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Ley estatal obliga a agencias del gobierno a denunciar
indocumentados que soliciten asistencia social
indocumentados que soliciten asistencia social
Por Eduardo Barraza
BARRIOZONA
Noviembre 25, 2009
Phoenix, Arizona – Phoenix, Arizona. Noviembre 26, 2009 - Una nueva ley estatal de Arizona pudiera llevar a la
deportación a inmigrantes que soliciten servicios públicos del gobierno Arizona y carezcan de documentos legales.
La ley obliga a empleados de las agencias que proveen servicios sociales a verificar el estatus legal de quienes
soliciten asistencia pública. Los solicitantes deberán presentar un documento de identificación válido que los acredite
como ciudadanos, residentes legales o bajo otro estatus legal.
El estatuto se suma a una larga lista de leyes que han caracterizado a Arizona como uno de los estados que han
implementado medidas antiinmigrantes más enérgicas en Estados Unidos.
Fundamentalmente, esta ley busca evitar que indocumentados reciban asistencia gubernamental por no ser elegibles,
incluyendo servicios del seguro médico estatal, al obligar a las mismas agencias que proveen la ayuda a denunciar ante
las autoridades a aquellos solicitantes que no puedan comprobar estatus legal.
La ley contempla sanciones en contra quienes no reporten dicha información. El incumplimiento por parte un de
empleado o una agencia en reportar violaciones a la leyes federales, estatales o locales será considerado un delito
menor.
Para contrarrestar posibles consecuencias de la nueva ley, la Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona presentó una
demanda legal ante el Tribunal Superior de Justicia de Arizona para buscar la eliminación de algunas de provisiones
contenidas en la ley.
La demanda disputa que la Legislatura estatal aprobó cambios a estatutos sin base constitucional al agruparlos dentro
de un proyecto de ley de apropiaciones, y en relación a medidas que buscan tratar con el déficit presupuestal de
Arizona.
Las 90 ciudades y pueblos representados en la demanda arguyen que la nueva ley pudiera provocar demandas legales
en su contra, ya que la misma autoriza a cualquier persona a demandarlos si se cree que el gobierno local proveyó
asistencia social a una persona no eligible.
Arizona se ha convertido en un estado emblemático en la lucha contra la inmigración indocumentada. Por más de una
década, legisladores estatales han implementado estrictas medidas, como la que restringe a inmigrantes sin estatus
legal de obtener una licencia de conducir. Dicha ley entró en vigor en 1996, cuando el legislador republicano de Arizona
Russel Pearce, quizás el máximo proponente de leyes antiinmigrantes, fungía precisamente el director del
Departamento de Vehículos Motorizados (MVD), agencia encargada de otorgar licencia de manejo.
Desde entonces, las medidas para restringir y frenar la presencia de inmigrantes indocumentados han sido la tónica
legislativa en Arizona. Leyes como las de negar fondos del gobierno a estudiantes indocumentados y las de sanciones
contra empleadores han sido implementadas en años pasados.
Al estado de Arizona se han unido más de 30 estados en el país que han promulgado leyes similares con el fin de
dificultar el desenvolvimiento de los inmigrantes sin documentos en la sociedad estadounidense. Las medidas buscan
impedir que los indocumentados puedan encontrar empleo, manejar un auto, y recibir beneficios gubernamentales,
entre otros obstáculos.
En Ohio, por ejemplo, el gobierno recientemente anunció que los registros de cerca de 48 mil vehículos serían
cancelados a menos que los dueños presentaran una licencia de conducir válida, una identificación estatal o un número
de seguro social. Antes de Agosto de este año, ninguno de esos documentos eran requisito para obtener o renovar
registros de automóviles.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) junto otras organizaciones comunitarias de Ohio se unieron
para demandar que la medida de cancelación de registros vehiculares se detenida, ya que consideran solo se trata de
una estrategia para hacer cumplir leyes de migración. El estatuto entraría en vigor el 8 de diciembre.
Arizona ha sido modelo para muchas otras entidades en el país que buscan aplicar medidas restrictivas relacionadas a
las leyes de inmigración.
