Oaxaca en Llamas: Memoria de un Conflicto
Por Eduardo Barraza
El año 2006 vio surgir en Oaxaca, estado al sureste de México, un nuevo conflicto magisterial que en sólo
unos meses sacudiría los cimientos del orden social y al gobierno del estado de Oaxaca. La pugna
sociopolítica se desenvolvió en torno a la negativa del gobierno estatal de satisfacer demandas laborales
por parte del sindicato de trabajadores de la educación. Ante la negativa del gobierno de Ulises Ruiz
Ortiz, la inconformidad de los maestros se tradujo en protestas, acciones que a su vez dieron lugar a la
lucha organizada que se desencadenaría en la crisis que mantuvo a Oaxaca sitiada por seis meses.
Las medidas tomadas para estructurar el movimiento magisterial originaron, a su vez, el surgimiento de
una coalición que vendría a identificar y caracterizar la lucha de maestros. Mejor conocida por sus siglas −
APPO − la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca emergió a raíz de una crisis educativa en esa
entidad. Los fundamentos que dieron forma a ésta organización y que provocaron uno de los más
profundos conflictos que se hayan visto en Oaxaca, fueron las acciones de apoyo que la APPO llevó a
cabo a favor de los trabajadores del sistema educativo oaxaqueño.
El gremio − agrupado oficialmente bajo la estructura y el nombre de Sección 22 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE, por su abreviatura) − presentó el 1 de mayo del 2006 − el Día del
Trabajo − un pliego petitorio al gobernador del estado, Ulises Ruiz, en el que solicitaban beneficios
laborales encaminados, principalmente, a recibir un aumento salarial para sus miembros. En respuesta a
la denegación del gobernador de satisfacer sus peticiones, veintiún días después, cientos de
trabajadores de la educación de la Sección 22 ocuparon las calles del centro histórico de la ciudad de
Oaxaca en protesta, declarando una huelga indefinida en todos los centros educativos públicos. A los
trabajadores de la educación se sumarían otras organizaciones civiles.
Días antes, el 18 de mayo, Moisés Cruz, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dirigente
de la Red Internacional de Indígenas Inmigrantes Oaxaqueños, había sido asesinado a balazos por
pistoleros que lo emboscaron al salir de una fonda en su pueblo natal, San Juan Mixtepec, Oaxaca. La
muerte de Cruz, aunque no relacionada inherentemente al movimiento de maestros, fue una señal de lo
que líderes magisteriales denunciaron como un ciclo autoritario caracterizado por el incremento de
crímenes por pugnas sociopolíticas y el aumento en las detenciones arbitrarias contra dirigentes sociales.
Durante las siguientes dos semanas, para aumentar su presión sobre el gobierno, miles de trabajadores
de la educación y otros ciudadanos de Oaxaca, llevaron a cabo acciones de resistencia civil, así como
marchas multitudinarias. El gobierno oaxaqueño respondió dándoles un plazo para terminar la huelga y
reanudar las clases. El 14 de junio, el gobierno intentó desalojar el plantón, pero las autoridades
estatales fracasaron en dispersar a los trabajadores. El choque violento entre maestros y policías
estatales, agudizaría y marcaría al movimiento, y conduciría a los disidentes a elevar sus demandas al
gobierno federal.
De acuerdo a la información enunciada por la propia APPO, su fundación se inició el 17 de junio, en
respuesta a la “brutal represión” del gobierno para intentar el desalojo. Su composición se basó en la
unificación de 365 organizaciones sociales, representativas de todo el estado, e inclusiva de las 16 etnias
de Oaxaca. La Asamblea aglutinó a los diversos movimientos sociales, políticos, de derechos humanos,
ecologistas, estudiantiles, de género, y sindicales de Oaxaca, en “una organización colectiva de
movimiento social, y acordó encausar la exigencia del magisterio democrático oaxaqueño.”
Las consecuencias inmediatas del conflicto entre gobierno y trabajadores de la educación, fueron el
recrudecimiento de las protestas, las marchas realizadas por ambos bandos, la destitución de oficiales
del gobierno de Ulises Ruiz, así como la pérdida de casi la totalidad de los distritos que ocupaba el
partido oficial, el PRI, en la elecciones del 2 de julio. Bajo la estrategia de la APPO, se decidió continuar
con el plantón y asimismo se modificaron las demandas originales del pliego petitorio, incluyendo una
nueva: la remoción o la renuncia voluntaria del gobernador, quien ya había sido desconocido por los
miembros de la Sección 22.
