Muros, Abusos y Muertos en las Fronteras
Informe La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) Marzo 11, 2008
Publicado por el Instituto Hispano de Asuntos Sociales en Phoenix, Arizona
| LA HISTORIA ESTÁ A PUNTO DE CAMBIAR Periodismo de Base Comunitaria |
|
| ANUNCIO |
Phoenix, Arizona.— La Federación Internacional de Derechos
Humanos (FIDH), el 12 de marzo, le presentará al gobierno mexicano
durante una audiencia en la Comisión Interamericana, su informe
titulado “Estados Unidos-México: Muros, abusos y muertos en las
fronteras”. Este informe será también presentado a varios
congresistas norteamericanos y al gobierno estadounidense el 13 de
marzo. En este documento, la FIDH denuncia los abusos cometidos
en contra de los migrantes indocumentados, tanto en México como
en Estados Unidos, a lo largo del periplo que ellos emprenden desde
la frontera sur de México hasta los estados de Arizona y Texas. La
FIDH deplora que tanto EE.UU. como México mantengan una posición
incoherente y atentatoria a los derechos humanos en sus políticas
nacionales de reducción de los flujos migratorios.
Estas políticas se han traducido, tanto en Estados Unidos como en
México, por legislaciones criminalizadoras y represivas que vulneran,
entre otros, el derecho de los migrantes indocumentados a un
debido proceso. La FIDH considera que en Estados Unidos, la
existencia en el derecho penal de la doble pena sistemática para los
migrantes así tengan papeles en regla, es discriminatoria. También le
urge al Estado Mexicano a no adoptar la disposición de la reforma
del reglamento de las estaciones migratorias que extiende los casos
de posibles detenciones indefinidas para migrantes indocumentados.
La FIDH identificó numerosas violaciones flagrantes de los derechos
humanos de los migrantes al cruzar la frontera, al ser interceptados,
detenidos y deportados.
En lo que se refiere al tránsito, en México, se producen extorsiones
frecuentemente acompañadas por amenazas, golpes, hostigamiento
sexual o violaciones y secuestros de migrantes, tanto por parte de
las fuerzas públicas mexicanas como de los traficantes de migrantes.
Frente a estas graves violaciones de los derechos de los migrantes,
existe una situación de impunidad casi total en un contexto de
corrupción enorme.
Teresa García, de 25 años:
“Éramos un grupo de 24 personas, de las cuales 5 mujeres y el coyote,
caminamos durante 9 días de Tapachula hasta Arriaga para tomar el
tren. El tren estaba andando, estábamos instalados encima cuando
frenó muy bruscamente. Muchas personas se cayeron, otras se
botaban. Yo caí entre 2 vagones, la mochila me protegió. No sé si, como
a otros, un soldado me hizo caer o si simplemente perdí el equilibrio.
Tenía la nariz reventada y los brazos heridos. Un soldado me quitó la
mochila donde tenía un par de zapatos para el desierto y algo de dinero,
luego estuve un día en el hospital. Un policía, que se llamaba Fernando
vino a visitarme y me pidió que firmara un documento de regreso
voluntario especificando que yo tuve un accidente que no tenía nada que
ver con el operativo del 15 de febrero. Ellos se encargarían de llevarme
hasta mi casa en Guatemala. Luego llegaron personas de derechos
humanos que me dijeron que no tenía por qué firmar ese documento y
que podía quedarme más tiempo en el hospital como me lo aconsejaban
los médicos […] tengo que seguir mi viaje hasta Estados Unidos, pues
mi madre está cuidando mis 4 hijos y ellos necesitan dinero para poder
sobrevivir”.
En Estados Unidos, la FIDH considera como una grave e inaceptable
violación del derecho a la vida, la política de “prevention through
deterrence” que consiste en llevar a los migrantes a atravesar por
las zonas más peligrosas con el objetivo explicito que las numerosas
muertes disuaden otros migrantes. Además, en esas zonas, los
agentes de la policia fronteriza (Border Patrol) utilizan el
hostigamiento junto con la demostración desenfrenada de su fuerza
letal contra quienes atraviesan ilegalmente la frontera. Es también
alarmante el nivel de discriminación racial que existe en contra de los
latinos que viven en Estados Unidos cerca de la frontera.
Tanto en Estados Unidos como en México, la detención de tipo
carcelario para migrantes detenidos por una supuesta violación al
derecho administrativo es la norma. Ni Estados Unidos, ni México
cumplen con el respeto del derecho a la información sobre las
razones de su detención y ni con sus derechos a recibir una
protección jurídica. Hay graves deficiencias en Estados Unidos y en
México, tanto en las condiciones de detención que de deportación de
grupos vulnerables y en particular de todos los niños que
emprenden este viaje para reunirse con sus padres.
La FIDH considera que en México, como en Estados Unidos, se debe
aceptar el fracaso de la política actual e iniciar una reforma profunda
de la legislación sobre la migración. Esta reforma deberá
descriminalizar a los migrantes en situación administrativa irregular,
atacarse seriamente a la impunidad de los actos de corrupción y de
violencia en contra de los migrantes indocumentados, no ponerlos en
detención sistemáticamente, crear un derecho efectivo de apelación
de las decisiones de deportación. Es también la responsabilidad de
los gobernantes sacar el tema de las migraciones del ámbito del
miedo y de la seguridad para ubicarlo en el del desarrollo y los
derechos humanos. El costo económico del conjunto de las
infraestructuras y de las operaciones de represión y de control de las
fronteras es colosal: se estima, por ejemplo, que desde 1994, el
Gobierno norteamericano ha gastado unos 30 mil millones de dólares
para “asegurar” su frontera con México. Este dinero podría ser
invertido en proyectos de desarrollo.
