| BARRIOZONA |
Permission to reprint or copy this article or photo, other than personal use, must be obtained from BARRIOZONA,
Call 480-983-1445 or e-mail admin@barriozona.com with your request
Call 480-983-1445 or e-mail admin@barriozona.com with your request
Oaxaca en llamas: Memoria de un conflicto
Por Eduardo Barraza
BARRIOZONA
Enero 21, 2007 Regresar al Artículo
El año 2006 vio surgir en Oaxaca, estado al sureste de México, un
nuevo conflicto magisterial que en sólo unos meses sacudiría los
cimientos del orden social y al gobierno del estado de Oaxaca. La
pugna sociopolítica se desenvolvió en torno a la negativa del
gobierno estatal de satisfacer demandas laborales por parte del
sindicato de trabajadores de la educación. Ante la negativa del
gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, la inconformidad de los maestros
se tradujo en protestas, acciones que a su vez dieron lugar a la
lucha organizada que se desencadenaría en la crisis que
mantuvo a Oaxaca sitiada por seis meses.
Las medidas tomadas para estructurar el movimiento magisterial
originaron, a su vez, el surgimiento de una coalición que vendría
a identificar y caracterizar la lucha de maestros. Mejor conocida por
BARRIOZONA
Enero 21, 2007 Regresar al Artículo
El año 2006 vio surgir en Oaxaca, estado al sureste de México, un
nuevo conflicto magisterial que en sólo unos meses sacudiría los
cimientos del orden social y al gobierno del estado de Oaxaca. La
pugna sociopolítica se desenvolvió en torno a la negativa del
gobierno estatal de satisfacer demandas laborales por parte del
sindicato de trabajadores de la educación. Ante la negativa del
gobierno de Ulises Ruiz Ortiz, la inconformidad de los maestros
se tradujo en protestas, acciones que a su vez dieron lugar a la
lucha organizada que se desencadenaría en la crisis que
mantuvo a Oaxaca sitiada por seis meses.
Las medidas tomadas para estructurar el movimiento magisterial
originaron, a su vez, el surgimiento de una coalición que vendría
a identificar y caracterizar la lucha de maestros. Mejor conocida por
| Grassroots Journalism www.barriozona.com |
| ANUNCIO |
sus siglas − APPO − la Asamblea Popular de los Pueblos de Oaxaca emergió a raíz de una crisis educativa en esa entidad.
Los fundamentos que dieron forma a ésta organización y que provocaron uno de los más profundos conflictos que se hayan
visto en Oaxaca, fueron las acciones de apoyo que la APPO llevó a cabo a favor de los trabajadores del sistema educativo
oaxaqueño.
El gremio − agrupado oficialmente bajo la estructura y el nombre de Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE, por su abreviatura) − presentó el 1 de mayo del 2006 − el Día del Trabajo − un pliego petitorio al
gobernador del estado, Ulises Ruiz, en el que solicitaban beneficios laborales encaminados, principalmente, a recibir un
aumento salarial para sus miembros. En respuesta a la denegación del gobernador de satisfacer sus peticiones, veintiún
días después, cientos de trabajadores de la educación de la Sección 22 ocuparon las calles del centro histórico de la
ciudad de Oaxaca en protesta, declarando una huelga indefinida en todos los centros educativos públicos. A los
trabajadores de la educación se sumarían otras organizaciones civiles.
Días antes, el 18 de mayo, Moisés Cruz, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dirigente de la Red
Internacional de Indígenas Inmigrantes Oaxaqueños, había sido asesinado a balazos por pistoleros que lo emboscaron al
salir de una fonda en su pueblo natal, San Juan Mixtepec, Oaxaca. La muerte de Cruz, aunque no relacionada
inherentemente al movimiento de maestros, fue una señal de lo que líderes magisteriales denunciaron como un ciclo
autoritario caracterizado por el incremento de crímenes por pugnas sociopolíticas y el aumento en las detenciones
arbitrarias contra dirigentes sociales.
Durante las siguientes dos semanas, para aumentar su presión sobre el gobierno, miles de trabajadores de la educación y
otros ciudadanos de Oaxaca, llevaron a cabo acciones de resistencia civil, así como marchas multitudinarias. El gobierno
oaxaqueño respondió dándoles un plazo para terminar la huelga y reanudar las clases. El 14 de junio, el gobierno intentó
desalojar el plantón, pero las autoridades estatales fracasaron en dispersar a los trabajadores. El choque violento entre
maestros y policías estatales, agudizaría y marcaría al movimiento, y conduciría a los disidentes a elevar sus demandas al
gobierno federal.