A partir del mes de agosto, las acciones de la APPO consistieron en la toma por la fuerza de instalaciones
de medios de comunicación del gobierno, la colocación de retenes y barricadas en las carreteras, y el
control de los principales puntos de entrada a la ciudad. Al mismo tiempo, se comenzaron a producir
incidentes en los que se reportaban detonaciones y disparos en algunos de los sitios tomados, y se llevó
a cabo el desalojo de algunas instalaciones ocupadas por las APPO. Las estaciones de radio y de
televisión se usaron para impulsar el movimiento y diseminar información sobre la planeación de eventos
y acerca de acontecimientos suscitados. La ofensiva en contra de la lucha civil en Oaxaca resultó en la
muerte de miembros de la APPO, particularmente en la zona de la Mixteca, en donde varios indígenas de
esa región empobrecida fueron asesinados. La policía estatal respondió con disparos en diversas
manifestaciones causando la muerte de varios militantes.
Para el mes de septiembre, el conflicto magisterial había bien ya trascendido de la esfera local y estatal al
ámbito nacional, y en la medida en que intensificaban los enfrentamientos, las hostilidades obtenían la
atención de la prensa mundial. Las movilizaciones multitudinarias también se trasladaron a la Ciudad de
México, efectuándose una marcha, llamada “marcha-caminata por la dignidad de los pueblos de Oaxaca”,
la cual partió el 21 de septiembre de ese estado, y arribó a las inmediaciones del Senado de la República
el 9 de octubre. Los hechos de violencia en Oaxaca continuaron, y ante la creciente presión por su
destitución, el gobernador Ulises Ruiz amenazó a los disidentes con rescindirles su contrato. Por otra
parte, un paro laboral solicitado por la iniciativa privada no tuvo éxito, ante la baja participación del
sector comercial.
Después de varios fracasos en las negociaciones entre líderes de la APPO y funcionarios del Gobierno
Federal y el de Oaxaca, el 26 de octubre se logró mediante el diálogo, un acuerdo tentativo entre la
APPO y la Sección 22 del SNTE, para que las clases en las escuelas se reanudaran después de cinco
meses de huelga. Dentro del contexto del conflicto, ya existía un descontento generalizado por la
inhabilidad del magisterio para terminar con el paro escolar. Sin embargo, a causa de la intensidad y del
grado de violencia al que se llegó en Oaxaca, el plan de dar inicio a las clases se abortó. El 27 de
octubre, el conflicto social ascendería a su índice más violento desde su inicio en el mes de mayo,
arrojando el trágico saldo de cuatro personas asesinadas, entre ellos el reportero y camarógrafo del
Centro de Medios Independientes, el norteamericano Bradley Rolland Will, así como un miembro del
magisterio, el maestro Emilio Alonso Fabián. Ambos recibieron impactos de balas. Los hechos ocurrieron
en la Colonia Calicanto del Municipio de Santa Lucía del Camino.
La turbadora realidad de la violencia se hizo patente cuando el video captado por el mismo Brad Will - en
el cual se grabaron los acontecimientos previos así como el momento preciso en que es impactado - fuera
difundido por la televisión y en Internet. El tiroteo, atribuido a francotiradores siguiendo órdenes del
gobierno de Ulises Ruiz, sucedió en un área en donde la APPO había colocado una barricada. Después de
grabar algunos testimonios, el camarógrafo estadounidense logró captar escenas en las que se ve aun
grupo de hombres disparando. El audio del video registra a Brad previniendo a los manifestantes acerca
de un individuo de camisa blanca que está disparando. Docenas de personas − en su mayoría jóvenes y
adolescentes − caminan por las calles armados con piedras, machetes, palos, tubos, y resorteras,
mientras fuertes disparos de armas de fuego continúan escuchándose.
El reportero de medios independientes siguió a un grupo de jóvenes, algunos con los rostros cubiertos
con paliacates y con mochila sobre sus espaldas, quienes arrojaban piedras en dirección de donde
suponía se encontraban los francotiradores, y al notar que estos entran a una casa, varios de ellos
patean y golpean la puerta metálica para abrirla sin lograrlo. Minutos más tarde, un camión rojo de volteo
es manejado en reversa por la calle, el cual es usado para derribar la puerta, chocándolo contra la casa
en donde se cree se parapetaban los francotiradores. Pocos minutos después, se escucha el grito de
dolor de Brad Will cuando es impactado por una bala en la boca del estómago. Su cámara continuó
grabando automáticamente los momentos posteriores al caos que se desata cuando varias personas
tratan de ayudarlo, mientras se continúan oyendo fuertes disparos. La noticia de la muerte del ciudadano
estadounidense se propagó internacionalmente, causando la intervención del Gobierno Federal.
