por no
ser elegibles, incluyendo servicios del seguro médico estatal, al obligar a las mismas agencias que
proveen la ayuda a denunciar ante las autoridades a aquellos solicitantes que no puedan comprobar
estatus legal.
La ley contempla sanciones en contra quienes no reporten dicha información. El incumplimiento por parte
un de empleado o una agencia en reportar violaciones a la leyes federales, estatales o locales será
considerado un delito menor.
Para contrarrestar posibles consecuencias de la nueva ley, la Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona
presentó una demanda legal ante el Tribunal Superior de Justicia de Arizona para buscar la eliminación
de algunas de provisiones contenidas en la ley.
La demanda disputa que la Legislatura estatal aprobó cambios a estatutos sin base constitucional al
agruparlos dentro de un proyecto de ley de apropiaciones, y en relación a medidas que buscan tratar
con el déficit presupuestal de Arizona.
Las 90 ciudades y pueblos representados en la demanda arguyen que la nueva ley pudiera provocar
demandas legales en su contra, ya que la misma autoriza a cualquier persona a demandarlos si se cree
que el gobierno local proveyó asistencia social a una persona no eligible.
Arizona se ha convertido en un estado emblemático en la lucha contra la inmigración indocumentada. Por
más de una década, legisladores estatales han implementado estrictas medidas, como la que restringe a
inmigrantes sin estatus legal de obtener una licencia de conducir. Dicha ley entró en vigor en 1996,
cuando el legislador republicano de Arizona Russel Pearce, quizás el máximo proponente de leyes
antiinmigrantes, fungía precisamente el director del Departamento de Vehículos Motorizados (MVD),
agencia encargada de otorgar licencia de manejo.
Desde entonces, las medidas para restringir y frenar la presencia de inmigrantes indocumentados han
sido la tónica legislativa en Arizona. Leyes como las de negar fondos del gobierno a estudiantes
indocumentados y las de sanciones contra empleadores han sido implementadas en años pasados.
Al estado de Arizona se han unido más de 30 estados en el país que han promulgado leyes similares con
el fin de dificultar el desenvolvimiento de los inmigrantes sin documentos en la sociedad estadounidense.
Las medidas buscan impedir que los indocumentados puedan encontrar empleo, manejar un auto, y
recibir beneficios gubernamentales, entre otros obstáculos.
En Ohio, por ejemplo, el gobierno recientemente anunció que los registros de cerca de 48 mil vehículos
serían cancelados a menos que los dueños presentaran una licencia de conducir válida, una identificación
estatal o un número de seguro social. Antes de Agosto de este año, ninguno de esos documentos eran
requisito para obtener o renovar registros de automóviles.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) junto otras organizaciones comunitarias de
Ohio se unieron para demandar que la medida de cancelación de registros vehiculares se detenida, ya
que consideran solo se trata de una estrategia para hacer cumplir leyes de migración. El estatuto
entraría en vigor el 8 de diciembre.
Arizona ha sido modelo para muchas otras entidades en el país que buscan aplicar medidas restrictivas
relacionadas a las leyes de inmigración.
Eduardo Barraza periodista y escritor
mexicano, editor de la revista Barriozona, y
director del Insituto Hispano de Asuntos
Sociales. E-mail: editor@barriozona.com
mexicano, editor de la revista Barriozona, y
director del Insituto Hispano de Asuntos
Sociales. E-mail: editor@barriozona.com
Con esta nueva medida, el estado de Arizona continúa implementando el tipo de leyes de carácter
migratorio que le han hecho emblemático en la lucha contra la inmigración indocumentada.
migratorio que le han hecho emblemático en la lucha contra la inmigración indocumentada.
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Publicado por el Instituto Hispano de Asuntos Sociales en Phoenix, Arizona
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CONTRA INDOCUMENTADOS El
legislador republicano de Arizona
Russel Pearce es quizás el máximo
proponente de leyes
antiinmigrantes. Foto Eduardo
Barraza/BARRIOZONA
legislador republicano de Arizona
Russel Pearce es quizás el máximo
proponente de leyes
antiinmigrantes. Foto Eduardo
Barraza/BARRIOZONA