De acuerdo a la información enunciada por la propia APPO, su fundación se inició el 17 de junio, en respuesta a la “brutal
represión” del gobierno para intentar el desalojo. Su composición se basó en la unificación de 365 organizaciones sociales,
representativas de todo el estado, e inclusiva de las 16 etnias de Oaxaca. La Asamblea aglutinó a los diversos movimientos
sociales, políticos, de derechos humanos, ecologistas, estudiantiles, de género, y sindicales de Oaxaca, en “una
organización colectiva de movimiento social, y acordó encausar la exigencia del magisterio democrático oaxaqueño.”
Las consecuencias inmediatas del conflicto entre gobierno y trabajadores de la educación, fueron el recrudecimiento de las
protestas, las marchas realizadas por ambos bandos, la destitución de oficiales del gobierno de Ulises Ruiz, así como la
pérdida de casi la totalidad de los distritos que ocupaba el partido oficial, el PRI, en la elecciones del 2 de julio. Bajo la
estrategia de la APPO, se decidió continuar con el plantón y asimismo se modificaron las demandas originales del pliego
petitorio, incluyendo una nueva: la remoción o la renuncia voluntaria del gobernador, quien ya había sido desconocido por
los miembros de la Sección 22.
A partir del mes de agosto, las acciones de la APPO consistieron en la toma por la fuerza de instalaciones de medios de
comunicación del gobierno, la colocación de retenes y barricadas en las carreteras, y el control de los principales puntos de
entrada a la ciudad. Al mismo tiempo, se comenzaron a producir incidentes en los que se reportaban detonaciones y
disparos en algunos de los sitios tomados, y se llevó a cabo el desalojo de algunas instalaciones ocupadas por las APPO.
Las estaciones de radio y de televisión se usaron para impulsar el movimiento y diseminar información sobre la planeación
de eventos y acerca de acontecimientos suscitados. La ofensiva en contra de la lucha civil en Oaxaca resultó en la muerte
de miembros de la APPO, particularmente en la zona de la Mixteca, en donde varios indígenas de esa región empobrecida
fueron asesinados. La policía estatal respondió con disparos en diversas manifestaciones causando la muerte de varios
militantes.
Para el mes de septiembre, el conflicto magisterial había bien ya trascendido de la esfera local y estatal al ámbito nacional,
y en la medida en que intensificaban los enfrentamientos, las hostilidades obtenían la atención de la prensa mundial. Las
movilizaciones multitudinarias también se trasladaron a la Ciudad de México, efectuándose una marcha, llamada “marcha-
caminata por la dignidad de los pueblos de Oaxaca”, la cual partió el 21 de septiembre de ese estado, y arribó a las
inmediaciones del Senado de la República el 9 de octubre. Los hechos de violencia en Oaxaca continuaron, y ante la
creciente presión por su destitución, el gobernador Ulises Ruiz amenazó a los disidentes con rescindirles su contrato. Por
otra parte, un paro laboral solicitado por la iniciativa privada no tuvo éxito, ante la baja participación del sector comercial.
Después de varios fracasos en las negociaciones entre líderes de la APPO y funcionarios del Gobierno Federal y el de
Oaxaca, el 26 de octubre se logró mediante el diálogo, un acuerdo tentativo entre la APPO y la Sección 22 del SNTE, para
que las clases en las escuelas se reanudaran después de cinco meses de huelga. Dentro del contexto del conflicto, ya
existía un descontento generalizado por la inhabilidad del magisterio para terminar con el paro escolar. Sin embargo, a
causa de la intensidad y del grado de violencia al que se llegó en Oaxaca, el plan de dar inicio a las clases se abortó. El 27
de octubre, el conflicto social ascendería a su índice más violento desde su inicio en el mes de mayo, arrojando el trágico
saldo de cuatro personas asesinadas, entre ellos el reportero y camarógrafo del Centro de Medios Independientes, el
norteamericano Bradley Roland Will, así como un miembro del magisterio, el maestro Emilio Alonso Fabián. Ambos
recibieron impactos de balas. Los hechos ocurrieron en la Colonia Calicanto del Municipio de Santa Lucía del Camino.