El 29 de octubre, dos días después del tiroteo, la Policía Federal Preventiva (PFP) entró a Oaxaca
mediante el uso de tanquetas antimotines. Abriéndose paso a las entradas de la plaza principal de la
ciudad, el Zócalo, los escuadrones policíacos se posicionaron paulatinamente en las calles y áreas
ocupadas por la APPO. Al perder el control de la zona, los miembros de la Asamblea se replegaron a las
instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Aunque el reporte oficial del gobierno
informó que el operativo federal para retomar el Zócalo no arrojó muertos, José Luís Soberanes,
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reveló en un reporte inicial que
aparentemente dos personas habían perdido la vida durante el avance de la policía y el repliegue los
manifestantes.
La ofensiva de los policías se basó en la utilización de toletes, granadas de gas lacrimógeno, y chorros de
agua a presión disparados desde las tanquetas, mientras que los simpatizantes de la APPO trataban de
repeler la avanzada lanzando bombas molotov y piedras. La remoción de las barricadas abrió el centro
de la ciudad, pero causó que miembros de la APPO procedieran a la quema de autobuses y otros
vehículos e inmuebles. El saldo del enfrentamiento fue de varios heridos en ambos bandos, así como la
detención de aproximadamente cincuenta manifestantes. Un sector de la ciudadanía expresó su
aprobación a la intervención de las fuerzas federales.
Hacia mediados del mes de noviembre, informes de la APPO indicaban que como consecuencia de los
choques con la Policía Federal, diecisiete personas habían sido asesinadas, y se había detenido
aproximadamente a cuarenta militantes. Durante ese mes, los choques violentos entre miembros de la
APPO y la PFP continuaron, pero el día 29, la operación del gobierno federal logró retirar los vehículos
usados para bloquear las arterias de tránsito y otras barreras que obstaculizaban puntos de entrada a
la ciudad y que limitaban el acceso en instalaciones como las de Radio Universidad. Las autoridades
realizaron también la limpieza de las calles para restaurar el tránsito vehicular y de peatones, y
restablecer el orden público.
Semanas antes, durante los días 10, 11, y 12 del mismo mes, la APPO había llevado a cabo su congreso
constitutivo, contando con la asistencia de aproximadamente 600 delegados, para buscar constituir
formalmente su organización y aprobar sus “estatutos, principios, programa y propósitos para asegurar
la continuidad de la lucha popular, dar orden y certidumbre a las actividades del Movimiento Popular
Oaxaqueño.” La APPO instó a “defender los espacios de la lucha política pacífica de masas, espacios que
el pueblo de Oaxaca y de México ha conquistado a lo largo de su historia” (citas tomadas de la
Convocatoria del Congreso Constitutivo de la APPO.)
Meses antes de la entrada de las fuerzas federales, Flavio Sosa Villavicencio, activista oaxaqueño, líder la
organización llamada Nueva Izquierda de Oaxaca, miembro de la APPO, y quien se había involucrado en
el conflicto magisterial desde su comienzo, era ya uno de lo integrantes más visibles del movimiento. Su
rostro era plenamente identificado con la dirigencia de la APPO. A causa de su militancia, su oficina en
Oaxaca fue incendiada el 26 de noviembre, al tiempo que su hermano Eric fue detenido y enviado a una
prisión en el estado de Tamaulipas. Tres días después de la toma de protesta del nuevo presidente
Felipe Calderón, el 4 de diciembre, Flavio Sosa se encontraba en la Ciudad de México, a donde había
acudido a dar una conferencia de prensa sobre la represión en Oaxaca. Al salir del Centro Nacional de
Comunicación Social, se le aplicó una orden de detención en su contra acusado de los delitos de robo
específico, robo calificado con violencia, daños dolosos, daños en propiedad ajena, lesiones, secuestro,
lesiones calificadas, sedición e incitación a la violencia Junto con él, fueron arrestados también dos de sus
hermanos, Horacio e Ignacio Sosa, así como a Marcelino Coache, otro afiliado de la APPO.
Flavio Sosa declaró no ser el líder principal de la APPO, arguyendo que la dirigencia de la organización
consiste de una liderazgo a nivel miembros, y no en un sólo individuo. El diario “El Universal” de México,
había informado que el 30 de noviembre, cuatro días antes de su arresto, Flavio se había rasurado la
barba y escondido su larga cabellera dentro de una gorra, para tratar de ocultarse y así poder salir de
Oaxaca rumbo a la Ciudad de México, para lo cual también se transportó en diferentes vehículos. Ante el
cambio de gobierno efectuado el 1 de diciembre, varios dirigentes de la APPO dieron a conocer que
estaban reiniciando las negociaciones con los nuevos funcionarios de Secretaría de Gobernación. Su
demanda era la misma: exigir la desaparición de poderes, la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, y la
liberación de los miembros arrestados de su movimiento.