Humanos (FIDH), el 12 de marzo, le presentará al gobierno mexicano
durante una audiencia en la Comisión Interamericana, su informe
titulado “Estados Unidos-México: Muros, abusos y muertos en las
fronteras”. Este informe será también presentado a varios
congresistas norteamericanos y al gobierno estadounidense el 13 de
marzo. En este documento, la FIDH denuncia los abusos cometidos
en contra de los migrantes indocumentados, tanto en México como
en Estados Unidos, a lo largo del periplo que ellos emprenden desde
la frontera sur de México hasta los estados de Arizona y Texas. La
FIDH deplora que tanto EE.UU. como México mantengan una posición
incoherente y atentatoria a los derechos humanos en sus políticas
nacionales de reducción de los flujos migratorios.
Estas políticas se han traducido, tanto en Estados Unidos como en
México, por legislaciones criminalizadoras y represivas que vulneran,
entre otros, el derecho de los migrantes indocumentados a un
debido proceso. La FIDH considera que en Estados Unidos, la
existencia en el derecho penal de la doble pena sistemática para los
migrantes así tengan papeles en regla, es discriminatoria. También le
urge al Estado Mexicano a no adoptar la disposición de la reforma
del reglamento de las estaciones migratorias que extiende los casos
de posibles detenciones indefinidas para migrantes indocumentados.
La FIDH identificó numerosas violaciones flagrantes de los derechos
humanos de los migrantes al cruzar la frontera, al ser interceptados,
detenidos y deportados.
En lo que se refiere al tránsito, en México, se producen extorsiones
frecuentemente acompañadas por amenazas, golpes, hostigamiento
sexual o violaciones y secuestros de migrantes, tanto por parte de
las fuerzas públicas mexicanas como de los traficantes de migrantes.
Frente a estas graves violaciones de los derechos de los migrantes,
existe una situación de impunidad casi total en un contexto de
corrupción enorme.
Teresa García, de 25 años:
“Éramos un grupo de 24 personas, de las cuales 5 mujeres y el coyote,
caminamos durante 9 días de Tapachula hasta Arriaga para tomar el
tren. El tren estaba andando, estábamos instalados encima cuando
frenó muy bruscamente. Muchas personas se cayeron, otras se
botaban. Yo caí entre 2 vagones, la mochila me protegió. No sé si, como
a otros, un soldado me hizo caer o si simplemente perdí el equilibrio.
Tenía la nariz reventada y los brazos heridos. Un soldado me quitó la
mochila donde tenía un par de zapatos para el desierto y algo de dinero,
luego estuve un día en el hospital. Un policía, que se llamaba Fernando
vino a visitarme y me pidió que firmara un documento de regreso
voluntario especificando que yo tuve un accidente que no tenía nada que
ver con el operativo del 15 de febrero. Ellos se encargarían de llevarme
hasta mi casa en Guatemala. Luego llegaron personas de derechos
humanos que me dijeron que no tenía por qué firmar ese documento y
que podía quedarme más tiempo en el hospital como me lo aconsejaban
los médicos […] tengo que seguir mi viaje hasta Estados Unidos, pues
mi madre está cuidando mis 4 hijos y ellos necesitan dinero para poder
sobrevivir”.
En Estados Unidos, la FIDH considera como una grave e inaceptable
violación del derecho a la vida, la política de “prevention through
deterrence” que consiste en llevar a los migrantes a atravesar por
las zonas más peligrosas con el objetivo explicito que las numerosas
muertes disuaden otros migrantes. Además, en esas zonas, los
agentes de la policia fronteriza (Border Patrol) utilizan el
hostigamiento junto con la demostración desenfrenada de su fuerza
letal contra quienes atraviesan ilegalmente la frontera. Es también
alarmante el nivel de discriminación racial que existe en contra de los
latinos que viven en Estados Unidos cerca de la frontera.
Tanto en Estados Unidos como en México, la detención de tipo
carcelario para migrantes detenidos por una supuesta violación al
derecho administrativo es la norma. Ni Estados Unidos, ni México
cumplen con el respeto del derecho a la información sobre las
razones de su detención y ni con sus derechos a recibir una
protección jurídica. Hay graves deficiencias en Estados Unidos y en
México, tanto en las condiciones de detención que de deportación de
grupos vulnerables y en particular de todos los niños que
emprenden este viaje para reunirse con sus padres.
La FIDH considera que en México, como en Estados Unidos, se debe
aceptar el fracaso de la política actual e iniciar una reforma profunda
de la legislación sobre la migración. Esta reforma deberá
descriminalizar a los migrantes en situación administrativa irregular,
atacarse seriamente a la impunidad de los actos de corrupción y de
violencia en contra de los migrantes indocumentados, no ponerlos en
detención sistemáticamente, crear un derecho efectivo de apelación
de las decisiones de deportación. Es también la responsabilidad de
los gobernantes sacar el tema de las migraciones del ámbito del
miedo y de la seguridad para ubicarlo en el del desarrollo y los
derechos humanos. El costo económico del conjunto de las
infraestructuras y de las operaciones de represión y de control de las
fronteras es colosal: se estima, por ejemplo, que desde 1994, el
Gobierno norteamericano ha gastado unos 30 mil millones de dólares
para “asegurar” su frontera con México. Este dinero podría ser
invertido en proyectos de desarrollo.
En la ciudad fronteriza de Nogales,
Sonora, un grupo de migrantes
descansa sobre la banqueta de una
calle en espera de poder cruzar
hacia Estados Unidos.
Reporte Completo
Foto por Eduardo Barraza | Barriozona
Sonora, un grupo de migrantes
descansa sobre la banqueta de una
calle en espera de poder cruzar
hacia Estados Unidos.
Reporte Completo
Foto por Eduardo Barraza | Barriozona
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