La turbadora realidad de la violencia se hizo patente cuando el video captado por el mismo Brad Will - en el cual se grabaron
los acontecimientos previos así como el momento preciso en que es impactado - fuera difundido por la televisión y en
Internet. El tiroteo, atribuido a francotiradores siguiendo órdenes del gobierno de Ulises Ruiz, sucedió en un área en donde
la APPO había colocado una barricada. Después de grabar algunos testimonios, el camarógrafo estadounidense logró
captar escenas en las que se ve aun grupo de hombres disparando. El audio del video registra a Brad previniendo a los
manifestantes acerca de un individuo de camisa blanca que está disparando. Docenas de personas − en su mayoría
jóvenes y adolescentes − caminan por las calles armados con piedras, machetes, palos, tubos, y resorteras, mientras
fuertes disparos de armas de fuego continúan escuchándose.
El reportero de medios independientes siguió a un grupo de jóvenes, algunos con los rostros cubiertos con paliacates y con
mochila sobre sus espaldas, quienes arrojaban piedras en dirección de donde suponía se encontraban los francotiradores,
y al notar que estos entran a una casa, varios de ellos patean y golpean la puerta metálica para abrirla sin lograrlo. Minutos
más tarde, un camión rojo de volteo es manejado en reversa por la calle, el cual es usado para derribar la puerta,
chocándolo contra la casa en donde se cree se parapetaban los francotiradores. Pocos minutos después, se escucha el
grito de dolor de Brad Will cuando es impactado por una bala en la boca del estómago. Su cámara continuó grabando
automáticamente los momentos posteriores al caos que se desata cuando varias personas tratan de ayudarlo, mientras se
continúan oyendo fuertes disparos. La noticia de la muerte del ciudadano estadounidense se propagó internacionalmente,
causando la intervención del Gobierno Federal.
El 29 de octubre, dos días después del tiroteo, la Policía Federal Preventiva (PFP) entró a Oaxaca mediante el uso de
tanquetas antimotines. Abriéndose paso a las entradas de la plaza principal de la ciudad, el Zócalo, los escuadrones
policíacos se posicionaron paulatinamente en las calles y áreas ocupadas por la APPO. Al perder el control de la zona, los
miembros de la Asamblea se replegaron a las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Aunque
el reporte oficial del gobierno informó que el operativo federal para retomar el Zócalo no arrojó muertos, José Luís
Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reveló en un reporte inicial que aparentemente
dos personas habían perdido la vida durante el avance de la policía y el repliegue los manifestantes.
La ofensiva de los policías se basó en la utilización de toletes, granadas de gas lacrimógeno, y chorros de agua a presión
disparados desde las tanquetas, mientras que los simpatizantes de la APPO trataban de repeler la avanzada lanzando
bombas molotov y piedras. La remoción de las barricadas abrió el centro de la ciudad, pero causó que miembros de la
APPO procedieran a la quema de autobuses y otros vehículos e inmuebles. El saldo del enfrentamiento fue de varios
heridos en ambos bandos, así como la detención de aproximadamente cincuenta manifestantes. Un sector de la
ciudadanía expresó su aprobación a la intervención de las fuerzas federales.
Hacia mediados del mes de noviembre, informes de la APPO indicaban que como consecuencia de los choques con la
Policía Federal, diecisiete personas habían sido asesinadas, y se había detenido aproximadamente a cuarenta militantes.
Durante ese mes, los choques violentos entre miembros de la APPO y la PFP continuaron, pero el día 29, la operación del
gobierno federal logró retirar los vehículos usados para bloquear las arterias de tránsito y otras barreras que obstaculizaban
puntos de entrada a la ciudad y que limitaban el acceso en instalaciones como las de Radio Universidad. Las autoridades
realizaron también la limpieza de las calles para restaurar el tránsito vehicular y de peatones, y restablecer el orden público.
Semanas antes, durante los días 10, 11, y 12 del mismo mes, la APPO había llevado a cabo su congreso constitutivo,
contando con la asistencia de aproximadamente 600 delegados, para buscar constituir formalmente su organización y
aprobar sus “estatutos, principios, programa y propósitos para asegurar la continuidad de la lucha popular, dar orden y
certidumbre a las actividades del Movimiento Popular Oaxaqueño.” La APPO instó a “defender los espacios de la lucha
política pacífica de masas, espacios que el pueblo de Oaxaca y de México ha conquistado a lo largo de su historia.” (Citas
tomadas de la Convocatoria del Congreso Constitutivo de la APPO.