Después de que las fuerzas federales tomaron el control de la ciudad de Oaxaca, muchos de los daños
causados durante los seis meses se hicieron más evidentes. Vestigios de los incendios, graffiti sobre
paredes de edificios gubernamentales y otras estructuras de valor cultural e histórico, estragos como
decenas de autobuses y autos quemados, quedaron como testimonio del movimiento magisterial. Los
edificios del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Poder Judicial Federal, el famoso Teatro Juárez,
y la sede de la Secretaría de Turismo, también habían sido incendiados. Otras estructuras dañadas
fueron las de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Registro Público de la Propiedad, la Facultad de
Sociología de la Universidad, y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la entidad. El hotel Camino
Real y otras dos casonas sufrieron por igual daños causados con bombas molotov. Todo lo anterior sin
contar el sinnúmero de saqueos a propiedades públicas y privadas.
Por otro lado, el precio en materia económica que Oaxaca ha pagado por el conflicto magisterial, se vio
más reflejado en la industria del turismo. Se estima que se perdieron grandes cantidades de divisas
normalmente generadas por turistas nacionales e internacionales. El 18 de enero del 2007, el gobierno
de los Estados Unidos bajó el nivel de alerta para viajar a Oaxaca, recomendado a sus ciudadanos “ser
cautos”, reemplazando así la advertencia emitida durante el conflicto, de evitar del todo viajar a ese
estado. En materia educativa, más de un millón de estudiantes fueron perjudicados sin recibir enseñanza
por más de medio año. Irónicamente, y a pesar de la percepción del movimiento como lucha del pueblo,
un gran número de padres de familia cuyos hijos asisten a las escuelas públicas, consideraron que se
vieron afectados negativamente por la huelga.
Muchos ciudadanos oaxaqueños no están de acuerdo con las peticiones de los trabajadores de la
educación, argumentando que el gremio de los maestros es uno de los que gozan de más beneficios,
mismos que otros empleados públicos carecen. Estos padres de estudiantes objetan que los docentes
exigen aumentos salariales anualmente, más tiempo de vacaciones, e incrementos a su aguinaldo
(gratificación de dinero al fin de año) mientras demandan, a su vez, menos días trabajo. Muchos padres
de familia y algunos maestros jubilados optaron por matricular a sus hijos en escuelas de otros estados
contiguos, o por impartir la educación en casa. Durante el conflicto, padres de familia pertenecientes al
movimiento de la APPO llegaron al extremo de soldar las entradas de las escuelas para impedir que los
estudiantes pudieran regresar a clases. La gran mayoría de las escuelas en Oaxaca fueron reabiertas
paulatinamente a mediados del mes de noviembre; Oaxaca iría recuperando gradualmente la normalidad.
A principios del 2007, la APPO continúa exigiendo la salida de Ulises Ruiz, pero mucho de su activismo se
ha centrado en denunciar las detenciones de muchos de sus dirigentes, así como en demandar la
liberación de sus miembros arrestados durante el conflicto y después de él. Asimismo, la Asamblea
efectuó una marcha el 17 de enero, en la cual participaron activistas de organizaciones de derechos
humanos, sociales, indígenas, estudiantiles, así como de miembros de la Sección 22. La manifestación
tuvo el propósito de confirmar que el Consejo Popular seguirá luchando hasta que el gobernador
oaxaqueño sea removido. En un comunicado, la APPO estableció que al final del mitin, tres activistas
fueron detenidos, por lo cual ampliarán sus protestas con el fin que se respeten las garantías
individuales y cese la represión que asegura el gobierno lleva en contra de quienes componen su
Asamblea.
La administración de Ulises Ruiz no ha cedido a las demandas originales del pliego petitorio presentado
en mayo del 2006, postura que desencadenó una de las peores crisis del pueblo oaxaqueño, y que dio
pie al surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
unos meses sacudiría los cimientos del orden social y al gobierno del estado de Oaxaca. La pugna
sociopolítica se desenvolvió en torno a la negativa del gobierno estatal de satisfacer demandas laborales
por parte del sindicato de trabajadores de la educación. Ante la negativa del gobierno de Ulises Ruiz
Ortiz, la inconformidad de los maestros se tradujo en protestas, acciones que a su vez dieron lugar a la
lucha organizada que se desencadenaría en la crisis que mantuvo a Oaxaca sitiada por seis meses.