Copyright © 2009 Hispanic Institute of Social Issues
BARRIOZONA
Noviembre 25, 2009
Phoenix, Arizona – Phoenix, Arizona. Noviembre 26, 2009 - Una nueva ley estatal de Arizona pudiera llevar a la
deportación a inmigrantes que soliciten servicios públicos del gobierno Arizona y carezcan de documentos legales.
La ley obliga a empleados de las agencias que proveen servicios sociales a verificar el estatus legal de quienes
soliciten asistencia pública. Los solicitantes deberán presentar un documento de identificación válido que los acredite
como ciudadanos, residentes legales o bajo otro estatus legal.
El estatuto se suma a una larga lista de leyes que han caracterizado a Arizona como uno de los estados que han
implementado medidas antiinmigrantes más enérgicas en Estados Unidos.
Fundamentalmente, esta ley busca evitar que indocumentados reciban asistencia gubernamental por no ser elegibles,
incluyendo servicios del seguro médico estatal, al obligar a las mismas agencias que proveen la ayuda a denunciar ante
las autoridades a aquellos solicitantes que no puedan comprobar estatus legal.
La ley contempla sanciones en contra quienes no reporten dicha información. El incumplimiento por parte un de
empleado o una agencia en reportar violaciones a la leyes federales, estatales o locales será considerado un delito
menor.
Para contrarrestar posibles consecuencias de la nueva ley, la Liga de Ciudades y Pueblos de Arizona presentó una
demanda legal ante el Tribunal Superior de Justicia de Arizona para buscar la eliminación de algunas de provisiones
contenidas en la ley.
La demanda disputa que la Legislatura estatal aprobó cambios a estatutos sin base constitucional al agruparlos dentro
de un proyecto de ley de apropiaciones, y en relación a medidas que buscan tratar con el déficit presupuestal de
Arizona.
Las 90 ciudades y pueblos representados en la demanda arguyen que la nueva ley pudiera provocar demandas legales
en su contra, ya que la misma autoriza a cualquier persona a demandarlos si se cree que el gobierno local proveyó
asistencia social a una persona no eligible.
Arizona se ha convertido en un estado emblemático en la lucha contra la inmigración indocumentada. Por más de una
década, legisladores estatales han implementado estrictas medidas, como la que restringe a inmigrantes sin estatus
legal de obtener una licencia de conducir. Dicha ley entró en vigor en 1996, cuando el legislador republicano de Arizona
Russel Pearce, quizás el máximo proponente de leyes antiinmigrantes, fungía precisamente el director del
Departamento de Vehículos Motorizados (MVD), agencia encargada de otorgar licencia de manejo.
Desde entonces, las medidas para restringir y frenar la presencia de inmigrantes indocumentados han sido la tónica
legislativa en Arizona. Leyes como las de negar fondos del gobierno a estudiantes indocumentados y las de sanciones
contra empleadores han sido implementadas en años pasados.
Al estado de Arizona se han unido más de 30 estados en el país que han promulgado leyes similares con el fin de
dificultar el desenvolvimiento de los inmigrantes sin documentos en la sociedad estadounidense. Las medidas buscan
impedir que los indocumentados puedan encontrar empleo, manejar un auto, y recibir beneficios gubernamentales,
entre otros obstáculos.
En Ohio, por ejemplo, el gobierno recientemente anunció que los registros de cerca de 48 mil vehículos serían
cancelados a menos que los dueños presentaran una licencia de conducir válida, una identificación estatal o un número
de seguro social. Antes de Agosto de este año, ninguno de esos documentos eran requisito para obtener o renovar
registros de automóviles.
La Liga de Ciudadanos Latinoamericanos Unidos (LULAC) junto otras organizaciones comunitarias de Ohio se unieron
para demandar que la medida de cancelación de registros vehiculares se detenida, ya que consideran solo se trata de
una estrategia para hacer cumplir leyes de migración. El estatuto entraría en vigor el 8 de diciembre.
Arizona ha sido modelo para muchas otras entidades en el país que buscan aplicar medidas restrictivas relacionadas a
las leyes de inmigración.
Copyright © 2009 Hispanic Institute of Social Issues
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Con esta nueva medida, el estado de Arizona continúa implementando el tipo de leyes de carácter migratorio que le han
hecho emblemático en la lucha contra la inmigración indocumentada.
hecho emblemático en la lucha contra la inmigración indocumentada.