Meses antes de la entrada de las fuerzas federales, Flavio Sosa Villavicencio, activista oaxaqueño, líder la organización
llamada Nueva Izquierda de Oaxaca, miembro de la APPO, y quien se había involucrado en el conflicto magisterial desde su
comienzo, era ya uno de lo integrantes más visibles del movimiento. Su rostro era plenamente identificado con la dirigencia
de la APPO. A causa de su militancia, su oficina en Oaxaca fue incendiada el 26 de noviembre, al tiempo que su hermano
Eric fue detenido y enviado a una prisión en el estado de Tamaulipas. Tres días después de la toma de protesta del nuevo
presidente Felipe Calderón, el 4 de diciembre, Flavio Sosa se encontraba en la Ciudad de México, a donde había acudido a
dar una conferencia de prensa sobre la represión en Oaxaca. Al salir del Centro Nacional de Comunicación Social, se le
aplicó una orden de detención en su contra acusado de los delitos de robo específico, robo calificado con violencia, daños
dolosos, daños en propiedad ajena, lesiones, secuestro, lesiones calificadas, sedición e incitación a la violencia Junto con
él, fueron arrestados también dos de sus hermanos, Horacio e Ignacio Sosa, así como a Marcelino Coache, otro afiliado de
la APPO.
Flavio Sosa declaró no ser líder principal de la APPO, arguyendo que la dirigencia de la organización consiste de una
liderazgo a nivel miembros, y no en un sólo individuo. El diario “El Universal” de México, había informado que el 30 de
noviembre, cuatro días antes de su arresto, Flavio se había rasurado la barba y escondido su larga cabellera dentro de una
gorra, para tratar de ocultarse y así poder salir de Oaxaca rumbo a la Ciudad de México, para lo cual también se transportó
en diferentes vehículos. Ante el cambio de gobierno efectuado el 1 de diciembre, varios dirigentes de la APPO dieron a
conocer que estaban reiniciando las negociaciones con los nuevos funcionarios de Secretaría de Gobernación. Su
demanda era la misma: exigir la desaparición de poderes, la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, y la liberación de los
miembros arrestados de su movimiento.
Después de que las fuerzas federales tomaron el control de la ciudad de Oaxaca, muchos de los daños causados durante
los seis meses se hicieron más evidentes. Vestigios de los incendios, graffiti sobre paredes de edificios gubernamentales
y otras estructuras de valor cultural e histórico, estragos como decenas de autobuses y autos quemados, quedaron como
testimonio del movimiento magisterial. Los edificios del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Poder Judicial
Federal, el famoso Teatro Juárez, y la sede de la Secretaría de Turismo, también habían sido incendiados. Otras estructuras
dañadas fueron las de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Registro Público de la Propiedad, la Facultad de
Sociología de la Universidad, y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la entidad. El hotel Camino Real y otras dos
casonas sufrieron por igual daños causados con bombas molotov. Todo lo anterior sin contar el sinnúmero de saqueos a
propiedades públicas y privadas.
Por otro lado, el precio en materia económica que Oaxaca ha pagado por el conflicto magisterial, se vio más reflejado en la
industria del turismo. Se estima que se perdieron grandes cantidades de divisas normalmente generadas por turistas
nacionales e internacionales. El 18 de enero del 2007, el gobierno de los Estados Unidos bajó el nivel de alerta para viajar a
Oaxaca, recomendado a sus ciudadanos “ser cautos”, reemplazando así la advertencia emitida durante el conflicto, de evitar
del todo viajar a ese estado. En materia educativa, más de un millón de estudiantes fueron perjudicados sin recibir
enseñanza por más de medio año. Irónicamente, y a pesar de la percepción del movimiento como lucha del pueblo, un gran
número de padres de familia cuyos hijos asisten a las escuelas públicas, consideraron que se vieron afectados
negativamente por la huelga.
Muchos ciudadanos oaxaqueños no están de acuerdo con las peticiones de los trabajadores de la educación,
argumentando que el gremio de los maestros es uno de los que gozan de más beneficios, mismos que otros empleados
públicos carecen. Estos padres de estudiantes objetan que los docentes exigen aumentos salariales anualmente, más
tiempo de vacaciones, e incrementos a su aguinaldo (gratificación de dinero al fin de año) mientras demandan, a su vez,
menos días trabajo. Muchos padres de familia y algunos maestros jubilados optaron por matricular a sus hijos en escuelas
de otros estados contiguos, o por impartir la educación en casa. Durante el conflicto, padres de familia pertenecientes al
movimiento de la APPO llegaron al extremo de soldar las entradas de las escuelas para impedir que los estudiantes
pudieran regresar a clases. La gran mayoría de las escuelas en Oaxaca fueron reabiertas paulatinamente a mediados del
mes de noviembre; Oaxaca iría recuperando gradualmente la normalidad.