Las medidas tomadas para estructurar el movimiento magisterial originaron, a su vez, el surgimiento de
una coalición que vendría a identificar y caracterizar la lucha de maestros. Mejor conocida por sus siglas −
APPO − la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca emergió a raíz de una crisis educativa en esa
entidad. Los fundamentos que dieron forma a ésta organización y que provocaron uno de los más
profundos conflictos que se hayan visto en Oaxaca, fueron las acciones de apoyo que la APPO llevó a
cabo a favor de los trabajadores del sistema educativo oaxaqueño.
El gremio − agrupado oficialmente bajo la estructura y el nombre de Sección 22 del Sindicato Nacional de
Trabajadores de la Educación (SNTE, por su abreviatura) − presentó el 1 de mayo del 2006 − el Día del
Trabajo − un pliego petitorio al gobernador del estado, Ulises Ruiz, en el que solicitaban beneficios
laborales encaminados, principalmente, a recibir un aumento salarial para sus miembros. En respuesta a
la denegación del gobernador de satisfacer sus peticiones, veintiún días después, cientos de
trabajadores de la educación de la Sección 22 ocuparon las calles del centro histórico de la ciudad de
Oaxaca en protesta, declarando una huelga indefinida en todos los centros educativos públicos. A los
trabajadores de la educación se sumarían otras organizaciones civiles.
Días antes, el 18 de mayo, Moisés Cruz, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dirigente
de la Red Internacional de Indígenas Inmigrantes Oaxaqueños, había sido asesinado a balazos por
pistoleros que lo emboscaron al salir de una fonda en su pueblo natal, San Juan Mixtepec, Oaxaca. La
muerte de Cruz, aunque no relacionada inherentemente al movimiento de maestros, fue una señal de lo
que líderes magisteriales denunciaron como un ciclo autoritario caracterizado por el incremento de
crímenes por pugnas sociopolíticas y el aumento en las detenciones arbitrarias contra dirigentes sociales.
Durante las siguientes dos semanas, para aumentar su presión sobre el gobierno, miles de trabajadores
de la educación y otros ciudadanos de Oaxaca, llevaron a cabo acciones de resistencia civil, así como
marchas multitudinarias. El gobierno oaxaqueño respondió dándoles un plazo para terminar la huelga y
reanudar las clases. El 14 de junio, el gobierno intentó desalojar el plantón, pero las autoridades
estatales fracasaron en dispersar a los trabajadores. El choque violento entre maestros y policías
estatales, agudizaría y marcaría al movimiento, y conduciría a los disidentes a elevar sus demandas al
gobierno federal.
De acuerdo a la información enunciada por la propia APPO, su fundación se inició el 17 de junio, en
respuesta a la “brutal represión” del gobierno para intentar el desalojo. Su composición se basó en la
unificación de 365 organizaciones sociales, representativas de todo el estado, e inclusiva de las 16 etnias
de Oaxaca. La Asamblea aglutinó a los diversos movimientos sociales, políticos, de derechos humanos,
ecologistas, estudiantiles, de género, y sindicales de Oaxaca, en “una organización colectiva de
movimiento social, y acordó encausar la exigencia del magisterio democrático oaxaqueño.”
Las consecuencias inmediatas del conflicto entre gobierno y trabajadores de la educación, fueron el
recrudecimiento de las protestas, las marchas realizadas por ambos bandos, la destitución de oficiales
del gobierno de Ulises Ruiz, así como la pérdida de casi la totalidad de los distritos que ocupaba el
partido oficial, el PRI, en la elecciones del 2 de julio. Bajo la estrategia de la APPO, se decidió continuar
con el plantón y asimismo se modificaron las demandas originales del pliego petitorio, incluyendo una
nueva: la remoción o la renuncia voluntaria del gobernador, quien ya había sido desconocido por los
miembros de la Sección 22.
A partir del mes de agosto, las acciones de la APPO consistieron en la toma por la fuerza de instalaciones
de medios de comunicación del gobierno, la colocación de retenes y barricadas en las carreteras, y el
control de los principales puntos de entrada a la ciudad. Al mismo tiempo, se comenzaron a producir
incidentes en los que se reportaban detonaciones y disparos en algunos de los sitios tomados, y se llevó
a cabo el desalojo de algunas instalaciones ocupadas por las APPO. Las estaciones de radio y de
televisión se usaron para impulsar el movimiento y diseminar información sobre la planeación de eventos
y acerca de acontecimientos suscitados. La ofensiva en contra de la lucha civil en Oaxaca resultó en la
muerte de miembros de la APPO, particularmente en la zona de la Mixteca, en donde varios indígenas de
esa región empobrecida fueron asesinados. La policía estatal respondió con disparos en diversas
manifestaciones causando la muerte de varios militantes.