A principios del 2007, la APPO continúa exigiendo la salida de Ulises Ruiz, pero mucho de su activismo se ha centrado en
denunciar las detenciones de muchos de sus dirigentes, así como en demandar la liberación de sus miembros arrestados
durante el conflicto y después de él. Asimismo, la Asamblea efectuó una marcha el 17 de enero, en la cual participaron
activistas de organizaciones de derechos humanos, sociales, indígenas, estudiantiles, así como de miembros de la
Sección 22. La manifestación tuvo el propósito de confirmar que el Consejo Popular seguirá luchando hasta que el
gobernador oaxaqueño sea removido. En un comunicado, la APPO estableció que al final del mitin, tres activistas fueron
detenidos, por lo cual ampliarán sus protestas con el fin que se respeten las garantías individuales y cese la represión que
asegura el gobierno lleva en contra de quienes componen su Asamblea.
La administración de Ulises Ruiz no ha cedido a las demandas originales del pliego petitorio presentado en mayo del 2006,
postura que desencadenó una de las peores crisis del pueblo oaxaqueño, y que dio pie al surgimiento de la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Copyright © 2007 Hispanic Institute of Social Issues
Los fundamentos que dieron forma a ésta organización y que provocaron uno de los más profundos conflictos que se hayan
visto en Oaxaca, fueron las acciones de apoyo que la APPO llevó a cabo a favor de los trabajadores del sistema educativo
oaxaqueño.
El gremio − agrupado oficialmente bajo la estructura y el nombre de Sección 22 del Sindicato Nacional de Trabajadores de
la Educación (SNTE, por su abreviatura) − presentó el 1 de mayo del 2006 − el Día del Trabajo − un pliego petitorio al
gobernador del estado, Ulises Ruiz, en el que solicitaban beneficios laborales encaminados, principalmente, a recibir un
aumento salarial para sus miembros. En respuesta a la denegación del gobernador de satisfacer sus peticiones, veintiún
días después, cientos de trabajadores de la educación de la Sección 22 ocuparon las calles del centro histórico de la
ciudad de Oaxaca en protesta, declarando una huelga indefinida en todos los centros educativos públicos. A los
trabajadores de la educación se sumarían otras organizaciones civiles.
Días antes, el 18 de mayo, Moisés Cruz, líder del Partido de la Revolución Democrática (PRD) y dirigente de la Red
Internacional de Indígenas Inmigrantes Oaxaqueños, había sido asesinado a balazos por pistoleros que lo emboscaron al
salir de una fonda en su pueblo natal, San Juan Mixtepec, Oaxaca. La muerte de Cruz, aunque no relacionada
inherentemente al movimiento de maestros, fue una señal de lo que líderes magisteriales denunciaron como un ciclo
autoritario caracterizado por el incremento de crímenes por pugnas sociopolíticas y el aumento en las detenciones
arbitrarias contra dirigentes sociales.
Durante las siguientes dos semanas, para aumentar su presión sobre el gobierno, miles de trabajadores de la educación y
otros ciudadanos de Oaxaca, llevaron a cabo acciones de resistencia civil, así como marchas multitudinarias. El gobierno
oaxaqueño respondió dándoles un plazo para terminar la huelga y reanudar las clases. El 14 de junio, el gobierno intentó
desalojar el plantón, pero las autoridades estatales fracasaron en dispersar a los trabajadores. El choque violento entre
maestros y policías estatales, agudizaría y marcaría al movimiento, y conduciría a los disidentes a elevar sus demandas al
gobierno federal.
De acuerdo a la información enunciada por la propia APPO, su fundación se inició el 17 de junio, en respuesta a la “brutal
represión” del gobierno para intentar el desalojo. Su composición se basó en la unificación de 365 organizaciones sociales,
representativas de todo el estado, e inclusiva de las 16 etnias de Oaxaca. La Asamblea aglutinó a los diversos movimientos
sociales, políticos, de derechos humanos, ecologistas, estudiantiles, de género, y sindicales de Oaxaca, en “una
organización colectiva de movimiento social, y acordó encausar la exigencia del magisterio democrático oaxaqueño.”
Las consecuencias inmediatas del conflicto entre gobierno y trabajadores de la educación, fueron el recrudecimiento de las
protestas, las marchas realizadas por ambos bandos, la destitución de oficiales del gobierno de Ulises Ruiz, así como la
pérdida de casi la totalidad de los distritos que ocupaba el partido oficial, el PRI, en la elecciones del 2 de julio. Bajo la
estrategia de la APPO, se decidió continuar con el plantón y asimismo se modificaron las demandas originales del pliego
petitorio, incluyendo una nueva: la remoción o la renuncia voluntaria del gobernador, quien ya había sido desconocido por
los miembros de la Sección 22.
A partir del mes de agosto, las acciones de la APPO consistieron en la toma por la fuerza de instalaciones de medios de
comunicación del gobierno, la colocación de retenes y barricadas en las carreteras, y el control de los principales puntos de
entrada a la ciudad. Al mismo tiempo, se comenzaron a producir incidentes en los que se reportaban detonaciones y
disparos en algunos de los sitios tomados, y se llevó a cabo el desalojo de algunas instalaciones ocupadas por las APPO.
Las estaciones de radio y de televisión se usaron para impulsar el movimiento y diseminar información sobre la planeación
de eventos y acerca de acontecimientos suscitados. La ofensiva en contra de la lucha civil en Oaxaca resultó en la muerte
de miembros de la APPO, particularmente en la zona de la Mixteca, en donde varios indígenas de esa región empobrecida
fueron asesinados. La policía estatal respondió con disparos en diversas manifestaciones causando la muerte de varios
militantes.
Para el mes de septiembre, el conflicto magisterial había bien ya trascendido de la esfera local y estatal al ámbito nacional,
y en la medida en que intensificaban los enfrentamientos, las hostilidades obtenían la atención de la prensa mundial. Las
movilizaciones multitudinarias también se trasladaron a la Ciudad de México, efectuándose una marcha, llamada “marcha-
caminata por la dignidad de los pueblos de Oaxaca”, la cual partió el 21 de septiembre de ese estado, y arribó a las
inmediaciones del Senado de la República el 9 de octubre. Los hechos de violencia en Oaxaca continuaron, y ante la
creciente presión por su destitución, el gobernador Ulises Ruiz amenazó a los disidentes con rescindirles su contrato. Por
otra parte, un paro laboral solicitado por la iniciativa privada no tuvo éxito, ante la baja participación del sector comercial.
Después de varios fracasos en las negociaciones entre líderes de la APPO y funcionarios del Gobierno Federal y el de
Oaxaca, el 26 de octubre se logró mediante el diálogo, un acuerdo tentativo entre la APPO y la Sección 22 del SNTE, para
que las clases en las escuelas se reanudaran después de cinco meses de huelga. Dentro del contexto del conflicto, ya
existía un descontento generalizado por la inhabilidad del magisterio para terminar con el paro escolar. Sin embargo, a
causa de la intensidad y del grado de violencia al que se llegó en Oaxaca, el plan de dar inicio a las clases se abortó. El 27
de octubre, el conflicto social ascendería a su índice más violento desde su inicio en el mes de mayo, arrojando el trágico
saldo de cuatro personas asesinadas, entre ellos el reportero y camarógrafo del Centro de Medios Independientes, el
norteamericano Bradley Roland Will, así como un miembro del magisterio, el maestro Emilio Alonso Fabián. Ambos
recibieron impactos de balas. Los hechos ocurrieron en la Colonia Calicanto del Municipio de Santa Lucía del Camino.
La turbadora realidad de la violencia se hizo patente cuando el video captado por el mismo Brad Will - en el cual se grabaron
los acontecimientos previos así como el momento preciso en que es impactado - fuera difundido por la televisión y en
Internet. El tiroteo, atribuido a francotiradores siguiendo órdenes del gobierno de Ulises Ruiz, sucedió en un área en donde
la APPO había colocado una barricada. Después de grabar algunos testimonios, el camarógrafo estadounidense logró
captar escenas en las que se ve aun grupo de hombres disparando. El audio del video registra a Brad previniendo a los
manifestantes acerca de un individuo de camisa blanca que está disparando. Docenas de personas − en su mayoría
jóvenes y adolescentes − caminan por las calles armados con piedras, machetes, palos, tubos, y resorteras, mientras
fuertes disparos de armas de fuego continúan escuchándose.
El reportero de medios independientes siguió a un grupo de jóvenes, algunos con los rostros cubiertos con paliacates y con
mochila sobre sus espaldas, quienes arrojaban piedras en dirección de donde suponía se encontraban los francotiradores,
y al notar que estos entran a una casa, varios de ellos patean y golpean la puerta metálica para abrirla sin lograrlo. Minutos
más tarde, un camión rojo de volteo es manejado en reversa por la calle, el cual es usado para derribar la puerta,
chocándolo contra la casa en donde se cree se parapetaban los francotiradores. Pocos minutos después, se escucha el
grito de dolor de Brad Will cuando es impactado por una bala en la boca del estómago. Su cámara continuó grabando
automáticamente los momentos posteriores al caos que se desata cuando varias personas tratan de ayudarlo, mientras se
continúan oyendo fuertes disparos. La noticia de la muerte del ciudadano estadounidense se propagó internacionalmente,
causando la intervención del Gobierno Federal.