Para el mes de septiembre, el conflicto magisterial había bien ya trascendido de la esfera local y estatal al
ámbito nacional, y en la medida en que intensificaban los enfrentamientos, las hostilidades obtenían la
atención de la prensa mundial. Las movilizaciones multitudinarias también se trasladaron a la Ciudad de
México, efectuándose una marcha, llamada “marcha-caminata por la dignidad de los pueblos de Oaxaca”,
la cual partió el 21 de septiembre de ese estado, y arribó a las inmediaciones del Senado de la República
el 9 de octubre. Los hechos de violencia en Oaxaca continuaron, y ante la creciente presión por su
destitución, el gobernador Ulises Ruiz amenazó a los disidentes con rescindirles su contrato. Por otra
parte, un paro laboral solicitado por la iniciativa privada no tuvo éxito, ante la baja participación del
sector comercial.
Después de varios fracasos en las negociaciones entre líderes de la APPO y funcionarios del Gobierno
Federal y el de Oaxaca, el 26 de octubre se logró mediante el diálogo, un acuerdo tentativo entre la
APPO y la Sección 22 del SNTE, para que las clases en las escuelas se reanudaran después de cinco
meses de huelga. Dentro del contexto del conflicto, ya existía un descontento generalizado por la
inhabilidad del magisterio para terminar con el paro escolar. Sin embargo, a causa de la intensidad y del
grado de violencia al que se llegó en Oaxaca, el plan de dar inicio a las clases se abortó. El 27 de
octubre, el conflicto social ascendería a su índice más violento desde su inicio en el mes de mayo,
arrojando el trágico saldo de cuatro personas asesinadas, entre ellos el reportero y camarógrafo del
Centro de Medios Independientes, el norteamericano Bradley Rolland Will, así como un miembro del
magisterio, el maestro Emilio Alonso Fabián. Ambos recibieron impactos de balas. Los hechos ocurrieron
en la Colonia Calicanto del Municipio de Santa Lucía del Camino.
La turbadora realidad de la violencia se hizo patente cuando el video captado por el mismo Brad Will - en
el cual se grabaron los acontecimientos previos así como el momento preciso en que es impactado - fuera
difundido por la televisión y en Internet. El tiroteo, atribuido a francotiradores siguiendo órdenes del
gobierno de Ulises Ruiz, sucedió en un área en donde la APPO había colocado una barricada. Después de
grabar algunos testimonios, el camarógrafo estadounidense logró captar escenas en las que se ve aun
grupo de hombres disparando. El audio del video registra a Brad previniendo a los manifestantes acerca
de un individuo de camisa blanca que está disparando. Docenas de personas − en su mayoría jóvenes y
adolescentes − caminan por las calles armados con piedras, machetes, palos, tubos, y resorteras,
mientras fuertes disparos de armas de fuego continúan escuchándose.
El reportero de medios independientes siguió a un grupo de jóvenes, algunos con los rostros cubiertos
con paliacates y con mochila sobre sus espaldas, quienes arrojaban piedras en dirección de donde
suponía se encontraban los francotiradores, y al notar que estos entran a una casa, varios de ellos
patean y golpean la puerta metálica para abrirla sin lograrlo. Minutos más tarde, un camión rojo de volteo
es manejado en reversa por la calle, el cual es usado para derribar la puerta, chocándolo contra la casa
en donde se cree se parapetaban los francotiradores. Pocos minutos después, se escucha el grito de
dolor de Brad Will cuando es impactado por una bala en la boca del estómago. Su cámara continuó
grabando automáticamente los momentos posteriores al caos que se desata cuando varias personas
tratan de ayudarlo, mientras se continúan oyendo fuertes disparos. La noticia de la muerte del ciudadano
estadounidense se propagó internacionalmente, causando la intervención del Gobierno Federal.
El 29 de octubre, dos días después del tiroteo, la Policía Federal Preventiva (PFP) entró a Oaxaca
mediante el uso de tanquetas antimotines. Abriéndose paso a las entradas de la plaza principal de la
ciudad, el Zócalo, los escuadrones policíacos se posicionaron paulatinamente en las calles y áreas
ocupadas por la APPO. Al perder el control de la zona, los miembros de la Asamblea se replegaron a las
instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Aunque el reporte oficial del gobierno
informó que el operativo federal para retomar el Zócalo no arrojó muertos, José Luís Soberanes,
presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reveló en un reporte inicial que
aparentemente dos personas habían perdido la vida durante el avance de la policía y el repliegue los
manifestantes.