El 29 de octubre, dos días después del tiroteo, la Policía Federal Preventiva (PFP) entró a Oaxaca mediante el uso de
tanquetas antimotines. Abriéndose paso a las entradas de la plaza principal de la ciudad, el Zócalo, los escuadrones
policíacos se posicionaron paulatinamente en las calles y áreas ocupadas por la APPO. Al perder el control de la zona, los
miembros de la Asamblea se replegaron a las instalaciones de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Aunque
el reporte oficial del gobierno informó que el operativo federal para retomar el Zócalo no arrojó muertos, José Luís
Soberanes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, reveló en un reporte inicial que aparentemente
dos personas habían perdido la vida durante el avance de la policía y el repliegue los manifestantes.
La ofensiva de los policías se basó en la utilización de toletes, granadas de gas lacrimógeno, y chorros de agua a presión
disparados desde las tanquetas, mientras que los simpatizantes de la APPO trataban de repeler la avanzada lanzando
bombas molotov y piedras. La remoción de las barricadas abrió el centro de la ciudad, pero causó que miembros de la
APPO procedieran a la quema de autobuses y otros vehículos e inmuebles. El saldo del enfrentamiento fue de varios
heridos en ambos bandos, así como la detención de aproximadamente cincuenta manifestantes. Un sector de la
ciudadanía expresó su aprobación a la intervención de las fuerzas federales.
Hacia mediados del mes de noviembre, informes de la APPO indicaban que como consecuencia de los choques con la
Policía Federal, diecisiete personas habían sido asesinadas, y se había detenido aproximadamente a cuarenta militantes.
Durante ese mes, los choques violentos entre miembros de la APPO y la PFP continuaron, pero el día 29, la operación del
gobierno federal logró retirar los vehículos usados para bloquear las arterias de tránsito y otras barreras que obstaculizaban
puntos de entrada a la ciudad y que limitaban el acceso en instalaciones como las de Radio Universidad. Las autoridades
realizaron también la limpieza de las calles para restaurar el tránsito vehicular y de peatones, y restablecer el orden público.
Semanas antes, durante los días 10, 11, y 12 del mismo mes, la APPO había llevado a cabo su congreso constitutivo,
contando con la asistencia de aproximadamente 600 delegados, para buscar constituir formalmente su organización y
aprobar sus “estatutos, principios, programa y propósitos para asegurar la continuidad de la lucha popular, dar orden y
certidumbre a las actividades del Movimiento Popular Oaxaqueño.” La APPO instó a “defender los espacios de la lucha
política pacífica de masas, espacios que el pueblo de Oaxaca y de México ha conquistado a lo largo de su historia.” (Citas
tomadas de la Convocatoria del Congreso Constitutivo de la APPO.
Meses antes de la entrada de las fuerzas federales, Flavio Sosa Villavicencio, activista oaxaqueño, líder la organización
llamada Nueva Izquierda de Oaxaca, miembro de la APPO, y quien se había involucrado en el conflicto magisterial desde su
comienzo, era ya uno de lo integrantes más visibles del movimiento. Su rostro era plenamente identificado con la dirigencia
de la APPO. A causa de su militancia, su oficina en Oaxaca fue incendiada el 26 de noviembre, al tiempo que su hermano
Eric fue detenido y enviado a una prisión en el estado de Tamaulipas. Tres días después de la toma de protesta del nuevo
presidente Felipe Calderón, el 4 de diciembre, Flavio Sosa se encontraba en la Ciudad de México, a donde había acudido a
dar una conferencia de prensa sobre la represión en Oaxaca. Al salir del Centro Nacional de Comunicación Social, se le
aplicó una orden de detención en su contra acusado de los delitos de robo específico, robo calificado con violencia, daños
dolosos, daños en propiedad ajena, lesiones, secuestro, lesiones calificadas, sedición e incitación a la violencia Junto con
él, fueron arrestados también dos de sus hermanos, Horacio e Ignacio Sosa, así como a Marcelino Coache, otro afiliado de
la APPO.