La ofensiva de los policías se basó en la utilización de toletes, granadas de gas lacrimógeno, y chorros de
agua a presión disparados desde las tanquetas, mientras que los simpatizantes de la APPO trataban de
repeler la avanzada lanzando bombas molotov y piedras. La remoción de las barricadas abrió el centro
de la ciudad, pero causó que miembros de la APPO procedieran a la quema de autobuses y otros
vehículos e inmuebles. El saldo del enfrentamiento fue de varios heridos en ambos bandos, así como la
detención de aproximadamente cincuenta manifestantes. Un sector de la ciudadanía expresó su
aprobación a la intervención de las fuerzas federales.
Hacia mediados del mes de noviembre, informes de la APPO indicaban que como consecuencia de los
choques con la Policía Federal, diecisiete personas habían sido asesinadas, y se había detenido
aproximadamente a cuarenta militantes. Durante ese mes, los choques violentos entre miembros de la
APPO y la PFP continuaron, pero el día 29, la operación del gobierno federal logró retirar los vehículos
usados para bloquear las arterias de tránsito y otras barreras que obstaculizaban puntos de entrada a
la ciudad y que limitaban el acceso en instalaciones como las de Radio Universidad. Las autoridades
realizaron también la limpieza de las calles para restaurar el tránsito vehicular y de peatones, y
restablecer el orden público.
Semanas antes, durante los días 10, 11, y 12 del mismo mes, la APPO había llevado a cabo su congreso
constitutivo, contando con la asistencia de aproximadamente 600 delegados, para buscar constituir
formalmente su organización y aprobar sus “estatutos, principios, programa y propósitos para asegurar
la continuidad de la lucha popular, dar orden y certidumbre a las actividades del Movimiento Popular
Oaxaqueño.” La APPO instó a “defender los espacios de la lucha política pacífica de masas, espacios que
el pueblo de Oaxaca y de México ha conquistado a lo largo de su historia” (citas tomadas de la
Convocatoria del Congreso Constitutivo de la APPO.)
Meses antes de la entrada de las fuerzas federales, Flavio Sosa Villavicencio, activista oaxaqueño, líder la
organización llamada Nueva Izquierda de Oaxaca, miembro de la APPO, y quien se había involucrado en
el conflicto magisterial desde su comienzo, era ya uno de lo integrantes más visibles del movimiento. Su
rostro era plenamente identificado con la dirigencia de la APPO. A causa de su militancia, su oficina en
Oaxaca fue incendiada el 26 de noviembre, al tiempo que su hermano Eric fue detenido y enviado a una
prisión en el estado de Tamaulipas. Tres días después de la toma de protesta del nuevo presidente
Felipe Calderón, el 4 de diciembre, Flavio Sosa se encontraba en la Ciudad de México, a donde había
acudido a dar una conferencia de prensa sobre la represión en Oaxaca. Al salir del Centro Nacional de
Comunicación Social, se le aplicó una orden de detención en su contra acusado de los delitos de robo
específico, robo calificado con violencia, daños dolosos, daños en propiedad ajena, lesiones, secuestro,
lesiones calificadas, sedición e incitación a la violencia Junto con él, fueron arrestados también dos de sus
hermanos, Horacio e Ignacio Sosa, así como a Marcelino Coache, otro afiliado de la APPO.
Flavio Sosa declaró no ser el líder principal de la APPO, arguyendo que la dirigencia de la organización
consiste de una liderazgo a nivel miembros, y no en un sólo individuo. El diario “El Universal” de México,
había informado que el 30 de noviembre, cuatro días antes de su arresto, Flavio se había rasurado la
barba y escondido su larga cabellera dentro de una gorra, para tratar de ocultarse y así poder salir de
Oaxaca rumbo a la Ciudad de México, para lo cual también se transportó en diferentes vehículos. Ante el
cambio de gobierno efectuado el 1 de diciembre, varios dirigentes de la APPO dieron a conocer que
estaban reiniciando las negociaciones con los nuevos funcionarios de Secretaría de Gobernación. Su
demanda era la misma: exigir la desaparición de poderes, la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, y la
liberación de los miembros arrestados de su movimiento.