Flavio Sosa declaró no ser líder principal de la APPO, arguyendo que la dirigencia de la organización consiste de una
liderazgo a nivel miembros, y no en un sólo individuo. El diario “El Universal” de México, había informado que el 30 de
noviembre, cuatro días antes de su arresto, Flavio se había rasurado la barba y escondido su larga cabellera dentro de una
gorra, para tratar de ocultarse y así poder salir de Oaxaca rumbo a la Ciudad de México, para lo cual también se transportó
en diferentes vehículos. Ante el cambio de gobierno efectuado el 1 de diciembre, varios dirigentes de la APPO dieron a
conocer que estaban reiniciando las negociaciones con los nuevos funcionarios de Secretaría de Gobernación. Su
demanda era la misma: exigir la desaparición de poderes, la salida del gobernador Ulises Ruiz Ortiz, y la liberación de los
miembros arrestados de su movimiento.
Después de que las fuerzas federales tomaron el control de la ciudad de Oaxaca, muchos de los daños causados durante
los seis meses se hicieron más evidentes. Vestigios de los incendios, graffiti sobre paredes de edificios gubernamentales
y otras estructuras de valor cultural e histórico, estragos como decenas de autobuses y autos quemados, quedaron como
testimonio del movimiento magisterial. Los edificios del Tribunal Superior de Justicia del Estado y del Poder Judicial
Federal, el famoso Teatro Juárez, y la sede de la Secretaría de Turismo, también habían sido incendiados. Otras estructuras
dañadas fueron las de la Secretaría de Relaciones Exteriores, del Registro Público de la Propiedad, la Facultad de
Sociología de la Universidad, y la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de la entidad. El hotel Camino Real y otras dos
casonas sufrieron por igual daños causados con bombas molotov. Todo lo anterior sin contar el sinnúmero de saqueos a
propiedades públicas y privadas.
Por otro lado, el precio en materia económica que Oaxaca ha pagado por el conflicto magisterial, se vio más reflejado en la
industria del turismo. Se estima que se perdieron grandes cantidades de divisas normalmente generadas por turistas
nacionales e internacionales. El 18 de enero del 2007, el gobierno de los Estados Unidos bajó el nivel de alerta para viajar a
Oaxaca, recomendado a sus ciudadanos “ser cautos”, reemplazando así la advertencia emitida durante el conflicto, de evitar
del todo viajar a ese estado. En materia educativa, más de un millón de estudiantes fueron perjudicados sin recibir
enseñanza por más de medio año. Irónicamente, y a pesar de la percepción del movimiento como lucha del pueblo, un gran
número de padres de familia cuyos hijos asisten a las escuelas públicas, consideraron que se vieron afectados
negativamente por la huelga.
Muchos ciudadanos oaxaqueños no están de acuerdo con las peticiones de los trabajadores de la educación,
argumentando que el gremio de los maestros es uno de los que gozan de más beneficios, mismos que otros empleados
públicos carecen. Estos padres de estudiantes objetan que los docentes exigen aumentos salariales anualmente, más
tiempo de vacaciones, e incrementos a su aguinaldo (gratificación de dinero al fin de año) mientras demandan, a su vez,
menos días trabajo. Muchos padres de familia y algunos maestros jubilados optaron por matricular a sus hijos en escuelas
de otros estados contiguos, o por impartir la educación en casa. Durante el conflicto, padres de familia pertenecientes al
movimiento de la APPO llegaron al extremo de soldar las entradas de las escuelas para impedir que los estudiantes
pudieran regresar a clases. La gran mayoría de las escuelas en Oaxaca fueron reabiertas paulatinamente a mediados del
mes de noviembre; Oaxaca iría recuperando gradualmente la normalidad.
A principios del 2007, la APPO continúa exigiendo la salida de Ulises Ruiz, pero mucho de su activismo se ha centrado en
denunciar las detenciones de muchos de sus dirigentes, así como en demandar la liberación de sus miembros arrestados
durante el conflicto y después de él. Asimismo, la Asamblea efectuó una marcha el 17 de enero, en la cual participaron
activistas de organizaciones de derechos humanos, sociales, indígenas, estudiantiles, así como de miembros de la
Sección 22. La manifestación tuvo el propósito de confirmar que el Consejo Popular seguirá luchando hasta que el
gobernador oaxaqueño sea removido. En un comunicado, la APPO estableció que al final del mitin, tres activistas fueron
detenidos, por lo cual ampliarán sus protestas con el fin que se respeten las garantías individuales y cese la represión que
asegura el gobierno lleva en contra de quienes componen su Asamblea.
La administración de Ulises Ruiz no ha cedido a las demandas originales del pliego petitorio presentado en mayo del 2006,
postura que desencadenó una de las peores crisis del pueblo oaxaqueño, y que dio pie al surgimiento de la Asamblea
Popular de los Pueblos de Oaxaca.
Copyright © 2007 Hispanic Institute of Social Issues