Después de que las fuerzas federales tomaron el control de la ciudad de Oaxaca, muchos de los daños
causados durante los seis meses se hicieron más evidentes. Vestigios de los incendios, graffiti sobre
paredes de edificios gubernamentales y otras estructuras de valor cultural e histórico, estragos como
decenas de autobuses y autos quemados, quedaron como testimonio del movimiento magisterial. Los
edificios del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Poder Judicial Federal, el famoso Teatro Juárez,
y la sede de la Secretaría de Turismo, también habían sido incendiados. Otras estructuras dañadas
fueron las de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Registro Público de la Propiedad, la Facultad de
Sociología de la Universidad, y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la entidad. El hotel Camino
Real y otras dos casonas sufrieron por igual daños causados con bombas molotov. Todo lo anterior sin
contar el sinnúmero de saqueos a propiedades públicas y privadas.
Por otro lado, el precio en materia económica que Oaxaca ha pagado por el conflicto magisterial, se vio
más reflejado en la industria del turismo. Se estima que se perdieron grandes cantidades de divisas
normalmente generadas por turistas nacionales e internacionales. El 18 de enero del 2007, el gobierno
de los Estados Unidos bajó el nivel de alerta para viajar a Oaxaca, recomendado a sus ciudadanos “ser
cautos”, reemplazando así la advertencia emitida durante el conflicto, de evitar del todo viajar a ese
estado. En materia educativa, más de un millón de estudiantes fueron perjudicados sin recibir enseñanza
por más de medio año. Irónicamente, y a pesar de la percepción del movimiento como lucha del pueblo,
un gran número de padres de familia cuyos hijos asisten a las escuelas públicas, consideraron que se
vieron afectados negativamente por la huelga.
Muchos ciudadanos oaxaqueños no están de acuerdo con las peticiones de los trabajadores de la
educación, argumentando que el gremio de los maestros es uno de los que gozan de más beneficios,
mismos que otros empleados públicos carecen. Estos padres de estudiantes objetan que los docentes
exigen aumentos salariales anualmente, más tiempo de vacaciones, e incrementos a su aguinaldo
(gratificación de dinero al fin de año) mientras demandan, a su vez, menos días trabajo. Muchos padres
de familia y algunos maestros jubilados optaron por matricular a sus hijos en escuelas de otros estados
contiguos, o por impartir la educación en casa. Durante el conflicto, padres de familia pertenecientes al
movimiento de la APPO llegaron al extremo de soldar las entradas de las escuelas para impedir que los
estudiantes pudieran regresar a clases. La gran mayoría de las escuelas en Oaxaca fueron reabiertas
paulatinamente a mediados del mes de noviembre; Oaxaca iría recuperando gradualmente la normalidad.
A principios del 2007, la APPO continúa exigiendo la salida de Ulises Ruiz, pero mucho de su activismo se
ha centrado en denunciar las detenciones de muchos de sus dirigentes, así como en demandar la
liberación de sus miembros arrestados durante el conflicto y después de él. Asimismo, la Asamblea
efectuó una marcha el 17 de enero, en la cual participaron activistas de organizaciones de derechos
humanos, sociales, indígenas, estudiantiles, así como de miembros de la Sección 22. La manifestación
tuvo el propósito de confirmar que el Consejo Popular seguirá luchando hasta que el gobernador
oaxaqueño sea removido. En un comunicado, la APPO estableció que al final del mitin, tres activistas
fueron detenidos, por lo cual ampliarán sus protestas con el fin que se respeten las garantías
individuales y cese la represión que asegura el gobierno lleva en contra de quienes componen su
Asamblea.
La administración de Ulises Ruiz no ha cedido a las demandas originales del pliego petitorio presentado
en mayo del 2006, postura que desencadenó una de las peores crisis del pueblo oaxaqueño, y que dio
pie al surgimiento de la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Eduardo Barraza periodista y escritor
mexicano, editor de la revista Barriozona, y
director del Insituto Hispano de Asuntos
Sociales. E-mail: editor@barriozona.com
mexicano, editor de la revista Barriozona, y
director del Insituto Hispano de Asuntos
Sociales. E-mail: editor@barriozona.com
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PROPAGANDA Poster en contra de
la APPO y sus miembros.
Cartel Anónimo
la APPO y sus miembros.
Cartel Anónimo
"POLÍTICOS ASESINOS" Arte
popular en contra de Ulises Ruiz.
Foto Indymedia
popular en contra de Ulises Ruiz.
Foto Indymedia
INFIERNO EN LA CALLES Las
consecuencias inmediatas del
conflicto entre gobierno y
trabajadores de la educación, fueron
el recrudecimiento de las protestas.
Foto APPO
consecuencias inmediatas del
conflicto entre gobierno y
trabajadores de la educación, fueron
el recrudecimiento de las protestas.
Foto APPO
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